Antonio y Héctor Cerezo Contreras ya están libres

Pasaron siete años y medio en prisión por una condena injusta, hecha a partir de cargos que jamás fueron comprobados. Pero ya están libres. El pasado 16 de febrero, alrededor de las 13:00 hrs. Antonio y Héctor Cerezo Contreras fueron liberados tras cumplir su condena, pero nunca fueron absueltos.

El ambiente era festivo, ellos estaban abrumados y con una expresión de incredulidad en el rostro. Quienes apoyamos a estos jóvenes encarcelados injustamente por el Estado mexicano creemos que el caso no puede terminar aquí, debemos darle seguimiento pues los malos  tratos y la tortura que sufrieron en su posición de presos políticos tanto en su arresto como en su estancia en prisión no pueden olvidarse.

Comparto con ustedes este comunicado emitido por la Organización Mundial Contra la Tortura sobre este y otros casos de presos políticos en Méxic y les invito a atender las solicitudes de acción:

*MEX 101002.1*

*Seguimiento Caso MEX 101002*

*Liberaciones / Alegaciones de malos tratos y tortura*

Ginebra, 17 de febrero de 2009

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) ha recibido nuevas informaciones respecto a la siguiente situación en México:

*Nuevas informaciones*

El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por fuentes
fiables, entre ellas Antenna Internacional, organización miembro de la red
SOS-Tortura de la OMCT, sobre la liberación de los Sres. Antonio Cerezo
Contreras y Héctor Cerezo Contreras, conocidos como los hermanos Cerezo, quienes habían sido detenidos en agosto de 2001 y se encontraban en el penal de Atlacholoaya, al sur del estado de Morelos, luego de haber estado recluidos en los penales federales de La Palma en Almoloya de Juárez, Estado de México; Puente Grande, Jalisco, y de Matamoros, Taumaulipas.

De acuerdo con las informaciones, el 16 de febrero de 2009 hacia las 13h00
quedaron en libertad los Sres. Antonio Cerezo Contreras y Héctor Cerezo
Contreras luego de cumplir una sentencia, según las denuncias injusta, de
siete años y seis meses de prisión.

La OMCT recuerda que el 13 de agosto de 2001 fueron detenidos los Sres.
Antonio Cerezo Contreras y Héctor Cerezo Contreras junto con el Sr. Alejandro Cerezo Contreras, otro de sus hermanos, el Sr. Pablo Alvarado Flórez y el Sr. Sergio Galicia Max, en Ciudad de México. Los detenidos fueron acusados de pertenecer a un grupo subversivo y de ser los presuntos responsables de la colocación de explosivos contra tres sucursales bancarias del Distrito Federal, en hechos ocurridos cinco días antes de su detención.

Se ha denunciado que durante los arrestos y detenciones de los Sres. Antonio Cerezo Contreras, Héctor Cerezo Contreras, Alejandro Cerezo Contreras, Pablo Alvarado Flórez y Sergio Galicia Max se habrían presentado varias irregularidades: detención y retención ilegal, malos tratos, torturas y detención en incomunicación. Los detenidos fueron trasladados días después al penal de máxima seguridad de “La Palma” en el Estado de México, acusados de ser terroristas y de pertenecer a las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FARP), acusaciones que han sido desmentidas permanente y públicamente.

Según las informaciones el Sr. Sergio Galicia Max fue liberado algunos meses después.

Posteriormente, el 26 de abril de 2004, se interpuso un amparo directo,
última instancia judicial para lograr la libertad de las cuatro personas que
permanecían detenidas, la cual se resolvió el 27 de febrero del 2005
dictaminando la libertad absolutoria del Sr. Alejandro Cerezo Contreras y la
reducción de las otras penas de la siguiente manera: 7 años y seis meses de
cárcel para los Sres. Antonio Cerezo Contreras y Héctor Cerezo Contreras y,
5 años de prisión para el Sr. Pablo Alvarado Flórez.

El Sr. Pablo Alvarado Flórez fue liberado el 13 de agosto de 2006 tras
cumplir una condena de 5 años de prisión. En una rueda de prensa posterior a su liberación, el Sr. Pablo Alvarado Flórez, denunció que durante su aprehensión y reclusión fue objeto de constantes torturas por parte de agentes estatales.

El Secretariado Internacional de la OMCT al manifestar su complacencia por las liberaciones de los dos hermanos Cerezo Contreras continúa manifestando su preocupación por la situación legal y por la seguridad y la integridad personal de las personas que continúan detenidas en México consecuentemente a sentencias dictadas durante juicios injustos.

*Antecedentes de la situación1*

La OMCT había sido informada en el mes de octubre de 2002, sobre la seria
preocupación por la salud y por la integridad física y psicológica de 27
prisioneros políticos y de conciencia, además de otros presos del fuero
común, que adelantaban una huelga de hambre, desde el 25 de septiembre del 2002, en los estados de Oaxaca, México, Baja California y Sonora.

Según las informaciones las demandas de los huelguistas eran el dictamen de las iniciativas de Ley de Amnistía para todos los presos políticos y de
conciencia del país, así como que se dictara una sentencia absolutoria para
los hermanos Cerezo Contreras, para el Sr. Pablo Alvarado y para los demás
presos que se encontraban en esos momentos en espera de su sentencia.

Hasta el momento de emitir este seguimiento, la OMCT no ha recibido mayores informaciones sobre la situación actual de los detenidos que aparecen en la lista de los detenidos en huelga de hambre durante los hechos anteriormente referidos. La lista de los huelguistas era la siguiente:

-En el estado de Oaxaca: Etla: Zacarías Pascual García López; Álvaro
Sebastián Ramírez; Eusebio Santiago Felipe. Ixcotel: Mario Ambrosio
Martínez; Delfino Matías Juárez; Gregorio Ambrosio Antonio; Eleuterio
Hernández García; Justino Hernández José; Agustín Luna Valencia; Ricardo
Martínez Enríquez;  Estanislao Martínez Santiago; Fortino Enríquez Hernández; Urbano Ruiz Cruz;  Juan Días Gómez; Oscar Almaraz Juárez; Abraham García Ramírez; Cirilo Ambrosio Antonio.

– En el Estado de México: Neza-Bordo: Santiago Sánchez Silvestre; Juan
García Cruz.  La Palma: Alejandro Cerezo Contreras; Héctor Cerezo
Contreras; Antonio Cerezo Contreras; Pablo Alvarado Flores; Sergio Bautista Martínez; José Luis López García.

– En el estado de Baja California Norte: Ensenada:  1 preso de
conciencia  y  siete presos del fuero común en apoyo a los presos de
conciencia (cuyos nombres no fueron informados en ese momento).

– En el Estado de Sonora: Beatriz Chávez Paredes.

*Acción solicitada*

Favor escribir a las autoridades de México urgiéndolas a:

i.                     tomar todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Antonio Cerezo
Contreras, Héctor Cerezo Contreras, Alejandro Cerezo Contreras, Pablo
Alvarado Flórez y Sergio Galicia Max, así como de todos los miembros de sus respectivas familias;

ii.                   llevar a cabo una investigación inmediata, completa,
independiente, efectiva e imparcial en torno a las alegaciones de malos
tratos y tortura infligidos contra los Sres. Antonio Cerezo Contreras,
Héctor Cerezo Contreras, Alejandro Cerezo Contreras, Pablo Alvarado Flórez y Sergio Galicia Max durante su arresto y en detención, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente,
independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o
administrativas previstas por la ley, además de que las conclusiones de esta
investigación sean publicadas;

iii.                  garantizar una adecuada reparación a los Sres. Antonio
Cerezo Contreras, Héctor Cerezo Contreras, Alejandro Cerezo Contreras, Pablo Alvarado Flórez y Sergio Galicia Max;

iv.                 garantizar en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las
leyes internacionales sobre Derechos Humanos, en particular con las
disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Contra la
Tortura, instrumentos ratificados por México.

*Direcciones***

·         Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra,
16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08
E-mail: mission.mexico@ties.itu.int;

·         <mission.mexico@ties.itu.int>Señor Presidente Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: +52 5527891100 FAX: +52 55527 72 376  + 52 55 27 89 11 13 E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

   – Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de
   Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414 E-mail: secretario@segob.gob.mx

   – Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y   defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx
   – Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional
   de Derechos Humanos.
E-mail: correo@cndh.org.mx

   – Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en
   las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo   de Europa 94 Avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. FAX: +32 2   644 08 19. Tel. + 32 2 629 07 77
E-mail:  embamex@embamex.eu

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

Ginebra, 17 de febrero de 2009

Agradeceremos informarnos de toda acción emprendida, indicando el código del
presente llamado en su respuesta.

