Presos políticos en América Latina*

 

Pasan los días entre gruesos muros que les aíslan del exterior. Algunas de estas personas están en la cárcel o en campos de trabajo forzado desde hace años, únicamente por haber expresado ideas o por haber organizado actividades pacíficas que no eran del agrado de los gobernantes de su país. Son presos(as) de conciencia.

La prisión política no es cosa del pasado ni exclusiva de gobiernos dictatoriales. La humanidad se sigue negando a aprender de su propia historia, prueba de ello es que todavía en muchos países del mundo existe un escenario de impunidad que ha permitido que miles de personas purguen condenas debido a que sus religiones, ideologías u opiniones políticas se contraponen a los intereses de gobiernos y Estados.

 

 

La represión hacia el pueblo mapuche en Chile

 

En diciembre de 2001, quedaron reducidas a cenizas 100 hectáreas de una plantación de pinos del predio Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile. Para juzgar éste y otros casos, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue modificada en democracia.[1] Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

Los condenados por este caso, recluidos en la prisión de Algol, siempre se han declarado inocentes de los cargos. Tan solo entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 indígenas mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos fueron detenidos golpeados y maltratados en manifestaciones. En 2006 algunos de los indígenas mapuches todavía presos iniciaron una huelga de hambre,[2] en esa ocasión terminaron el ayuno esperanzados en la aprobación de un proyecto de ley presentado por parlamentarios oficialistas que abría la posibilidad de que fueran liberados, pues modificaba un decreto de libertad condicional. Esa alternativa, después rechazada por el parlamento, surgió luego de una fuerte campaña de sensibilización nacional e internacional.[3]

Con el gobierno de Michelle Bachelet la represión se mantuvo, aunque ya no se aplicó la ley antiterrorista.

En marzo de 2007 fueron liberados el lonko Pascual Pichun, Víctor Ancalef y Aniceto Norín lo que provocó una reacción positiva y esperanzadora entre la sociedad civil.[4] Tres meses más tarde, en el marco de su primera visita de Estado a Suiza, Bachelet aseguró ante los medios que los presos mapuches no eran presos políticos pues intentaron resolver las cosas mediante una forma que “no es democrática ni pacífica” asegurando que cometieron delitos e incendiaron propiedades.

Tales declaraciones tuvieron reacciones adversas al gobierno chileno, tanto en el extranjero como al interior del país donde diversos organismos afirmaron que las palabras de la presidenta revestían mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[5]

Para octubre de 2007 en Chile existían 18 presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol, El Manzano de Concepción y en la de Alta Seguridad de Santiago, según datos de diversas organizaciones civiles.[6] Sin embargo, el pasado mes de noviembre la prensa chilena publicó que la Corte de Apelaciones de Temuco negó el beneficio de libertad condicional a Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia, condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol políticamente, aplicándoles la ley antiterrorista y obligándoles a cumplir una condena de 10 años y un día.[7] Después de eso las y los presos denunciaron tortura y tratos inhumanos y degradantes en su contra en la cárcel de Angol.[8]

El movimiento mapuche ha logrado sortear los embates de la criminalización a través de la movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio en la política indígena y la profundización de la democracia, pero su lucha continúa.[9]

 

 

Venezuela: más de 200 perseguidos y presos políticos

 

En Venezuela hay más de 200 perseguidos y presos políticos por diversas causas, algunos de ellos sin tener el conocimiento de que se les sigue o se les vaya a seguir el “debido proceso” y otros viviendo en condiciones muy precarias, vejatorias de sus derechos humanos.

Desde hace cinco años, los presos políticos venezolanos han vivido: innumerables audiencias aplazadas por cualquier causa ajena a la voluntad de hacer justicia; traslados de los casos de una jurisdicción a otra; encarcelamiento en penales para presos comunes; condenas injustas a decenas de años de cárcel por crímenes que no han cometido, sin ni siquiera considerar una revisión.[10]

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de los presos políticos venezolanos. Este informe será llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con el objetivo de abrir un juicio contra el gobierno del presidente Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad.

Escarrá explicó, en entrevista concedida a la agencia efe en enero pasado, que se retiene a los presos en la cárcel excediendo los plazos legales de permanencia en prisión preventiva que deberían ser de dos años y los mantienen presos entre cuatro y seis.

Cabe destacar que el presidente Chávez firmó un indulto en 2008 para 36 venezolanos que están cumpliendo condena por “distintas razones”, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, la mayoría de los indultados estaban en su casa con prohibición de salida del país y algunos permanecían en prisión por cometer un delito político. Quedando un grupo de presos políticos fuera de esta Ley, como fue el caso de los comisarios Iván Somonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (que llevan cuatro años detenidos), el estudiante Nixon Moreno, el periodista Leocenis García y los generales Rafael Rodríguez y Felipe Rodríguez, el joven Gustavo Arraiz, un empresario que lleva 20 meses detenido luego que fue apresado en Panamá, por orden del presidente Chávez, y llevado a Venezuela sin que mediara procedimiento policial o de extradición.[11]

 

 

Cuba: 220 presos políticos

 

La revolución socialista cumplió 50 años en enero de 2009. Ha sobrevivido a la caída del bloque socialista, de las invasiones, crisis bélicas y económicas, y a la sucesión de su líder Fidel Castro. Los logros más relevantes son en salud y educación. Sin embargo, la falta de libertades es criticada y hoy existen en la isla 220 presos políticos.[12]

