Texto dedicado a un migrante no identificado (asesinado en San Fernando)

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Nada más alejado de lo que encontró un migrante centroamericano que, al pasar por México, perdió la vida en una de las masacres más terribles que haya registrado la historia reciente de México. Fue uno de los setenta y dos migrantes cuya ausencia hoy lloramos.


Este hombre, uno de los treinta cuyo nombre aún no conocemos, presuntamente murió a manos de grupos de la delincuencia organizada que usan la extorsión, el robo y el secuestro de migrantes para engrosar sus ejércitos de la muerte.¿Es eso responsabilidad del Estado mexicano? Sí, contundente y definitivamente sí lo es.

Los derechos que son relevantes para los migrantes surgen a partir del derecho internacional sobre derechos humanos, del derecho sobre trabajadores migrantes, y del derecho humanitario. Pero todas las personas migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades fundamentales e inalienables que son universalmente reconocidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, de la cual por supuesto México es signatario.

Mientras que algunos derechos humanos y libertades no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias limitadas, ser derogados, los derechos humanos fundamentales y las libertades nunca pueden ser suspendidos, por ejemplo, el derecho a la vida, y la libertad de la tortura. La masacre de San Fernando, en Tamaulipas ha demostrado que en México esta garantía no existe.

 

Hasta antes de hacerse pública la matanza de San Fernando, para las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación, los inmigrantes eran personas “ilegales”. La utilización de este término conduce a decir que los seres humanos en sí mismos son ilegales. Este calificativo demuestra una tendencia a la criminalización de la migración, haciendo pasar al migrante que entra en un territorio nacional sin sus papeles en regla, por un delincuente.

En México son numerosas las detenciones de migrantes por miembros de cuerpos sin facultad legal de hacerlas. El objetivo principal de estas detenciones es la extorsión, acompañada muchas veces por violencia, amenazas, agresiones sexuales y en los últimos años se han incrementado las historias de secuestro y muerte. Todo esto ocurre a lo largo del trayecto que recorren las y los migrantes centroamericanos por México, y todo pasa en medio de una situación de total impunidad y, muchas veces, complicidad de agentes del Estado mexicano. En 2008 la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos visitaron juzgados y centros de defensa de los derechos humanos en nuestro país, y no encontraron un solo caso de condena judicial por los abusos contra las personas migrantes.

La matanza de San Fernando no ha sido más que la punta del iceberg. Las violaciones y abusos contra de los derechos de las personas migrantes en México han sido una realidad quizá incluso peor que la que las personas migrantes mexicanas viven en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Arriaga, Chiapas cuando tratan de montarse en el tren que los lleva hacia la frontera con Estados Unidos, la empresa de ferrocarril contrata “garroteros”, es decir personal de seguridad que colabora con las fuerzas policiales para interceptar, golpear y detener a las personas indocumentadas. En el famoso operativo llamado “Relámpago” han fallecido muchas personas migrantes. Nadie ha sido castigado por estos crímenes. La terrible masacre de San Fernando dejó al desnudo la incoherencia del gobierno mexicano, que exige a los Estados Unidos un trato humanitario para su gente y al mismo tiempo violenta sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

Y en algo que podría considerarse el colmo de todas las violaciones a los derechos humanos nos encontramos las irregularidades y deficiencias que hacen que hoy, este texto, esté dedicado a un migrante desconocido. Él no era un desconocido, tenía una historia, un rostro, una familia, una vida. El Estado mexicano además de no haberle garantizado su derecho a la seguridad, a no ser víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tampoco ha sido capaz de garantizar su derecho a la identidad, nombre y nacionalidad. Cuando alguien muere la ley obliga a las autoridades a comunicar al consulado para la entrega del cuerpo, pero muchas veces las autoridades se deshacen de los documentos para evitarse los trámites burocráticos y los fallecidos son clasificados como NN (no identificados). Todos estos cuerpos son enterrados en fosas comunes. En el cementerio de Tapachula, Chiapas, por ejemplo, esta fosa común está debajo de un basurero. No informar a los familiares sobre donde está enterrada una persona, constituye una violación del artículo 7 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y puede ser clasificado como tortura. ¿Cuántos casos así habrá en México?

Pareciera que las autoridades mexicanas hubiesen sido “sorprendidas” por la matanza de San Fernando, pero no fue así. En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.

Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses era escalofriante y, sí, realmente lo es.