Presunto culpable: ojos críticos sobre el sistema judicial mexicano

¿Cuántas veces usted ha salido del cine llorando?, ¿cuántos corajes hace diariamente frente al televisor cuando las y los villanos de las telenovelas le hacen la vida imposible a las y los protagonistas angelicales de los culebrones? Pues le tengo una noticia: uno también se puede sentar en una butaca y sentir que un nudo en la garganta le impide pasar las palomitas, también se puede reir en medio de un humor involuntario y salir llorando por el coraje y la emoción que la sórdida realidad de un país como México puede provocar.

Así salí del cine el  viernes pasado, cuando acudí al llamado de Canana Films y su gira Ambulante 2009. La invitación era irresistible, y no porque la hubieran hecho Diego Luna y Gael García Bernal, sino porque era la oportunidad de ver de cerca, de poner mis ojos sobre el sistema judicial mexicano.

Así llegué para ver el documental Presunto Culpable, realizado por Roberto Hernández -un abogado que encontró en las cámaras herramientas invaluables para la denuncia y el cambio- que fue estrenado en Amsterdam y pronto será presentado en la muestra de cine de Guadalajara.

Presunto Culpable es la historia de Toño, un joven que se dedicaba a trabajar y baliar breakdance en su barrio, uno de los tantos barrios pobres de Iztapalapa, en la ciudad de México. Su vida era simple, estaba enamorado y disfrutaba su  baile, su música hasta que un día tuvo la mala suerte de ser elegido por la policía judicial para “ser culpable” de un homicidio.

Estamos hablando de una persona que perdió dos años de su vida tras las rejas, y el registro y análisis de todas la irregularidades del caso convierte a este documental es un verdadero ejemplo de cómo el derecho a un debido proceso puede ser la mayor utopía en este país. Esto es una muestra de cómo es interpretada la “flagrancia equiparada” en el Distrito Federal (aunque la Constitución mexicana ya no la reconoce): ¿se puede ser encontrado en flagrancia dos días después del crimen que se imputa? … no cabe duda que en el país del realismo mágico el  tiempo es más que relativo ¿verdad señores jueces?

Si quiere ver este documental, consulte la programación de la gira Ambulante 2009 en www.ambulante.com.mx y para tener un panorama más amplio sobre la película, la historia y el autor, les invito a leer este magnífico trabajo periodístico publicado en la revista Emeequis :

http://xml.m-x.com.mx/pdf/158/24.pdf

Saludos desde algún lugar de la red…

Elizabeth Palacios.

Tolerancia y respeto: el clamor de la juventud

Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu) decía que una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras y está condenada a desangrarse. Pero hoy, las y los jóvenes siguen siendo objeto de represión, indiferencia o, peor aún, de intolerancia. Se sienten aislados del mundo adulto y por ello buscan construir mundos propios. Nada de eso parece importarle a nadie.

 

Las y los adolescentes construyen su identidad día a día, para ello necesitan sentir que pertenecen a algo. La sociedad debería tener un lugar para ellas y ellos, pero no es así, la cultura socialmente aceptada los rechaza y es momento de construir culturas propias, también llamadas subculturas.

            Así surgen grupos conocidos como tribus urbanas, aunque para Jorge Ronderos Valderrama, sociólogo y docente de la Universidad de Caldas ubicada en Manizales, Colombia el término no es el más adecuado pues tiene un sentido peyorativo y no reconoce que estos grupos juveniles corresponden a un proceso evolutivo de la sociedad, que se adopta con nuevas identidades y diferencias.

Las y los jóvenes que se identifican con dichos grupos son constantemente estereotipados, señalados, discriminados y hasta criminalizados por las personas adultas. Lo lamentable es que la intolerancia se reproduce también entre ellos provocando disputas y violencia, como ocurrió en el mes de marzo en Querétaro y en el Distrito Federal.

 

 

La tecnología al servicio de la intolerancia

 

El ciberespacio se ha convertido en la principal arena de lucha para los grupos juveniles donde, además de dirimir sus disputas, incurren en actos de xenofobia y de discriminación. Protegidos por el anonimato y la velocidad, las y los jóvenes difunden videos y textos que invitan a exterminar a miembros de otros grupos con los que se tiene rivalidad, sobre todo en contra de las y los emos que son las personas más agredidas en estas batallas promovidas por la red. Se les acusa de copiar otros estilos y se les rechaza por la sensibilidad y emotividad que les caracteriza, así como por supuestos intentos suicidas y constantes auto heridas que muestran con orgullo. Llama la atención su necesidad afectiva y el modelo de familia sustituta que construyen entre el grupo, el contacto físico es importante para ellos y ellas, por lo que otro factor de rechazo es que las otras tribus las y los consideran homosexuales.

De acuerdo con el vicepresidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), Agustín Ríos, la incitación a la violencia en contra de una persona o grupo social y la discriminación son ilícitos que se pueden sancionar mediante una denuncia. Sin embargo, cuando estas acciones se realizan a través de Internet resulta complejo detectar al probable responsable. La Policía Cibernética, de la Policía Federal Preventiva (pfp), tiene facultades de carácter preventivo, lo cual la limita para actuar como ente jurídico, y sólo podría coadyuvar si es requerida en el proceso de investigación del Ministerio Público al que un individuo recurra para iniciar una querella.[1]

Así, respaldadas por el anonimato que brinda internet, hay personas que promueven la violencia y la intolerancia entre las y los jóvenes. Algunos miembros de los grupos juveniles niegan que en realidad existan confrontaciones por territorios e incluso dicen aceptar las diferentes ideologías y que lo único que no se tolera es la discriminación,[2] lamentablemente los hechos demuestran que no todos piensan lo mismo.

 

 

Enfrentamientos en México

 

El movimiento Emo está ya en toda América Latina, y las agresiones en su contra también, por lo que México no ha sido la excepción. El 8 de marzo del presente año los medios de comunicación dieron la noticia: “Integrantes de tribus urbanas atacan a jóvenes emo en Querétaro”. Darks, punks y skatos fueron los agresores, convocados a través de internet y volantes distribuidos en las escuelas. Buscaban impedir que las y los emos se reunieran en la Plaza de Armas. Intervino la policía y detuvo a 22 personas menores de edad. Los medios se dedicaron a reiterar que esto era un hecho inédito, dado que dicha ciudad siempre se ha distinguido por su tranquilidad y paz. Sobrevino el rechazo social.[3]

            Posteriormente la violencia por intolerancia entre grupos juveniles se repitió, esta vez en la ciudad de México. El 13 de marzo, un cibernauta de la página <www.larevo.org> convocó a un “ataque masivo” en la Glorieta de Insurgentes, ubicada en el centro de la ciudad de México. La cita fue el 15 de marzo y nuevamente hubo enfrentamientos violentos. El 21 de marzo hubo una nueva convocatoria para expulsar a las y los emos de la Glorieta de Insurgentes que participaban en una reunión con autoridades gubernamentales. En esa ocasión no hubo violencia, gracias a la implementación de un operativo policiaco, y se logró comprometer a los grupos para la firma de un pacto de no agresión, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf).

Días después dicho pacto fue roto ya que adolescentes emos quisieron ingresar al Tianguis del Chopo, un sitio considerado territorio por grupos como punks, darks y skatos, y nuevamente surgió una trifulca. Lo irónico es que esta disputa, que duró aproximadamente 20 minutos, ocurrió en medio de una marcha por el respeto y la tolerancia, también convocada por internet.[4]

Ante la violencia y la intolerancia, la cdhdf se pronunció por el respeto a las distintas identidades juveniles e incitó al Estado a contribuir para detener las espirales de violencia. Su presidente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que se debe reconocer el derecho a la identidad a partir de ser joven, evitando actitudes discriminatorias al considerarlos parte de la solución y no como un problema.

 

 

Comprender para respetar

 

La Organización de las Naciones Unidas define la tolerancia como el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Afirma que la tolerancia consiste en la armonía en la diferencia, que no sólo es un deber moral, sino una exigencia política y jurídica. Es decir, que todas las personas tenemos el derecho de ser como decidamos y expresarlo sin por ello ser discriminadas o agredidas, incluyendo a las y los jóvenes.

