Justicia en lengua indígena: deuda histórica

 

La sociedad mestiza tiene muchas deudas con la población indígena[1] desde hace siglos, pero en materia de justicia, una de las más graves es la falta de comprensión de su cultura y, sobre todo, de su idioma. La posibilidad de que los más de 10 mil indígenas presos en las cárceles de todo el país tengan un proceso justo se encuentra aún lejana. Acusados de delitos como homicidio y robo, del fuero común, y tráfico de drogas y secuestro, en el federal, ingresan a prisión sin conocer el motivo por el que son encarcelados ni entender las acusaciones en su contra.

Esta falta de procesos justos se agudiza en las grandes ciudades, donde esta garantía se viola constantemente. Contar, por ejemplo, con defensoras o defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propio idioma, presentar como dictámenes culturales y lingüísticos medios de defensa, son disposiciones legales establecidas en México hace 15 años, que apenas comienzan a aplicarse.

 

En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que realizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), se señala que es en el campo de la procuración y administración de la justicia donde se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación y abusos. En dicho informe se indica que muchos indígenas indiciados se encuentran desamparados ante los agentes del ministerio público o jueces por no hablar o entender el español y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ese derecho.

La ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, así como el grado de comprensión y la capacidad de expresión en español de las personas indígenas influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa cuando enfrentan un proceso por haber cometido un delito; por ello, en diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual obliga a las autoridades y juzgados penales para contar con traductores en casos donde estén involucradas personas que hablen alguna lengua indígena.

A partir de dicha reforma legislativa, el Instituto Federal de Defensoría Pública deberá actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan. Para ello ha celebrado convenios de colaboración con instituciones que coadyuven en la obtención de esos fines y deberá promover la formación tanto de defensores(as) públicos(as) como de asesores(as) jurídicos(as) bilingües indígenas[2].

Meses antes, el Gobierno del Distrito Federal (gdf) se dio a la tarea de revisar alrededor de 500 expedientes de personas indígenas presas en reclusorios de la ciudad de México. A raíz de esto, salieron a la luz diversos errores, omisiones y absurdos del sistema de impartición de justicia gracias a los cuales decenas de indígenas han perdido la libertad y, en algunos casos, la vida. De acuerdo con los resultados de la revisión general de los expedientes, en al menos 30% de los casos, las personas indígenas no contaron con la asistencia de una o un traductor.

Pero, desde el 22 de junio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (tsjdf) firmaron un acuerdo de conciliación, con el propósito de garantizar la protección a los indígenas sujetos a proceso.

Dicha conciliación establece, entre otros asuntos, que el tsjdf realizará las medidas necesarias para cumplir los preceptos constitucionales y convenios internacionales que den sustento a la protección de las personas indígenas sujetas a proceso. Además, en casos en los que los procesados sean indígenas y exista duda sobre su edad, se aplique a su favor la presunción de minoría de edad. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración para la asistencia de traductores(as) de lenguas indígenas y peritos prácticos culturales en que la autoridad jurisdiccional requiera traducción e información sobre la cultura y los sistemas normativos de un procesado indígena.[3]

El Código Penal para el Distrito Federal establece en el artículo 72, fracción v, que al momento de individualizar las penas se deben considerar factores como la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Si la o el procesado pertenece a un pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres.

La aplicación de una justicia ordinaria sin perspectiva cultural y ciega a la diferencia resulta atentatoria para la identidad indígena y sus conductas culturalmente determinadas. El debido proceso para las personas indígenas en el Distrito Federal se ha dirigido fundamentalmente a tratar de garantizar el derecho a un(a) traductor(a) cuando no se hable suficientemente el castellano y a considerar la diferencia cultural en el momento de la individualización de la pena. Normativamente, apenas se tratan de garantizar estos derechos en etapas muy concretas del proceso y no desde el inicio de la averiguación.

En la práctica, hasta ahora, los avances son muy limitados ya que no se han cumplido a cabalidad estas disposiciones y siguen sin atenderse partes medulares de la procuración e impartición de justicia.