Así, la CIDH señaló que el Estado mexicano debía redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continuara reproduciendo. Nada hicieron, pasaron los meses y así llegó el 23 de agosto de 2010, un día que sacudió al mundo cuando salieron a la luz los horrores que ha permitido un Estado que se jacta de ser promotor y protector de los derechos humanos.

Tres semanas después de que el mundo conociera la tragedia de San Fernando, el Congreso de la Unión aprobó una reforma legal por la que se permitirá a los migrantes indocumentados presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos en México y les da garantías para recibir atención médica sin que sea revelada su situación migratoria. Nada más vergonzoso. ¿Por qué no habían hecho este trabajo antes? Era simplemente una modificación a la Ley General de Población, una reforma que quizá en algo habría ayudado para evitar la masacre.

La reforma establece que “no se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables”. Pero ¿es que acaso no eran suficientes los tratados internacionales firmados por México? Antes de la modificación, la ley sólo señalaba que los extranjeros podían realizar trámites siempre y cuando comprobaran su estancia legal en el país. Eso era ya una violación al derecho internacional de los derechos humanos. Una entre muchas violaciones que México comete día con día.

 

Publicación original: http://www.72migrantes.com/migranteSolo.php?id=58

 

Con los años a cuestas… y en la calle*

Por: Elizabeth Palacios

Probablemente la situación más vulnerable que una persona puede sufrir en su dignidad humana es la indigencia o el abandono social. Esta vulnerabilidad se incrementa con la implementación de políticas públicas excluyentes que derivan en la discriminación de los sectores de la sociedad más desprotegidos.

En 2006, el investigador de El Colegio de México, Julio Boltvinik, aseguró que según el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), viven en el Distrito Federal 5.4 millones de personas pobres y 1.3 millones de personas indigentes.1 Las cifras oficiales más recientes hablan de entre 15 y 20 mil personas que viven en las calles de la ciudad de México. Aunque no hay reglas para la indigencia, existen dos grandes grupos de personas sin hogar: las personas adultas mayores y las niñas, niños y adolescentes:

Los primeros, entre 50 años y más, generalmente carecen de medios y posibilidades para mantenerse por sí solos. Fueron echados a la calle por sus familias, abandonados en asilos de los que luego escaparon, o bien con el paso del tiempo perdieron a todos sus parientes cercanos.2

Las instituciones gubernamentales tienen ubicados, a lo largo de toda la ciudad, puntos de encuentro que las poblaciones en situación de calle utilizan para concentrarse: bajo los puentes de Tlalpan, División del Norte, Churubusco y Periférico, construcciones abandonadas, edificios a punto de derrumbarse, las alcantarillas y respiraderos del Metro, nichos subterráneos de Teléfonos de México o de la Comisión Federal de Electricidad, o pasos a desnivel; según los números de la Dirección General de Asistencia e Integración Social del Gobierno del Distrito Federal, de las personas que vagan por la ciudad de México, apenas uno, o máximo dos de cada 10, son reinsertados en sus núcleos familiares. 3 La política anterior era “captar” a las personas para que acudieran a los albergues:

Los operativos para “captar” indigentes se iniciaron en 1964, con la simple idea de “limpiar” las calles de la ciudad. El estado de salud de los “captados”, su situación económica, psicológica o social importaban poco o nada. De lo que se trataba era de mejorar el paisaje urbano, incluso a fuerza.4

Muchos y muchas no querían, tal como ocurre hoy en día; se resistían entonces y lo hacen ahora, aunque se les invite con cortesía. ¿Los motivos? Maltrato, sensación de pertenencia a un espacio o unos cartones, adicciones–las personas adultas mayores en su mayoría son adictas al alcohol– y miedo a perder lo poco que les queda de autosuficiencia.

¿Asistencia o limpieza social?

Durante la anterior administración del gobierno capitalino (2002-2006) se contrató a Rudolph Giuliani para que realizara una propuesta de seguridad en las calles desde su experiencia como alcalde de Nueva York, la cual se adaptaría a la capital mexicana. Con base en sus recomendaciones se legislaron en la ciudad de México varias estrategias que han convertido la sobrevivencia en las calles en infracción, y para muestra basta revisar la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004.5 De enero de 2005 a diciembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 94 quejas por presuntas violaciones a garantías individuales, de las cuales se desprende que las personas
en situación de calle tenían la calidad de agraviadas.