En la práctica, la tolerancia y el respeto para los diversos valores y expresiones culturales de las y los jóvenes están lejos de ser una realidad. Constantemente sufren agresiones y son discriminados por su forma de vestir, su peinado, su música y sus hábitos. Lo cierto es que el fenómeno de las tribus urbanas surge como una de las principales metáforas contrarias al individualismo imperante, sobre todo impuesto por el mundo adultocéntrico y presente en el seno de la familia contemporánea.

Es por ello que, como un recurso, como una reacción al anonimato y la despersonalización de las relaciones sociales inherentes al sistema y la sociedad en curso, las y los jóvenes responden con la tribalización, con apego a los viejos mecanismos de identificación de los que pueblan un territorio común, con códigos éticos y sociales propios, ajenos al sentido de la funcionalidad característica de las sociedades industrializadas, con fisicalidad proveniente del encuentro y a veces, también, de la agresión de los cuerpos, con emocionalidad desarrollada en el encuentro cercano, inmediato, festivo,  con otros que, como él o ella, recorren la ciudad en busca de sus pares, de sus iguales, de los que son parte del mismo clan, de la misma tribu de pertenencia simbólica.[5]

María José Hooft, autora del libro Tribus Urbanas: una guía para entender las subculturas juveniles de la actualidad y profesora en el Instituto Bíblico Río de la Plata, en Argentina, afirma que la mayoría de las y los chicos que forman parte de una subcultura juvenil no son violentos, ni vagos, muchos de ellos y ellas estudian o trabajan, y tienen padres que se ocupan de ellos. La académica asegura que actualmente una gran cantidad de jóvenes en América Latina viven en medio de incertidumbre e inseguridad lo que motiva esta búsqueda intensa de pertenencia e identidad grupal para enfrentar las crisis.

Por su parte, la antropóloga argentina Mariana Chávez propone trascender las interpretaciones mediáticas y observar estas subculturas juveniles sin prejuicios, intentar ver más allá de la violencia o las actitudes contestatarias, tratar de entender que las peleas entre grupos de jóvenes por la ocupación de un espacio público pueden estar indicando algo más que sólo diferencias estéticas. Asegura que el fenómeno debe abordarse fundamentalmente desde un esfuerzo para comprender al otro, desde un análisis de sus consumos, pero también desde sus prácticas, producciones y acciones, sin subestimarlas.[6]

La próxima vez que en el Metro, en la calle, en el parque o en donde sea, vea a una persona joven vestida en forma distinta, que se expresa a su manera, no piense que “son vagos”, que “deberían hacer algo bueno”, no juzgue ni etiquete, no tenga miedo. Las y los jóvenes tienen derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la no discriminación y, por supuesto, a vivir una vida libre de violencia. Necesitan espacios de pertenencia para construir su identidad. Para que este sector de la población pueda ejercer plenamente sus derechos humanos la lucha contra el estigma es fundamental y así, como afirmaba Quino, tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.

 


* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Periodistas por la Seguridad Ciudadana y la Equidad.

[1] “Luchan tribus urbanas en el ciberespacio” en Tabasco Hoy, 25 de marzo de 2008. Véase <www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=152282>. Página consultada el 20 de octubre de 2008.

[2] “Infiltrados quienes portaban playeras anti-emo; dice dark” en La Jornada, 31 de marzo de 2008. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=sociedad&article=043n1soc>, página consultada el 20 de octubre de 2008.

[3] “Integrantes de tribus urbanas atacan a jóvenes emo en Querétaro” en La Jornada, 9 de marzo de 2008, México. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=estados&article=031n1est>, página consultada el 1 de octubre de 2008.

[4] “La tolerancia de tribus urbanas sólo fuera de sus territorios; impiden a emos pasar al Chopo” en La Jornada, 30 de marzo de 2008. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/30/index.php?section=capital&article=029n1cap>.

[5] Juan Claudio Silva, “Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad” en Última década, núm. 17, septiembre de 2002, Centro de investigación y difusión poblacional de Achupallas, Villa del Mar, Chile. Véase: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19501705.pdf&gt;, página consultada el 1 de octubre de 2008.

[6] “De la tribu a la comunidad: jóvenes en banda” en Diario Hoy, 15 de septiembre de 2008, Argentina. Véase < http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268583118/pael/De-la-tribu-a-la-comunidad:-j%F3venes-en-banda/?1024&gt;, página consultada el 1 de octubre de 2008.

Justicia en lengua indígena: deuda histórica

 

La sociedad mestiza tiene muchas deudas con la población indígena[1] desde hace siglos, pero en materia de justicia, una de las más graves es la falta de comprensión de su cultura y, sobre todo, de su idioma. La posibilidad de que los más de 10 mil indígenas presos en las cárceles de todo el país tengan un proceso justo se encuentra aún lejana. Acusados de delitos como homicidio y robo, del fuero común, y tráfico de drogas y secuestro, en el federal, ingresan a prisión sin conocer el motivo por el que son encarcelados ni entender las acusaciones en su contra.

Esta falta de procesos justos se agudiza en las grandes ciudades, donde esta garantía se viola constantemente. Contar, por ejemplo, con defensoras o defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propio idioma, presentar como dictámenes culturales y lingüísticos medios de defensa, son disposiciones legales establecidas en México hace 15 años, que apenas comienzan a aplicarse.

 

En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que realizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), se señala que es en el campo de la procuración y administración de la justicia donde se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación y abusos. En dicho informe se indica que muchos indígenas indiciados se encuentran desamparados ante los agentes del ministerio público o jueces por no hablar o entender el español y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ese derecho.

La ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, así como el grado de comprensión y la capacidad de expresión en español de las personas indígenas influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa cuando enfrentan un proceso por haber cometido un delito; por ello, en diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual obliga a las autoridades y juzgados penales para contar con traductores en casos donde estén involucradas personas que hablen alguna lengua indígena.

A partir de dicha reforma legislativa, el Instituto Federal de Defensoría Pública deberá actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan. Para ello ha celebrado convenios de colaboración con instituciones que coadyuven en la obtención de esos fines y deberá promover la formación tanto de defensores(as) públicos(as) como de asesores(as) jurídicos(as) bilingües indígenas[2].

Meses antes, el Gobierno del Distrito Federal (gdf) se dio a la tarea de revisar alrededor de 500 expedientes de personas indígenas presas en reclusorios de la ciudad de México. A raíz de esto, salieron a la luz diversos errores, omisiones y absurdos del sistema de impartición de justicia gracias a los cuales decenas de indígenas han perdido la libertad y, en algunos casos, la vida. De acuerdo con los resultados de la revisión general de los expedientes, en al menos 30% de los casos, las personas indígenas no contaron con la asistencia de una o un traductor.

Pero, desde el 22 de junio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (tsjdf) firmaron un acuerdo de conciliación, con el propósito de garantizar la protección a los indígenas sujetos a proceso.

Dicha conciliación establece, entre otros asuntos, que el tsjdf realizará las medidas necesarias para cumplir los preceptos constitucionales y convenios internacionales que den sustento a la protección de las personas indígenas sujetas a proceso. Además, en casos en los que los procesados sean indígenas y exista duda sobre su edad, se aplique a su favor la presunción de minoría de edad. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración para la asistencia de traductores(as) de lenguas indígenas y peritos prácticos culturales en que la autoridad jurisdiccional requiera traducción e información sobre la cultura y los sistemas normativos de un procesado indígena.[3]

El Código Penal para el Distrito Federal establece en el artículo 72, fracción v, que al momento de individualizar las penas se deben considerar factores como la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Si la o el procesado pertenece a un pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres.

La aplicación de una justicia ordinaria sin perspectiva cultural y ciega a la diferencia resulta atentatoria para la identidad indígena y sus conductas culturalmente determinadas. El debido proceso para las personas indígenas en el Distrito Federal se ha dirigido fundamentalmente a tratar de garantizar el derecho a un(a) traductor(a) cuando no se hable suficientemente el castellano y a considerar la diferencia cultural en el momento de la individualización de la pena. Normativamente, apenas se tratan de garantizar estos derechos en etapas muy concretas del proceso y no desde el inicio de la averiguación.

En la práctica, hasta ahora, los avances son muy limitados ya que no se han cumplido a cabalidad estas disposiciones y siguen sin atenderse partes medulares de la procuración e impartición de justicia.

Aun cuando existen ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales que protegen los derechos de las y los indígenas, hay quienes se sienten discriminados al ser objeto de un juicio que no logran entender a cabalidad y al no poder contar con una o un abogado que atienda especialmente su problema.