Aun cuando existen ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales que protegen los derechos de las y los indígenas, hay quienes se sienten discriminados al ser objeto de un juicio que no logran entender a cabalidad y al no poder contar con una o un abogado que atienda especialmente su problema.

 

 

Traductores sin reconocimiento ni certificación

 

La falta de certificación de las y los traductores de lenguas indígenas significa un problema en juzgados y oficinas de atención ciudadana del país, y aunque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) realiza reuniones con académicos, especialistas y funcionarios públicos para solucionar este problema, todavía no hay grandes avances. Además, las y los pocos traductores que hay no cuentan con capacitación ni respaldo legal que garantice, en muchos de los casos, ni siquiera su pago.

De acuerdo con el Inali, no se cuenta con un padrón o censo de traductores e intérpretes en México ya que su número es fluctuante al ser personas que están generalmente en las comunidades indígenas.

La institución pretende brindar la certificación a estas personas para que cuenten con documentos que respalden su actividad y así tengan una remuneración adecuada y un reconocimiento en el sistema de administración y procuración de justicia.

Enrique Nava López, director del Inali, considera que lo importante es consolidar la idea de que se garantice la responsabilidad del gobierno de tener a una o un intérprete o traductor certificado en los procesos judiciales para las personas indígenas.[4]

 

 

Lo que dicen las leyes

 

El 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidad indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Según los artículos 3°, 7° inciso a), 9°, 13 fracciones xi y xii y 25 de la referida Ley, las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, las cuales serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública; reconociendo que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante.

Por otro lado, los artículos 5° y 10 de la misma Ley señalan que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, asegurando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la legua indígena nacional de que sean hablantes, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

        En ese mismo año, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), en su acuerdo A/010/03,[5] instruyó a sus agentes del Ministerio Público para que cuando integren averiguaciones previas en las que se encuentre relacionada alguna persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o no hable o entienda suficientemente el idioma castellano o cuando el indígena así lo pida, realicen las diligencias necesarias a efecto de que se le hagan saber, en el menor tiempo posible, los derechos que en su favor consagran las normas constitucionales y legales. Asimismo, se informa que deberán identificar la lengua del hablante y en consecuencia, contactar y pedir los servicios de la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A. C

A pesar de todo ello, cientos de indígenas siguen presos sin haber contado con un juicio adecuado a sus especificidades culturales. Benedicto Ayala, presidente fundador de dicha organización, considera que frecuentemente, no se consigna la pertenecía del sujeto a un pueblo indígena. Esto ocurre muchas veces porque, al ser interrogado, niega su identidad y con ello la oportunidad de que se contemplen y validen sus derechos. Sin embargo, aunque la creencia general es que dicha identidad es negada por miedo a la discriminación, Ayala considera que más bien se debe al desconocimiento del español y de los conceptos que son utilizados, a la par de los tecnicismos jurídicos. El traductor aclara que comprender algo de castellano no significa entenderlo completamente, menos aún en una situación contextual tan cargada de formalismos y tecnicismos.[6]

Las consecuencias que esta negación involuntaria ocasiona son predecibles. No se le proporciona un abogado que alegue las condicionantes culturales de los hechos en que se ve involucrado, no se promueven estudios periciales que den cuenta de las prácticas comunitarias y no se le proporciona traductor por considerar que habla suficientemente bien el castellano. Por todo ello resulta básico que la autoridad aplique los métodos y formule las preguntas necesarias para que las personas indígenas puedan hacer valer su derecho de autorreconocimiento.

Pero no basta con tener un cuerpo de traductores que además resulta insuficiente, ya que sólo se cuenta con hablantes de 33 lenguas indígenas sino que se requiere de la promoción de los usos y costumbres para que jueces, ministerios públicos y todas las personas involucradas valoren y determinen justamente. La organización cuenta actualmente con 247 traductores, además de 12 peritos culturales, que son aquellos que enseñan al juez sobre las costumbres de cada pueblo.[7]

Y es que, pese a estos esfuerzos, existe la práctica nociva de que sólo se procuran los traductores para personas indígenas monolingües o cuando existe una dificultad evidente de comunicación por parte del Ministerio Público, es decir, se constituye más bien en una prerrogativa para la autoridad en lugar de un derecho de la persona indiciada.

