HONDURAS: INTIMIDACIONES A PERIODISTAS Y MANIFESTANTES EN AUMENTO.

 

Amnistía Internacional denunció un aumento en los abusos a los derechos humanos en Honduras e insta a las fuerzas de seguridad a respetar las leyes y los derechos humanos cuando el Presidente regrese a Honduras el fin de semana.

 

Reportes recientes sugirieren que los periodistas que han publicado nuevas historias sobre la crisis o han cubierto el asunto de las protestas y han tratado sobre las detenciones, han sido intimidados. Fiscales también han reportado amenazas como resultado de  sus intentos de verificar los abusos a los derechos humanos durante las protestas.

 

En otro caso, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en “El Progreso”. Amnistía Internacional cree que fueron manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente buscan castigarlos por protestar.

 

La organización ha recibido reportes sobre ataques en estaciones nacionales y locales. Una granada fue encontrada en los locales de Radio America y se produjeron al menos  15 disparos en una estación de radio local, llevando subsecuentemente a su clausura. Muchos de los locutores parece que han cerrado por miedo a su seguridad. Otros, como el Canal 36, han cerrado por las fuerzas de seguridad y miembros militares se han reportado patrullando los locales.

 

Amnistía Internacional llamó a las autoridades a investigar estos ataques para asegurarse que los locutores puedan operar sin miedo a su propia seguridad.

 

“La restricción de la libertad de expresión solo aumentará la frustración y el miedo,” apuntó Kerrie Howard,  Directora Adjunta de Amnistía Internacional para las Américas.

 

“Los militares y la policía deben asegurar que cualquier uso de la fuerza es proporcional durante la aplicación de la ley, operaciones y de acuerdo con los estándares de la ONU. La gente debe de tener la libertar de protestar pacíficamente sin temor a ser apresados, tener cargos criminales u otras reprimendas,” señaló Kerrie Howard.

 

Amnistía Internacional, también teme  que el decreto presidencial, formalizando un Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, si se aplicaran sin razón, podrían abrir la puerta a otras violaciones de derechos humanos.

 

De acuerdo a la opinión de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, aún a pesar de sus circunstancias excepcionales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, a la integridad física; a no ser sujetos a torturas o a maltratos, así como a mejorar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho a habeas corpus.

 

La suspensión de algunas garantías, en particular la restricción de derechos al debido proceso, podría en algunos casos, llevar a violaciones de tratados sobre derechos humanos tanto regionales como internacionales en los cuales Honduras es partícipe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dejado claramente la regla que bajo ninguna circunstancia se permite la derogación del derecho a la vida, la integridad física, la libertad de consciencia y religión, protección de la familia o participación en el gobierno y a las garantías judiciales requeridas para la protección de estos derechos.

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