 

 

Traductores sin reconocimiento ni certificación

 

La falta de certificación de las y los traductores de lenguas indígenas significa un problema en juzgados y oficinas de atención ciudadana del país, y aunque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) realiza reuniones con académicos, especialistas y funcionarios públicos para solucionar este problema, todavía no hay grandes avances. Además, las y los pocos traductores que hay no cuentan con capacitación ni respaldo legal que garantice, en muchos de los casos, ni siquiera su pago.

De acuerdo con el Inali, no se cuenta con un padrón o censo de traductores e intérpretes en México ya que su número es fluctuante al ser personas que están generalmente en las comunidades indígenas.

La institución pretende brindar la certificación a estas personas para que cuenten con documentos que respalden su actividad y así tengan una remuneración adecuada y un reconocimiento en el sistema de administración y procuración de justicia.

Enrique Nava López, director del Inali, considera que lo importante es consolidar la idea de que se garantice la responsabilidad del gobierno de tener a una o un intérprete o traductor certificado en los procesos judiciales para las personas indígenas.[4]

 

 

Lo que dicen las leyes

 

El 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidad indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Según los artículos 3°, 7° inciso a), 9°, 13 fracciones xi y xii y 25 de la referida Ley, las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, las cuales serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública; reconociendo que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante.

Por otro lado, los artículos 5° y 10 de la misma Ley señalan que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, asegurando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la legua indígena nacional de que sean hablantes, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

        En ese mismo año, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), en su acuerdo A/010/03,[5] instruyó a sus agentes del Ministerio Público para que cuando integren averiguaciones previas en las que se encuentre relacionada alguna persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o no hable o entienda suficientemente el idioma castellano o cuando el indígena así lo pida, realicen las diligencias necesarias a efecto de que se le hagan saber, en el menor tiempo posible, los derechos que en su favor consagran las normas constitucionales y legales. Asimismo, se informa que deberán identificar la lengua del hablante y en consecuencia, contactar y pedir los servicios de la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A. C

A pesar de todo ello, cientos de indígenas siguen presos sin haber contado con un juicio adecuado a sus especificidades culturales. Benedicto Ayala, presidente fundador de dicha organización, considera que frecuentemente, no se consigna la pertenecía del sujeto a un pueblo indígena. Esto ocurre muchas veces porque, al ser interrogado, niega su identidad y con ello la oportunidad de que se contemplen y validen sus derechos. Sin embargo, aunque la creencia general es que dicha identidad es negada por miedo a la discriminación, Ayala considera que más bien se debe al desconocimiento del español y de los conceptos que son utilizados, a la par de los tecnicismos jurídicos. El traductor aclara que comprender algo de castellano no significa entenderlo completamente, menos aún en una situación contextual tan cargada de formalismos y tecnicismos.[6]

Las consecuencias que esta negación involuntaria ocasiona son predecibles. No se le proporciona un abogado que alegue las condicionantes culturales de los hechos en que se ve involucrado, no se promueven estudios periciales que den cuenta de las prácticas comunitarias y no se le proporciona traductor por considerar que habla suficientemente bien el castellano. Por todo ello resulta básico que la autoridad aplique los métodos y formule las preguntas necesarias para que las personas indígenas puedan hacer valer su derecho de autorreconocimiento.

Pero no basta con tener un cuerpo de traductores que además resulta insuficiente, ya que sólo se cuenta con hablantes de 33 lenguas indígenas sino que se requiere de la promoción de los usos y costumbres para que jueces, ministerios públicos y todas las personas involucradas valoren y determinen justamente. La organización cuenta actualmente con 247 traductores, además de 12 peritos culturales, que son aquellos que enseñan al juez sobre las costumbres de cada pueblo.[7]

Y es que, pese a estos esfuerzos, existe la práctica nociva de que sólo se procuran los traductores para personas indígenas monolingües o cuando existe una dificultad evidente de comunicación por parte del Ministerio Público, es decir, se constituye más bien en una prerrogativa para la autoridad en lugar de un derecho de la persona indiciada.

Nuestra Carta Magna no pone esta condicionante, pues en su artículo 2°, apartado B, fracción viii establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Además, por lo que toca al indígena en su calidad de víctima o denunciante, el derecho al traductor es todavía menos operante.

Ante dicha realidad, es necesario que el derecho al traductor y a la defensa que considera los factores culturales se haga valer desde el inicio de la averiguación y, en todo momento, de manera universal para cualquier persona indígena, tanto en su calidad de probable responsable como de víctima del delito, y no sólo a aquellas que por su capacidad de comprensión, apoyo de la defensa o buena voluntad del Ministerio Público logren reclamarlo. Para ello se requiere de una política consistente en esta materia y no solamente de normas aisladas, a fin de ir materializar las garantías procesales y constitucionales ya señaladas.

Frente a las condiciones de desigualdad, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar situaciones de diferencia que impiden el desarrollo del ser humano, sin embargo, en la actualidad se mantiene el reto para la defensoría pública de superar la inequidad que padecen las personas indígenas cuando enfrentan un proceso.

La colaboración de diversas instancias es necesaria para atender esta situación ya que, el acceso a la jurisdicción del Estado, con respeto pleno a la diferencia cultural, es un derecho reconocido constitucionalmente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

 

 

 


* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf.

[1] En México 12.7% de la población nacional es indígena. Existen 62 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades urbanas o locales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.

[2] “Contarán con traductores indígenas juzgados penales”, en El Universal, México, 12 de diciembre de 2007. Véase: <www.eluniversal.com.mx/notas/467500.html>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[3] Véase: <www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol6004>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[4] Véase en internet: <http://www.magisterio.com.mx/archivo/2006/enero/htm/p4_traductores.htm&gt;. Página consultada el 28 de junio de 2008.

[5] Véase en internet:  <http://www.pgjdf.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/2003/A-010-03.asp&gt;. Página consultada el 26 de junio de 2008.

[6] Informe especial sobre los derechos de las comunidades indígenas residentes en la ciudad de México 2006-2007, cdhdf, México, 2007, pp. 64-70.

[7] “Falla la traducción para reos indígenas” en Reforma, 17 de junio de 2007. Vease en internet: <www.reforma.com>. Página consultada el 1 de julio de 2008.

Presos políticos en América Latina*

 

Pasan los días entre gruesos muros que les aíslan del exterior. Algunas de estas personas están en la cárcel o en campos de trabajo forzado desde hace años, únicamente por haber expresado ideas o por haber organizado actividades pacíficas que no eran del agrado de los gobernantes de su país. Son presos(as) de conciencia.

La prisión política no es cosa del pasado ni exclusiva de gobiernos dictatoriales. La humanidad se sigue negando a aprender de su propia historia, prueba de ello es que todavía en muchos países del mundo existe un escenario de impunidad que ha permitido que miles de personas purguen condenas debido a que sus religiones, ideologías u opiniones políticas se contraponen a los intereses de gobiernos y Estados.

 

 

La represión hacia el pueblo mapuche en Chile

 

En diciembre de 2001, quedaron reducidas a cenizas 100 hectáreas de una plantación de pinos del predio Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile. Para juzgar éste y otros casos, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue modificada en democracia.[1] Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

Los condenados por este caso, recluidos en la prisión de Algol, siempre se han declarado inocentes de los cargos. Tan solo entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 indígenas mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos fueron detenidos golpeados y maltratados en manifestaciones. En 2006 algunos de los indígenas mapuches todavía presos iniciaron una huelga de hambre,[2] en esa ocasión terminaron el ayuno esperanzados en la aprobación de un proyecto de ley presentado por parlamentarios oficialistas que abría la posibilidad de que fueran liberados, pues modificaba un decreto de libertad condicional. Esa alternativa, después rechazada por el parlamento, surgió luego de una fuerte campaña de sensibilización nacional e internacional.[3]

Con el gobierno de Michelle Bachelet la represión se mantuvo, aunque ya no se aplicó la ley antiterrorista.

En marzo de 2007 fueron liberados el lonko Pascual Pichun, Víctor Ancalef y Aniceto Norín lo que provocó una reacción positiva y esperanzadora entre la sociedad civil.[4] Tres meses más tarde, en el marco de su primera visita de Estado a Suiza, Bachelet aseguró ante los medios que los presos mapuches no eran presos políticos pues intentaron resolver las cosas mediante una forma que “no es democrática ni pacífica” asegurando que cometieron delitos e incendiaron propiedades.