Las distintas acciones que los gobiernos han realizado en las tres últimas décadas para la atención de poblaciones callejeras se mantuvieron en el mero asistencialismo. La mayor parte son planes que responden a coyunturas políticas y que carecen de continuidad. No consideran infraestructuras ni asignación de recursos diferenciados, ni toman en cuenta la evolución y complejidad del fenómeno social de las poblaciones callejeras.6

Y así, mientras quienes llevan a cabo estos programas asistenciales han asegurado desde el principio estar “tejiendo esperanzas”,7 la realidad es que sobrevivir en estas condiciones violenta los derechos humanos, y las políticas de carácter asistencialista no cambian realmente el destino de estas personas.

Este año el gobierno capitalino construirá un nuevo Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) para población en situación de calle, una instancia que brindará alimentación y alojamiento para pernoctar a unas 400 personas; pero, ¿en qué condiciones están los CAIS que ya existen?

“Me llamo como quieras, pero lo importante es que estoy aquí por necesidad”, le dice a la reportera un hombre de alrededor de 60 años alojado en el albergue de la Plaza del Estudiante, uno de los centros de ayuda que instaló el gobierno capitalino para auxiliar a personas que viven en la calle […] En ese sitio la gente sólo puede quedarse a dormir, no está autorizada a permanecer todo el día, y debe respetar el reglamento, que incluye no llegar al lugar bajo los efectos de drogas o alcohol. Siempre hay una fila de indigentes o personas en situación de riesgo que quieren entrar a lavarse con agua caliente y jabón, cenar y dormir, los servicios que brinda el lugar. Y esa fila es “muy larga”, asegura Ramsés, un voluntario del albergue que prefirió revelar sólo su nombre de pila.

El entrevistado comentó también que, en la mayoría de los casos, los indigentes “llegan en estado de ebriedad, pero finalmente no entran y siempre están reclamando. Terminan pernoctando en la calle”, dijo. Señaló además que los días con mayor asistencia, “la gente duerme en el suelo, ante la falta de camas”. Para Ramsés, esta situación es “muy triste, porque revela que no son óptimas las condiciones del albergue”. El voluntario criticó la comida del lugar, a la que calificó de “insalubre”, y explicó que “no hay atención médica especializada” para la gente que acude.“Los que atienden son burócratas del gobierno capitalino”, apuntó. “Y para colmo no hay seguridad”, añadió. Sólo dos policías cuidan el lugar. Ramsés opinó que se debería brindar servicios psicológicos a los indigentes y niños de la calle. “Vi que de cada 10 indigentes, por lo menos cinco estaban mal psicológicamente –clarificó–. Algunas veces se pelean, se quitan las sillas, la comida… Es una situación complicada”.

“La primera vez que estuve en el albergue –remarcó–, me sentí como si estuviera en el Fray San Bernardino (un hospital psiquiátrico mexicano)”. Y a Ramsés no la falta razón: sólo hay una enfermera para atender a quienes lleguen al albergue, los baños están muy sucios y es difícil echar un vistazo dentro del lugar, porque el personal es muy reticente.8

De acuerdo con el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal, elaborado por la CDHDF en 2007, en poco más de 83% de las áreas de baño de los seis centros revisados se encontraron encharcamientos de agua y orines, olores perniciosos y residuos (fecales y/o de alimentos) en las paredes; cerca de 67% presentaba basura en los pisos y en 50% se observó presencia de fauna nociva o restos de la misma. En 67% de las áreas de cocina de los CAIS no había contenedores para la basura acumulada, por lo que se encontró basura fuera del área destinada para su acopio y fauna nociva o restos de ella; el personal no usaba cofia, cubrebocas ni guantes, y el manejo de la loza y utensilios de cocina era inadecuado.

Respecto a la limpieza de las áreas de dormitorio de los centros, las y los visitadores de la CDHDF dieron cuenta de lo siguiente: 1) los olores perniciosos en cerca de 67% de los dormitorios; 2) en uno de los centros, los beneficiarios sacudían las cobijas y refirieron que era“para quitarles los piojos”; 3) las personas beneficiarias acumulaban entre sus pertenencias ropa sucia y alimentos, y 4) en el dormitorio de los beneficiarios postrados de uno de los centros había un espacio para consumo de alimentos, en medio de olores perniciosos y gatos callejeros. 9

Ante este panorama cabe preguntar: ¿de verdad estos centros están hechos para que las personas dejen la calle y puedan vivir dignamente, o solamente sirven para“limpiar la ciudad”? En conferencia de prensa en marzo de este año, Martí Batres, secretario de Desarrollo Social capitalino, dijo que el albergue de Atlampa, donde en otro tiempo estuvo la población postrada, actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación a fin de alojar de forma permanente a las personas que viven en la vía pública y ofrecerles servicio médico, así como actividades recreativas y culturales.10 Habrá que ver si será cierto, pues mientras las “soluciones” no cambien su perspectiva, la gente seguirá prefiriendo dormir en las calles que ingresar a alguno de estos centros asistenciales.