Nuestra Carta Magna no pone esta condicionante, pues en su artículo 2°, apartado B, fracción viii establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Además, por lo que toca al indígena en su calidad de víctima o denunciante, el derecho al traductor es todavía menos operante.

Ante dicha realidad, es necesario que el derecho al traductor y a la defensa que considera los factores culturales se haga valer desde el inicio de la averiguación y, en todo momento, de manera universal para cualquier persona indígena, tanto en su calidad de probable responsable como de víctima del delito, y no sólo a aquellas que por su capacidad de comprensión, apoyo de la defensa o buena voluntad del Ministerio Público logren reclamarlo. Para ello se requiere de una política consistente en esta materia y no solamente de normas aisladas, a fin de ir materializar las garantías procesales y constitucionales ya señaladas.

Frente a las condiciones de desigualdad, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar situaciones de diferencia que impiden el desarrollo del ser humano, sin embargo, en la actualidad se mantiene el reto para la defensoría pública de superar la inequidad que padecen las personas indígenas cuando enfrentan un proceso.

La colaboración de diversas instancias es necesaria para atender esta situación ya que, el acceso a la jurisdicción del Estado, con respeto pleno a la diferencia cultural, es un derecho reconocido constitucionalmente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

 

 

 


* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf.

[1] En México 12.7% de la población nacional es indígena. Existen 62 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades urbanas o locales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.

[2] “Contarán con traductores indígenas juzgados penales”, en El Universal, México, 12 de diciembre de 2007. Véase: <www.eluniversal.com.mx/notas/467500.html>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[3] Véase: <www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol6004>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[4] Véase en internet: <http://www.magisterio.com.mx/archivo/2006/enero/htm/p4_traductores.htm&gt;. Página consultada el 28 de junio de 2008.

[5] Véase en internet:  <http://www.pgjdf.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/2003/A-010-03.asp&gt;. Página consultada el 26 de junio de 2008.

[6] Informe especial sobre los derechos de las comunidades indígenas residentes en la ciudad de México 2006-2007, cdhdf, México, 2007, pp. 64-70.

[7] “Falla la traducción para reos indígenas” en Reforma, 17 de junio de 2007. Vease en internet: <www.reforma.com>. Página consultada el 1 de julio de 2008.

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3 Comentarios

  1. Me interesa este tema que propones. Aun cuando la situación ha cambiado ya un poquitin con relación a los indigenas y esto lo ha cambiado el trabajo que hacen los defensores públicos federales. La sombría perspectiva que mencionas se ha atenuado un poco. Muy importante es resaltar especificamente el trabajo de Carlos Morales, defensor público federal en Oaxaca y conocedor de las culturas de Oaxaca. Tuvo el agrado, de promover la primera demanda de amparo en lengua indigena y ha generado muchas tesis de jurisprudencia respecto del tema indigena: más bien me refiero a que defendió a un chatino que comía huevos de tortuga y la Suprema Corte le dio la razón. sus trabajos andan por la red. Salidps

  2. Hola sabes estoy haciendo mi tesis sobre lo q comentas y me acabas de ayudar con muchas cosas me encantaria q si tienes funtes de inforacion me ayudaras o me contataras para qe podamos charlar sobre el tema ya q existen 5 juzgados dentro del estado de puebla con la funcion de ayudar a los indigenas y ninguno de estos esta en funcion por falta de dinero segun el gobierno

    • Hola, me encantaría ayudarte pero este reportaje lo hice hace mucho y no he dado seguimiento al tema. Por el momento no tengo más fuentes que las que están citadas en el texto. Me alegra mucho que estés abordando este tema que es tan importante. Estoy a tus órdenes pero no creo que pueda ayudarte mucho pues no soy especialista en el tema, solo una humilde periodista que trata de poner un granito de arena para visibilizar estos temas. Muchas gracias 🙂

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