Tales declaraciones tuvieron reacciones adversas al gobierno chileno, tanto en el extranjero como al interior del país donde diversos organismos afirmaron que las palabras de la presidenta revestían mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[5]

Para octubre de 2007 en Chile existían 18 presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol, El Manzano de Concepción y en la de Alta Seguridad de Santiago, según datos de diversas organizaciones civiles.[6] Sin embargo, el pasado mes de noviembre la prensa chilena publicó que la Corte de Apelaciones de Temuco negó el beneficio de libertad condicional a Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia, condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol políticamente, aplicándoles la ley antiterrorista y obligándoles a cumplir una condena de 10 años y un día.[7] Después de eso las y los presos denunciaron tortura y tratos inhumanos y degradantes en su contra en la cárcel de Angol.[8]

El movimiento mapuche ha logrado sortear los embates de la criminalización a través de la movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio en la política indígena y la profundización de la democracia, pero su lucha continúa.[9]

 

 

Venezuela: más de 200 perseguidos y presos políticos

 

En Venezuela hay más de 200 perseguidos y presos políticos por diversas causas, algunos de ellos sin tener el conocimiento de que se les sigue o se les vaya a seguir el “debido proceso” y otros viviendo en condiciones muy precarias, vejatorias de sus derechos humanos.

Desde hace cinco años, los presos políticos venezolanos han vivido: innumerables audiencias aplazadas por cualquier causa ajena a la voluntad de hacer justicia; traslados de los casos de una jurisdicción a otra; encarcelamiento en penales para presos comunes; condenas injustas a decenas de años de cárcel por crímenes que no han cometido, sin ni siquiera considerar una revisión.[10]

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de los presos políticos venezolanos. Este informe será llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con el objetivo de abrir un juicio contra el gobierno del presidente Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad.

Escarrá explicó, en entrevista concedida a la agencia efe en enero pasado, que se retiene a los presos en la cárcel excediendo los plazos legales de permanencia en prisión preventiva que deberían ser de dos años y los mantienen presos entre cuatro y seis.

Cabe destacar que el presidente Chávez firmó un indulto en 2008 para 36 venezolanos que están cumpliendo condena por “distintas razones”, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, la mayoría de los indultados estaban en su casa con prohibición de salida del país y algunos permanecían en prisión por cometer un delito político. Quedando un grupo de presos políticos fuera de esta Ley, como fue el caso de los comisarios Iván Somonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (que llevan cuatro años detenidos), el estudiante Nixon Moreno, el periodista Leocenis García y los generales Rafael Rodríguez y Felipe Rodríguez, el joven Gustavo Arraiz, un empresario que lleva 20 meses detenido luego que fue apresado en Panamá, por orden del presidente Chávez, y llevado a Venezuela sin que mediara procedimiento policial o de extradición.[11]

 

 

Cuba: 220 presos políticos

 

La revolución socialista cumplió 50 años en enero de 2009. Ha sobrevivido a la caída del bloque socialista, de las invasiones, crisis bélicas y económicas, y a la sucesión de su líder Fidel Castro. Los logros más relevantes son en salud y educación. Sin embargo, la falta de libertades es criticada y hoy existen en la isla 220 presos políticos.[12]

Oficialmente en el Estado cubano hay 207 presos políticos, reconocidos por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional. Más de 20% de ellos son periodistas, lo que coloca al régimen como uno de los que mantienen en prisión más periodistas por el mero ejercicio de su profesión. En Cuba se ha encarcelado a personas que intentan expresar puntos de vista distintos a la ideología oficial, que asisten a reuniones no auspiciadas por el gobierno, o que crean organizaciones independientes. Los presos políticos son situados en cárceles alejadas de sus ciudades de origen (hasta 700 km), obligando a las familias a desplazarse largas distancias en un país donde el transporte está en crisis y viajar es un problema.[13]

 

 

Cubanos presos en Estados Unidos: la otra cara de la moneda

 

En 1998 cinco funcionarios del gobierno cubano fueron detenidos en Miami para ser juzgados por espionaje. En 2005 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta resolvió que el juicio celebrado en Miami en contra de estas personas era improcedente.

Una vez que fue condenado el juicio de Miami por el panel de los tres jueces, los cinco funcionarios deberían estar libres, pero continuaron presos; no pueden ver fácilmente a sus abogados; se convierte en tragedia cada vez que se solicita visa para que sus familiares los visiten. El suplicio lleva más de 10 años.

Su defensa exige que se les reconozca como presos políticos, asegurando que no son espías. Aseguran que los cinco están pagando el precio de todo lo que el Estado norteamericano ha querido hacerle a Fidel Castro y que no ha podido.[14]

En diciembre de 2008 Raúl Castro, presidente de Cuba, dijo que podría liberar presos como un “gesto” para abrir un diálogo con el mandatario de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, quien es el primer presidente norteamericano dispuesto a conversar con las autoridades de la isla, resaltó la agencia Reuters. Castro dijo que Cuba estaría dispuesta a liberar disidentes si Estados Unidos excarcela a estos cinco agentes suyos.

Sin embargo, Washington pidió a Cuba que liberara “de inmediato” a los disidentes políticos sin exigir nada a cambio, al considerar ese hecho “independiente” del caso de los cinco cubanos presos en territorio estadounidense que, a diferencia de los presos políticos, “fueron juzgados”.[15]

 

 

Argentina: la represión no es cosa del pasado

 

En Argentina, más de 500 militantes y dirigentes sindicales, sociales y políticos actualmente tienen abierto proceso judicial, como consecuencia de la participación en movilizaciones en contra de la salvaje política económica del gobierno, que arroja la cifra de más de 30% de desocupación en la población. A la fecha sólo se ha conseguido la libertad de 15 presos políticos, siguen privados de su libertad Cristian Ruiz y Chacho Berrozpe, recluidos durante el gobierno de Kirchner.[16] Ni el gobierno ni los medios de comunicación masiva les reconocen como presos políticos, los llaman “luchadores sociales presos o piqueteros”.

Uno de los casos más recientes es el de cuatro miembros del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (mpr-Quebracho) que están presos en el penal de Marcos Paz desde abril de 2007, por haber reaccionado ante el fusilamiento de un docente en Neuquén.

El descontento del mpr-Quebracho es que el gobierno de Kirchner dice apostar por el respeto a los derechos humanos mientras criminaliza a los luchadores sociales, y afirman: “La cárcel contra nuestra organización no nace de la rotura de unos vidrios, […] es contra la resistencia que azota al país de punta a punta y que empieza a preocupar de nuevo al régimen”.[17]

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), asegura que durante el gobierno de Kirchner se acentuó la represión. Afirma que 4 mil militantes están sujetos a proceso judiciales por lo que dicho gobierno ya tiene el mayor número, si se le compara con gobiernos desde 1983 hasta ahora.[18]

            Como puede verse a través de estos ejemplos, las políticas represivas de Estado no sólo son parte de países con regímenes socialistas como Cuba, o con tintes dictatoriales como Venezuela, sino que siguen presentes incluso en países que ya vivieron una represión severa durante las sangrientas dictaduras, como es el caso de Chile y Argentina. ¿Podemos hablar realmente de la democratización de la región mientras se siga encarcelando a la gente por motivos políticos?


* Investigación Especial realizada por Elizabeth Palacios, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Periodistas por la Seguridad Ciudadana y la Equidad.

[1] Véase <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60207&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[2] Véase <http://www.nodo50.org/tortuga/La-totalidad-de-presos-politicos&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

 

[3] Véase <http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86833&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[4] Véase <http://revista.escaner.cl/node/53&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[5] El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su “preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. El Comité manifestó también que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Véase <http://www.elciudadano.cl/2007/06/04/bachelet-asegura-que-mapuches-no-son-presos-politicos/&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[7] Véase <http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/637668.php&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[8] “Chile: Tratos Denigrantes y condiciones inhumanas a presos políticos mapuches en cárcel de Angol”. Véase <www.kaosenlared.net/noticia/chile-tratos-denigrantes-condiciones-inhumanas-presos-politicos-mapuch>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[9] Raúl Zibechi, “Chile: Identidad y el territorio. La huelga mapuche”. Disponible en: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=973&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[10] Véase <http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=4880&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[11] Véase <http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a060109e06&id=t060109-e06&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[12] Véase <http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=247258&id_seccion=5&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[14] Véase <http://www.aporrea.org/internacionales/a24692.html&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[15] Véase <http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?id=786398&#8242;)%22>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[16] Disponible en: <http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/13/presos13.htm&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[17] Véase <www.quebracho.org.ar>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[18] “Los números de la represión kirchnerista”, La Verdad Obrera, núm. 246 / Derechos Humanos, 9 de agosto de 2007.