Oficialmente en el Estado cubano hay 207 presos políticos, reconocidos por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional. Más de 20% de ellos son periodistas, lo que coloca al régimen como uno de los que mantienen en prisión más periodistas por el mero ejercicio de su profesión. En Cuba se ha encarcelado a personas que intentan expresar puntos de vista distintos a la ideología oficial, que asisten a reuniones no auspiciadas por el gobierno, o que crean organizaciones independientes. Los presos políticos son situados en cárceles alejadas de sus ciudades de origen (hasta 700 km), obligando a las familias a desplazarse largas distancias en un país donde el transporte está en crisis y viajar es un problema.[13]

 

 

Cubanos presos en Estados Unidos: la otra cara de la moneda

 

En 1998 cinco funcionarios del gobierno cubano fueron detenidos en Miami para ser juzgados por espionaje. En 2005 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta resolvió que el juicio celebrado en Miami en contra de estas personas era improcedente.

Una vez que fue condenado el juicio de Miami por el panel de los tres jueces, los cinco funcionarios deberían estar libres, pero continuaron presos; no pueden ver fácilmente a sus abogados; se convierte en tragedia cada vez que se solicita visa para que sus familiares los visiten. El suplicio lleva más de 10 años.

Su defensa exige que se les reconozca como presos políticos, asegurando que no son espías. Aseguran que los cinco están pagando el precio de todo lo que el Estado norteamericano ha querido hacerle a Fidel Castro y que no ha podido.[14]

En diciembre de 2008 Raúl Castro, presidente de Cuba, dijo que podría liberar presos como un “gesto” para abrir un diálogo con el mandatario de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, quien es el primer presidente norteamericano dispuesto a conversar con las autoridades de la isla, resaltó la agencia Reuters. Castro dijo que Cuba estaría dispuesta a liberar disidentes si Estados Unidos excarcela a estos cinco agentes suyos.

Sin embargo, Washington pidió a Cuba que liberara “de inmediato” a los disidentes políticos sin exigir nada a cambio, al considerar ese hecho “independiente” del caso de los cinco cubanos presos en territorio estadounidense que, a diferencia de los presos políticos, “fueron juzgados”.[15]

 

 

Argentina: la represión no es cosa del pasado

 

En Argentina, más de 500 militantes y dirigentes sindicales, sociales y políticos actualmente tienen abierto proceso judicial, como consecuencia de la participación en movilizaciones en contra de la salvaje política económica del gobierno, que arroja la cifra de más de 30% de desocupación en la población. A la fecha sólo se ha conseguido la libertad de 15 presos políticos, siguen privados de su libertad Cristian Ruiz y Chacho Berrozpe, recluidos durante el gobierno de Kirchner.[16] Ni el gobierno ni los medios de comunicación masiva les reconocen como presos políticos, los llaman “luchadores sociales presos o piqueteros”.

Uno de los casos más recientes es el de cuatro miembros del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (mpr-Quebracho) que están presos en el penal de Marcos Paz desde abril de 2007, por haber reaccionado ante el fusilamiento de un docente en Neuquén.

El descontento del mpr-Quebracho es que el gobierno de Kirchner dice apostar por el respeto a los derechos humanos mientras criminaliza a los luchadores sociales, y afirman: “La cárcel contra nuestra organización no nace de la rotura de unos vidrios, […] es contra la resistencia que azota al país de punta a punta y que empieza a preocupar de nuevo al régimen”.[17]

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), asegura que durante el gobierno de Kirchner se acentuó la represión. Afirma que 4 mil militantes están sujetos a proceso judiciales por lo que dicho gobierno ya tiene el mayor número, si se le compara con gobiernos desde 1983 hasta ahora.[18]

            Como puede verse a través de estos ejemplos, las políticas represivas de Estado no sólo son parte de países con regímenes socialistas como Cuba, o con tintes dictatoriales como Venezuela, sino que siguen presentes incluso en países que ya vivieron una represión severa durante las sangrientas dictaduras, como es el caso de Chile y Argentina. ¿Podemos hablar realmente de la democratización de la región mientras se siga encarcelando a la gente por motivos políticos?


* Investigación Especial realizada por Elizabeth Palacios, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Periodistas por la Seguridad Ciudadana y la Equidad.

[1] Véase <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60207&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[2] Véase <http://www.nodo50.org/tortuga/La-totalidad-de-presos-politicos&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

 

[3] Véase <http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86833&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[4] Véase <http://revista.escaner.cl/node/53&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[5] El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su “preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. El Comité manifestó también que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Véase <http://www.elciudadano.cl/2007/06/04/bachelet-asegura-que-mapuches-no-son-presos-politicos/&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[7] Véase <http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/637668.php&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[8] “Chile: Tratos Denigrantes y condiciones inhumanas a presos políticos mapuches en cárcel de Angol”. Véase <www.kaosenlared.net/noticia/chile-tratos-denigrantes-condiciones-inhumanas-presos-politicos-mapuch>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[9] Raúl Zibechi, “Chile: Identidad y el territorio. La huelga mapuche”. Disponible en: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=973&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[10] Véase <http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=4880&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[11] Véase <http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a060109e06&id=t060109-e06&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[12] Véase <http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=247258&id_seccion=5&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[14] Véase <http://www.aporrea.org/internacionales/a24692.html&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[15] Véase <http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?id=786398&#8242;)%22>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[16] Disponible en: <http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/13/presos13.htm&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[17] Véase <www.quebracho.org.ar>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[18] “Los números de la represión kirchnerista”, La Verdad Obrera, núm. 246 / Derechos Humanos, 9 de agosto de 2007.

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