El caso de la Casa Xochiquetzal

Hace más de dos años que el gobierno capitalino anunció el inicio del proyecto Casa Xochiquetzal, en colaboración con la asociación civil Semillas. El objetivo era crear un espacio de vivienda digna para sexoservidoras de la tercera edad, sin embargo éste no ha cumplido con las expectativas de todas las mujeres que han pasado por sus muros:

María Luisa Chávez vivió durante año y medio en este lugar […] pero las condiciones impuestas por una nueva dirección la obligaron a refugiarse en casa de su hijo. A sus 66 años ha vuelto al Jardín Loreto con la intención de “hacerse unos ratos”, aunque sabe que en una semana podría tener sólo un encuentro a cambio de 70 pesos. Sus visitas al Hospital Gregorio Salas para curaciones en su pie derecho, la depresión y las presiones de horarios que dice haber experimentado en la Casa la llevaron a dejar la vivienda.

[…] un viernes llegó a la Casa a las 11:00 horas, después de una consulta médica, y la directora, Rosalba Ríos, le hizo saber que no podía entrar a deshoras. María Luisa le explicó que había ido a curación pero “hasta me quitó la calceta para ver y me dijo que no era una curación del día. Me dijo que ya no alcancé desayuno y no me quería dejar salir a desayunar en la calle”.

Por ser diabética esta mujer asegura sufrir bajas de azúcar si no ingiere alimentos, hecho que le costó por ausentarse por una hora. Sin embargo, los problemas con sus hijos hicieron que María Luisa volviera a salir al siguiente día:“estaba mal moralmente y había tenido un disgusto, vine a platicar al parque para que se me pasara la depresión y ya no me dejaron entrar” […] “En diciembre, en los meros fríos me echó para afuera”. El castigo fue de dos meses: “me dijo que después fuera y a ver si había oportunidad de volver”.

Otra de las mujeres que dejó la Casa tiene 56 años y prefiere mantener su nombre en anonimato. Ella asegura haber sufrido la discriminación de sus propias compañeras y los castigos de la directora. “Cuando no obedecíamos las órdenes la señora Rosalba decía que no íbamos a salir, sino a estar sentadas en el patio o en el cuarto, o no nos daban de comer o merendar”.11

Como ellas, afirman, muchas otras han abandonado la Casa y han vuelto a las calles o se han ido con familiares.

El derecho a la salud y a la vida, aún en la calle

En septiembre de 1995, la CDHDF emitió la Recomendación 13/1995,12 la cual tuvo su origen en un suceso doloroso: la muerte anunciada, y tal vez evitable, de un hombre menesteroso en la calle, sin que –a pesar de las insistentes llamadas telefónicas de los vecinos– autoridad alguna le prestara atención con el argumento de que se trataba de un indigente en estado etílico y que no se atiende a ese tipo de personas.

En una actitud abiertamente discriminatoria, tanto el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) como la Cruz Roja Mexicana tuvieron conocimiento del peligro que corría la vida del hoy occiso, sin embargo, argumentando que “a ese tipo de personas no las reciben en los hospitales”, le negaron la atención médica oportuna, violentando a todas luces su derecho a la salud y a la vida misma.

Las adicciones son parte de la vida en la calle y las políticas públicas que se implementen dirigidas a la atención de la población callejera deben tomar eso en cuenta. No se puede argumentar que se niega atención médica o acceso a algún programa simplemente por ser víctimas de una enfermedad como el alcoholismo o la drogadicción o, peor aún, por estar en situación de calle, sobre todo si además se trata de personas adultas mayores. Los programas deben ser integrales y no limitarse a la mirada asistencial. Los cuerpos de rescate, oficiales y voluntarios, deben saber que los hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal están obligados, en todos los casos de urgencia, a recibir y brindar la atención médica necesaria a toda persona. Las poblaciones callejeras tienen derecho a una vida digna, sin violencia ni discriminación.

* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y publicada el pasado mes de Julio en la Revista DFENSOR, órgano oficial de difusión de dicha institución.