Antonio y Héctor: viviendo la cárcel con dignidad

Entrevista a los hermanos Cerezo*

 

El 8 de agosto de 2001 hicieron explosión tres petardos de fabricación casera en tres sucursales bancarias del Distrito Federal. Estos actos fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (farp) mediante un comunicado a los medios de comunicación. La Procuraduría General de la República (pgr) inició una investigación en contra de quien resultara responsable por estos hechos y, de manera sorprendente, anunció cinco días después que había detenidos.

 

Así comenzó la pesadilla de los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras quienes al igual que Pablo Alvarado Flores y Sergio García Max, fueron detenidos con lujo de violencia el 13 de agosto del 2001, acusados de los hechos antes descritos. Hoy, a más de siete años de distancia y tras la exoneración de Alejandro[1] Héctor y Antonio Cerezo están a punto de salir de la cárcel donde han vivido como presos de conciencia pues, aunque fueron absueltos de los delitos relacionados a las explosiones (daño en propiedad ajena y transformación de artificios) permanecieron en prisión. ¿La justificación de la autoridad? Terrorismo, asociación delictuosa, almacenamiento de armas, almacenamiento de cartuchos y almacenamiento de artificios.

De todo esto, nada se pudo comprobar, pero ellos siguieron presos. El 17 de agosto se interpuso un amparo para que Alejandro, Héctor y Antonio no fueran trasladados a penales de máxima seguridad pero de nada sirvió, ese mismo día fueron encerrados en el Cefereso núm. 1, penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, Estado de México. Ahí sufrieron constantes violaciones a sus derechos humanos, además de hostigamiento y presión psicológica constantes. En octubre de ese año, en medio de una historia de irregularidades jurídicas y violaciones a sus derechos humanos, fue asesinada la abogada Digna Ochoa y Plácido, quien formaba parte del equipo de la defensa de los hermanos Cerezo y de Pablo Alvarado Flores. Para Antonio y Héctor, ella es un ejemplo de solidaridad y valentía, pero también una muestra de lo que pueden hacer algunas personas para callar a quienes luchan.

            En siete años y medio, Héctor y Antonio han sido víctimas de tortura, vigilancia, amenazas de muerte y maltrato; se han dicho muchas cosas para descalificarlos ante la opinión pública pero esta es la primera vez que su testimonio ha quedado grabado en una entrevista para DFensor y, mientras ellos relatan su historia, sus palabras, sus gestos, e incluso sus bromas, revelan la marca que les ha dejado el encierro.

 

 

El principio: de universitarios a prisioneros

 

Cuando Héctor y Antonio fueron detenidos vivían en un cuarto rentado en Xochimilco y estudiaban la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). ¿Su vida? “Estudiar y trabajar” cuenta Héctor, quien desde años atrás encabezaba un proyecto de distribución de café producido en la sierra de Puebla. Tanto él como su hermano Antonio empacaban y vendían el café entre amistades y compañeros universitarios. Pero su historia, desde muy temprano, había estado marcada por el compromiso social: desde el inicio de su adolescencia trabajaron en proyectos de alfabetización en comunidades rurales e indígenas, fueron parte de organizaciones estudiantiles y eran conocidos por su conciencia social y participación intensa en las clases.

            Quizá fue por eso que en el penal de La Palma, después de haber sido torturados, robados y humillados, de ingresar directamente al área de Conductas Especiales (de castigo) y no a la de clasificación como debió haber sido, y de permanecer incomunicados durante 15 días, finalmente el personal directivo del penal les permitió el acceso a libros. Héctor recuerda:

 

Desde la entrada a los penales federales el “tratamiento”, como ellos le llaman, es sumamente vejatorio porque te sientan con las piernas abiertas, te ponen perros que te están ladrando en los oídos, todo es mediante gritos, tienes que desnudarte, hacer sentadillas desnudo, te quitan tus cosas, nunca te las regresan ni a ti ni a tus familiares o sea, te las roban. El traslado es corriendo, agachado, todo mediante gritos, un tramo bastante largo.

Nosotros llegamos primero a Conductas Especiales, que también es una violación al reglamento pues tendríamos que haber llegado al Centro de Observación y Clasificación, donde llegan los de nuevo ingreso. En ese tiempo se tenía que estar 15 días, que era el tiempo máximo para que te canalizaran a un módulo o un dormitorio. En nuestro caso nos llevaron a Conductas Especiales, que es el área de castigo. Ahí estuvimos 15 días. Ahí teníamos sólo media hora de patio al día y no teníamos absolutamente nada, hasta después de una semana fue el director y luego nos mandó libros, ¡como éramos universitarios!

[…] Agarramos los más gordos, por el tiempo que estaríamos ahí. Hay como dos etapas en la Palma (hoy Altiplano) de que llegamos al 2005 como que es un régimen y de 2005 a la fecha [como] que es otro régimen distinto. En el que estábamos teníamos dos horas de patio, teníamos acceso a tres libros por semana de la biblioteca, tres periódicos por semana y dos revistas. Nosotros, a través de la cndh [Comisión Nacional de los Derechos Humanos], gestionamos para que nos permitieran material de estudio de la universidad, después como de un año logramos que dejaran pasar este material para hacer nuestros trabajos.

 

Antonio, quien durante la entrevista se distinguió por su postura dura, analítica y, en momentos, poco optimista apuntó:

 

Hay una línea muy delgada entre lo que podría ser un acto de autoridad, controlar a una persona que pudiera ser agresiva y una terapia de shock que es a lo que te someten, es un shock donde lo que se hace es intimidar y golpear [a] cualquier síntoma, ya no digamos de rebeldía, sino de dignidad. Ese es el gran problema […] que ya no es un problema de sometimiento a una persona rebelde, sino es el sometimiento de tu dignidad como ser humano, como una terapia de shock que te muestra quien tiene el control. O sea “yo tengo el control desde que te humillo, te grito y hago lo que quiero y además hago que hagas lo que yo quiero” o sea “yo te controlo y te digo cuándo hacerlo y cómo”. […] Te nulifican como persona, ese es el shock de entrar a cualquier Cefereso,[2] así fue en Matamoros, en Puente Grande y lo mismo fue al volver a Almoloya, en 2006. Ese es el problema de esos recibimientos, que es un shock que te nulifica, que te controla, que te humilla y te sobaja. Esa es una violación a los derechos humanos de cualquier persona que ingrese.

 

Héctor recuerda que, al ser trasladado, quienes reciben al preso son “los de negro”, quienes lo patean, lo intimidan y lo amenazan para ejercer presión. Antonio agrega que, como hay cámaras de seguridad, era en la vagoneta donde los golpeaban. Ahí les preguntaban sobre su delito y ellos debían responder. Decir que eran inocentes era mucho peor. Después de eso, comenta Héctor, eran entregados a “los de azul”, que es la seguridad interna, y otra vez les hacían lo mismo, sobre todo donde no existen cámaras.

Después de su ingreso a La Palma, Héctor y Antonio fueron observados constantemente. Su correspondencia era absolutamente controlada, las cartas debían entregarse y recibirse en un sobre abierto, para ser leídas por las autoridades del penal. Esta situación continúa hasta la fecha en Atlacholoaya, donde las cartas deben ser depositadas en la dirección. Ya se les han perdido cartas. Sólo les dicen que la orden es revisarlas y luego entregarlas, pero esa sólo es una instrucción para ellos.

Fue en octubre de 2006 que la vigilancia fue preocupante para Héctor y Antonio, quien relata:

 

Sí ha habido un seguimiento especial, el último hecho muy marcado fue en octubre del 2006 cuando nos pusieron una vigilancia especial: cada 15 minutos iban a la celda a ver cómo estábamos, en diciembre a Héctor lo dejaron encerrado, pero después nos dimos cuenta de que había un oficio que se giró a Seguridad y Custodia donde decía que nos podíamos suicidar, entonces nos tenían que vigilar constantemente, pero eso se dio sin previa atención de psicología ni de psiquiatría, no había ningún elemento real que les hiciera suponer eso.