Notas al pie de página: 

1 Julio Boltvinik, “La pobreza en el Distrito Federal/i”, Economía Moral en La Jornada, noviembre de 2006, véase
<www.jornada. unam.mx>,
página consultada el 22 de junio de 2009.
2 Luis Guillermo Hernández, “Deambulan por las calles unos 20 mil indigentes” en El Universal, 2 de marzo de 2008, véase
http://www.el-universal.com.mx/ciudad/89162.html,
página consultada el 18 de junio de 2009.
3 Idem.
4 Jesusa Cervantes, “Una noche con los olvidados. Indigencia en el DF” en Masiosare,
suplemento de La Jornada, 19 de septiembre de 1999.
5 Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, disponible en
<http://www.provecino.org.mx/pdfs/leyes/Ley_CulturaCivica_DF.pdf&gt;,
página consultada el 22 de junio de 2009.
6 Cristina Pérez-Stadelmann, “Aplican ‘limpieza social’ a indigentes” en El Universal, 15 de marzo de 2009, véase <http://www.eluniversal.com.mx/ primera/32641.html>, página consultada el 19 de junio de 2009.
7 Lourdes Godínez Leal, “Programa para indigentes y personas en abandono social. En el DF, se reconstruye el futuro y tejen esperanzas” en cimac Noticias, 22 de diciembre de 2006, véase
<http://www.cimacnoticias.com/site/06122210-En-el-DF-se-recons.16009.0.html&gt;, página consultada el 24 de junio de 2009.
8 Rosalía Vergara, “Los albergues para indigentes están llenos de problemas” en Terra Magazine, 17 de diciembre de 2007, véase
<http://www.ar.terra. com/terramagazine/interna/0,,EI9096-OI2157763,00.html>,
página consultada el 19 de junio de 2009.
9 CDHDF, op. cit., pp. 123-134.
10 Mónica Archundia, “El gdf construirá nuevo albergue para indigentes” en El Universal, 8 de marzo de 2009, véase
<http://www.eluniversal.com.mx/ notas/582064.html>,
página consultada el 18 de junio de 2009.
11 Mónica Archundia, “Ancianas denuncian abusos en albergue” en El Universal, 31 de enero de 2009, véase <http://www.el-universal.com.mx/ciudad/ 93897.html>, página consultada el 18 de junio de 2009.
12 Recomendación 13/1995, disponible en
<http://www.CDHDF.org.mx/index. php?id=rec1395>,
página consultada el 19 de junio de 2009.

El crimen de odio: la cara más brutal de la discriminación

Por: Elizabeth Palacios

Los crímenes de odio por preferencia u orientación sexual y por expresión o identidad de género son la cara más brutal de la discriminación que viven día con día las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgenéricas y travestistas (LGBT). Los asesinatos permanecen ocultos como homicidios simples o calificados como “pasionales” sin que la discriminación sea considerada como un elemento en la investigación.

En México no existen cifras oficiales sobre estos delitos pero la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia ha sido fundamental para la visibilización de este fenómeno, particularmente en el centro del país, haciendo censos a partir de las notas publicadas en los medios de comunicación sobre los asesinatos a personas LGBT. De acuerdo con el Informe Anual de Crímenes por Homofobia 2005/2006, publicado por Letra S, México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a asesinatos por homofobia pues fueron registrados 420 de 1995 a 2006.

Según esta fuente, por cada homicidio denunciado, dos no llegan a oídos de las autoridades, por lo cual, se estima que la cifra podría elevarse a 1 260 asesinatos de este tipo. Existen casos especiales y reveladores que han ocurrido en los últimos años: Octavio Acuña fue asesinado el 21 de junio del 2005 en la ciudad de Querétaro, su cadáver fue encontrado desangrado en el suelo con seis puñaladas mortales; Jaime Javier López, conocido como Vanesa, fue hallado muerto el 20 de junio del mismo año en el municipio de Villa Álvarez, Colima, en medio de un charco de sangre y con varias heridas de arma blanca en el pecho, abdomen, cuello, tórax y el rostro, prácticamente desfigurado. En los dos casos, las víctimas habían presentado quejas contra policías de sus estados.