 

Héctor agrega que ni siquiera el área de Psicología sabía del oficio. Eso les hizo pensar que alguien podía estar planeando atentar contra sus vidas y ese oficio sería un respaldo de lo que pudiera ocurrir. Ese hostigamiento duró casi un año, aunque desde siempre han tenido una vigilancia especial, en todos los penales que han pisado. Héctor comenta:

 

De por sí, desde que llegamos tenemos vigilancia especial, un seguimiento, los custodios tienen que hacer un informe diario sobre nuestras actividades […] Qué hacemos, con quién platicamos, a qué hora comemos. Todo lo tienen que registrar por escrito y reportarlo. El problema del seguimiento anterior es que primero fue cada 15 minutos, luego cada 10, eso no sólo es hacer acto de presencia oficial, eso es hostigamiento. Una vez yo estaba dormido y me despertaron para saber si estaba bien. Otros [custodios], con ganas de molestar, no dejaban que nos tapáramos la cabeza para que nos vieran cada vez que pasan. Te tapas porque hace frío… y porque te dejan la luz prendida las 24 horas, como pollito.

 

 

Etiquetas para desacreditar

 

Antonio y Héctor han sido etiquetados como “terroristas”, “asesores de narcotraficantes” y hasta “juniors de la revolución”. Sobre esta última Antonio aclara:

 

Eso salió de una supuesta entrevista en la que un grupo paramilitar o equis, durante un interrogatorio a uno de los desaparecidos, supuestamente lo menciona, ahí partamos de quién lo está diciendo, la gente que desaparece a estas personas. Se ha comprobado que el ejército participó en la detención y los llevó al campo militar núm. 1 y están involucradas las autoridades, ¿qué validez le podemos dar a un interrogatorio que en realidad es una tortura?, ¿cómo creer en algo que está sacando alguien a través de la tortura? Esa persona dijo “¡ah! eran juniors de la revolución”. Entonces dices: ¿cómo vamos a hacer caso a algo que viola todas las leyes, las convenciones internacionales?

 

Héctor asegura que estas etiquetas, en lo personal no les hacen daño pues saben que nada de eso es verdad:

 

Sabemos que no es cierto, pero entendemos que tiene una finalidad política. Decir que somos “juniors de la revolución” tiene el objetivo de desacreditarnos ante la gente. No sé de dónde sacan lo de juniors pues vivíamos en un cuarto por el que pagábamos 800 pesos al mes, pero es para desacreditarnos. Ya lo habían intentado de muchas formas, primero ligándonos al terrorismo, luego al narcotráfico y cuando esto se agotó dijeron que éramos juniors.

 

Antonio agrega:

 

La gente que no nos conoce puede pensarlo, las personas que nos conocieron desde los 14 o 15 años, de la prepa, de la facultad, o de toda nuestra vida, saben que no es cierto. Nunca fuimos los jóvenes que derrochaban el dinero, como el típico junior lo hace, no teníamos los recursos, pero tampoco fue esa nuestra actitud nunca. Yo no me imagino a un junior alfabetizando en comunidades indígenas a los 15 años, preocupado por la situación social, participando en la universidad en la cuestión académica, no sería una actitud típica. Esto es una manera de desacreditar ante las personas que no nos han conocido. De alguna u otra manera tratan de demostrar que no somos lo que decimos que somos, jóvenes universitarios que defienden los derechos humanos, ellos dicen “no es cierto, eres terrorista”, “no es cierto, eres narco, eres junior”, finalmente quien lo crea tendrá sus intereses en creerlo. Si tú le quieres hacer caso a esa gente que se oculta y desaparece personas, hazle caso.

 

 

El futuro cercano: alcanzar el sueño

 

Por el momento ni Héctor ni Antonio han pensado en tomar acciones para exigir la reparación del daño, sólo quieren salir, lo que afirman entre bromas. Ya luego se pondrán a pensar, dicen. Pero ambos aclaran que es seguro que lo seguirán denunciando pues es algo que sigue pasando, especialmente con presos de conciencia o presos políticos, como Ignacio del Valle u otros que también llegaron al Cefereso de La Palma y que siguen teniendo un trato violatorio a sus derechos humanos. Antonio considera que es importante que la gente entienda que eso no es correcto, que no se puede cruzar la línea entre el cumplimiento del derecho y la violación del derecho en aras de combatir a la “delincuencia”, haciendo referencia a los luchadores sociales que son ingresados ahí.

            Ellos continúan afirmando que son inocentes, es más ya no saben ni qué cargos tienen pues el juicio tuvo tantas irregularidades, y aunque fueron exonerados de los iniciales, luego les pusieron otros. Sobre su situación jurídica, Héctor afirma:

 

Nosotros estamos concientes de que esto es una injusticia, no solamente por la violación de nuestros derechos humanos, sino por la violación de la ley, sabemos que si no logramos la libertad por la vía jurídica es porque hubo una voluntad política que así lo quiso, como estamos concientes de eso, aunque nos consideramos inocentes, aunque somos inocentes, comprendemos que este es un tema político y que no sólo es contra nosotros, que es parte de una política represiva y por eso es nuestro deber luchar, no quedarnos callados.

 

Antonio, por su parte, está convencido de que caer en la lamentación constante no sólo no los ayudaría, sino que no les permitiría luchar:

 

Nosotros sí somos inocentes pero dentro de un contexto político y social que está en nuestro país entonces, comprender ese contexto nos ayuda a llevar de mejor manera la injusticia, porque comprendes que no es una cosa nada más tuya, no preguntas ¿por qué a mi?, ¿por qué yo? Pues porque es parte de la represión hacia el movimiento social y es parte de esta política de Estado. Por eso es que, no solamente yo, sino otras personas van a ser víctimas de estos actos ilegales por parte del Estado.

 

Pero en unos días si nada más lo impide, retomando lo que Antonio decía una y otra vez durante la entrevista Héctor y Antonio estarán libres con la intención de retomar su vida, de terminar sus estudios universitarios, aunque para ello sea necesario volver a comenzarlos y, sobre todo, de integrarse a la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Comité Cerezo, creado por su encarcelamiento pero que ha ampliado su labor para denunciar otros casos similares. Ellos están concientes de que el tiempo no se detuvo afuera, pero también saben que su vida en la cárcel no fue tiempo perdido. Sobre eso Antonio asegura:

 

Tampoco es que éste haya sido tiempo perdido, porque sí luchamos, sí hicimos; en los pocos espacios que tuvimos intentamos ser creativos y de mil formas nos manifestamos. […] Uno dentro de la cárcel cambia y crece, no puede uno creer que en siete años de prisión no has vivido y no has aprendido. Lo que perdimos perdido está, no podemos recuperarlo pero también hemos construido nuevas cosas, nuevas amistades, nuevas relaciones, conociste otras cosas y como estuvimos en la lucha de denunciar nuestra propia situación, tenemos un trabajo al que tenemos que darle continuidad […].

Yo creo que la cárcel es un verdadero reto a tu fortaleza, para sobrevivir con dignidad. En ese sentido te deja la lección de que por más adversas que sean las circunstancias, siempre tienes la elección de la dignidad. Independientemente de que te tengan sometido, aislado, incomunicado, que te humillen, tú puedes vivir esas circunstancias con dignidad como ser humano, pensando en que nada te va a quitar la condición humana ni esa dignidad intrínseca. […] Te deja esa enseñanza de que siempre tienes opción, aun en la adversidad, como estas son situaciones límite, de repente como que la vida la ves un poco menos dramática de cómo lo vería uno afuera, ahora sabemos que hay cosas mucho peores. Si en la cárcel no puedes irte a tomar, ni platicar con el amigo, y puedes sobrevivir y puedes resolver la adversidad de una manera positiva para ti, pues también lo vas a poder hacer afuera, te ayuda a valorar esa situación.

También te ayuda a aceptar que hay momentos duros en los que te puedes sentir triste, desesperado, desanimado, pero que es parte de la lucha, de ese proceso constante por mantenerte como un ser humano íntegro. Y te enseña las entrañas de un sistema porque finalmente la cárcel es un reflejo social, ahí encuentras ex funcionarios, delincuentes de toda la vida, te vas a encontrar partes de la sociedad ahí dentro, es como un micromundo, finalmente hay de todo. La cárcel te enseña que en México no hay readaptación social, realmente lo que hay son cárceles de castigo, al menos eso son los Ceferesos, son cárceles de castigo, no para readaptar.

 

Héctor asegura que hoy en día el sistema punitivo es un reflejo de la Ley del Talión, donde no hay derechos humanos pues a las personas presas no se les considera seres humanos:

 

Es una cárcel de castigo, es “delinquiste, te tengo que castigar, no eres nada, paga” pero de una manera tipo la Ley del Talión, “tu jodiste afuera, jódete adentro, aquí no hay derechos humanos, maldito delincuente lacra”, o sea es esa mentalidad de la venganza sobre el preso, sin entender que finalmente el preso es producto de un sistema que está generando esa descomposición social. Entonces se ensañan con la gente que ya cayó, pero sin resolver el problema social que está generando otras miles de gente que van a caer. El problema se multiplica porque quienes violan los derechos humanos son seres humanos también y este sistema está convirtiendo a más gente en violadores de derechos humanos, los enseñan a cómo gritarte, cómo sujetarte, cómo torturarte, esta es una escuela de violaciones pues encierra a un delincuente pero crea a otros, protegidos por el Estado; muchos cuando dejan el trabajo de custodio, se dedican a delinquir pues lo único que saben hacer es golpear, humillar y torturar a la gente.

 

 

Pero la libertad esperada se avecina. Estuvieron en La Palma, juntos, luego Antonio fue trasladado a Matamoros y Héctor, a Puente Grande; en 2006 juntos de nuevo en La Palma, para que a finales de 2007 finalmente Héctor fuera llevado a Atlacholoaya, a un penal que ya no es de máxima seguridad y que se encuentra mucho más cerca del Distrito Federal, su lugar de origen. Antonio llegó también, pero en marzo de 2008.

En Atlacholoaya la vida de los hermanos Cerezo ha cambiado. Se acabaron las celdas de castigo, las horas de patio aumentaron considerablemente (de dos a siete) y, aunque siguen en área de máxima seguridad dentro de esta cárcel, comparan su situación a la vivida anteriormente y se sienten mucho mejor.

Su correspondencia todavía es controlada, para acudir a los servicios de Psicología o Trabajo Social deben solicitarlo por escrito, el patio de su área es mucho más pequeño que el del área de población general, no tienen acceso a los teléfonos públicos, deben solicitar las llamadas y los números son registrados por los custodios. Hay talleres, pueden pintar y trabajar siempre y cuando su familia les provea de materiales pero reconocen que, a comparación de la vida en los Ceferesos, en Atlacholoya existen más posibilidades de crear cosas, “es como un propedéutico a la libertad”, bromea Héctor.

 

 

Y entre la vida y la muerte… el humor negro

 

Además del hostigamiento anteriormente relatado, Antonio y Héctor sí tuvieron la sensación de que su vida era amenazada en algunos momentos durante su encierro. Coinciden en que el peligro fue una constante, dada la situación política de afuera, pero Héctor recuerda específicamente algunas amenazas de muerte:

 

Sí se siente el peligro, sobre todo cuando hay amenazas de muerte. […] Sí hubo, sobre todo durante el primer año, había llamadas a la casa y les decían a mis hermanos “los vamos a matar” desde ahí empiezan las amenazas, pero ahí no nos mencionaban a nosotros. En 2006 sí llegó una amenaza y ya nos mencionaban a nosotros, decían: “y también a Héctor y a Antonio que están adentro, que creen que están en un jardín de niños”.

 

Al decir eso surgen de nuevo, como en casi toda la charla, las carcajadas de los Cerezo al tiempo que ambos dicen: “¡Lo bueno es que esto es un jardín de niños!” Entonces es inevitable preguntar ¿el humor negro les ayuda a sobrevivir en prisión? Y Antonio responde:

 

El humor negro es un mecanismo de defensa. No es que a uno no le importe la vida o sea muy valiente, uno se estresa y cuando ves que llegan unos encapuchados nomás dices: ¡ay hijo de la chingada! Pero también uno se pone a pensar ¿Qué elección tienes? ¿Ponerte a llorar? ¿Rogar por tu vida? Finalmente si lo van a hacer lo van a hacer. Lo único que queda es defenderme y ¿con qué lo voy a hacer? Pues con mis manos porque no tengo más, ¿qué vas a hacer? Pues resistirte para, por lo menos, morir con un poco de dignidad. Hay que enfrentar la muerte incluso con dignidad, no porque uno sea valiente, simplemente porque eres ser humano y como tal, lo que te queda es la dignidad, por lo menos no le ruegues. Son asesinos, pues por lo menos miéntales la madre, que es lo que te queda, pero sí te preocupa, sí te estresa y dices: ¡ojalá no pase! Porque quiero salir, quiero vivir mi vida, tener una familia y ser feliz; sí te preocupa pero tampoco puedes caer en esa dinámica que te desgasta, porque eso es lo que buscan, que caigas en ese estrés, en esa dinámica de paranoia, mientras no pase pues vives y disfrutas la vida, lo que puedas gozar de esa vida y es una manera también de no caer en ese juego.

 

 

Pero no sólo reírse de ese destino impuesto les da fuerza para seguir, la solidaridad de las personas y organizaciones que los han acompañado en cuerpo, mente y espíritu ha sido fundamental. Antonio afirma:

 

La solidaridad es un elemento de fortaleza, un aliciente, un afecto de las personas hacia nuestros hermanos, hacia nuestras circunstancias y también es un llamado a no rendirte porque dices si la gente, las organizaciones o las personas que conocen el caso, que han estado cercanas tienen el valor de expresar su solidaridad con acciones, con palabras, pues uno tiene que corresponder a ese acto de valentía con el acto de valentía de vivir en medio de estas circunstancias. […] Ese motorcito, ese aliciente, esa mano la tenemos siempre presente, aunque no la veamos y aunque hemos tenido periodos en que no hemos conocido mucho de lo que han hecho, lo tenemos presente, sabemos que existe, está presente siempre.

 

Y una de las instituciones más solidarias con los hermanos Cerezo ha sido la unam, la casa de estudios que los ha abrazado y que ha hecho que ellos, desde muy jóvenes la consideraran parte de su existencia.

Héctor recuerda que, desde que cayeron presos, muchas personas entre ellas autoridades universitarias y consejeros que ni siquiera los conocían los defendieron al saber de su caso y de las primeras irregularidades e injusticias cometidas. Exigían el respeto a sus derechos humanos.

En la actualidad Antonio se define todavía como un preso, no puede verse todavía como un ser libre. Se sabe preso de conciencia y se reafirma como alguien que ha estudiado, escrito y participado del mundo para no rendirse ante la vida carcelaria:

 

Que quede claro, luchamos desde nuestras circunstancias, con limitaciones pero nuestra arma fundamental ha sido escribir cartas, análisis, lo que pensamos sobre lo que está sucediendo afuera con todos los riesgos que eso conlleva, porque a lo mejor esa decisión de opinar sobre lo que pasa en nuestro país nos la van a cobrar caro pero tenemos que hacer uso de ese derecho de expresión, creo que precisamente en este momento en el que en nuestro país se da la militarización y el retroceso, tenemos que ser más valientes. No podemos ver que avanza la represión en contra de ciertos sectores sociales y justificarla, no podemos caer en eso, porque detrás de la represión contra los sectores más radicalizados va a seguir en contra de otros, porque esa es la dinámica de la represión. No podemos darle el beneficio de la duda a la dinámica represiva, tenemos que frenarla y para hacerlo necesitamos ser valientes y tratar de ser solidarios con todos los casos de violaciones de derechos humanos, sin importar su concepción ideológica, lo que pasó y por qué fueron reprimidos, tenemos que luchar contra la represión y la violación de los derechos humanos, como un principio, ya después que se discuta quién tiene la razón es otra cosa, pero sin represión.

 

Héctor en cambio se define, siempre riendo, así:

 

Luchador social, intento de novelista, intento de cuentista, intento de pintor, las cosas que he aprendido aquí. Estamos luchando ante las circunstancias que nos impusieron y esperamos seguir luchando toda la vida, en otras circunstancias, claro.

 

Y así, después de siete años y medio, la libertad parece estar muy cerca. Antonio no quiere cantar victoria, Héctor sólo sonríe y la esperanza se asoma en su mirada. La fecha establecida para la liberación de los hermanos Cerezo es el 13 de febrero de 2009, día en el que esas manos solidarias se harán presentes y les darán la bienvenida justo en las puertas del Cereso de Atlacholoaya, ahí donde empezará la libertad y la esperanza de una nueva vida para unos hermanos Cerezo también nuevos.

* Entrevista realizada el 20 de enero de 2009 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf. Las imágenes son cortesía del Comité Cerezo.

[1] Alejandro Cerezo Contreras fue exonerado y liberado el 1 de marzo de 2005.

[2] Centro Federal de Readaptación Social.