Emilio Zúñiga Mendoza, de 13 de años de edad, fue encontrado sin vida el 7 de marzo de 2006 a las afueras de Azoyú, Guerrero; su cuerpo estaba boca abajo, con la cabeza completamente aplastada por piedras. Él no tenía hogar y se prostituía; Rosendo Fidencio fue ahorcado y envuelto en varias cobijas en Los Reyes La Paz, Estado de México, el 29 de marzo de 2006. Junto al cadáver se encontraba un recado que decía “no queremos gays”; José Ernesto Leal López, activista por los derechos de los homosexuales en Matamoros, Tamaulipas, fue golpeado, apuñalado en ocho ocasiones y degollado en enero de 2007.

Por definición los crímenes de odio se caracterizan por la saña con que son cometidos, lo que refleja la necesidad psicológica del asesino, no sólo de causar daño a su víctima, sino de castigarle hasta el exterminio. Leal López, igual que los demás, no fue víctima de robo, en cambio, sí había hecho gestiones a favor de gays y lesbianas del estado, lo que presumiblemente pudo causar su muerte. En octubre de 2008, el presunto asesino de José Ernesto fue declarado inocente y liberado luego de 19 meses de estar preso purgando una condena de 12 años de cárcel.

Los pendientes del Estado mexicano

El Estado mexicano tiene dos importantes deudas con los derechos de las personas LGBT y con el combate a este tipo de crímenes: las y los legisladores locales y federales deben hacer las reformas necesarias para la tipificación de los crímenes de odio por orientación o preferencia sexual y por expresión o identidad de género, mientras que el Ejecutivo federal debe cumplir con su obligación de decretar el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que desde el 21 de noviembre de 2006, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó –a la fecha, el Poder Legislativo ha enviado dos exhortos al Ejecutivo federal, pero hasta el cierre de esta edición no se ha emitido decreto alguno–. En relación a la tipificación del delito de crimen de odio, el mes pasado este avance se dio en la legislación colombiana, país donde se incrementaron los asesinatos a personas LGBT recientemente, pero ¿qué representaría la tipificación de este delito en México?

Rodolfo Millán Dena, abogado de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, explicó en entrevista que definir el delito es fundamental para la visibilización y, por supuesto, para combatir la impunidad. Tras años de cabildeo ya existe una iniciativa, presentada por el Partido Socialdemócrata, pero Millán afirma que ésta no fue resultado de un trabajo conjunto y que puede mejorarse, sobre todo en reformular las definiciones que en ella se incluyen. Esta iniciativa pretende reformar los artículos 125 y 139 del código penal vigente para el Distrito Federal, relacionados con el crimen, e incluir un artículo, el 125 bis, preludio a una tipificación de los crímenes de odio, y que señala: “El que prive de la vida a una persona por su sexo, edad, preferencia sexual, identidad genérica, pertenencia étnica o religión, se le impondrá prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio”.

Mientras los crímenes de odio no estén tipificados en la normatividad seguirán siendo encasillados como crímenes pasionales lo que, a juicio de Rodolfo Millán, contribuye a la invisibilización, culpabiliza a la víctima e incluso justifica socialmente la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT. Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto trabaje a favor de la no discriminación y en contra del estigma asociado a la disidencia sexual. El abogado reconoció que un importante logro ha sido la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal pues legitima socialmente la existencia de relaciones homosexuales o lésbicas, y demuestra que las leyes sí pueden contribuir al cambio cultural que se necesita para avanzar hacia la tolerancia y el pleno ejercicio de los derechos humanos. El especialista asegura que tipificar los crímenes de odio es el paso siguiente pues el Estado debe ser firme en el combate a la discriminación y el estigma, sobre todo porque nadie puede negarse a la aplicación de la justicia y a la defensa del derecho a la vida por encima de todo, ni siquiera los sectores más reaccionarios.

Dejar la patria: la migración forzada de personas LGBT

Y como reza un dicho popular… “mientras son peras o son manzanas” en México está más que demostrado que la homofobia mata, por ello muchas personas LGBT ven en la migración forzada la única posibilidad de vivir plenamente, sin el estigma que los persigue en su patria. El diario La Presse, de Canadá, reveló el mes pasado que un número considerable de personas que solicitan asilo al gobierno canadiense provienen de México y Nigeria, la mayoría son homosexuales en espera de obtener el estatus de refugiados. William Leclerc, reportero de La Presse, indicó que tras una solicitud al sistema de transparencia de información del gobierno de Canadá sobre la cantidad de personas que solicitan asilo, las cifras pusieron a México a la cabeza de la lista con 9 465 solicitudes. Cabe señalar que en 1993 Canadá reconoció a la homosexualidad como un motivo para obtener asilo político, puesto que los demandantes se conciben como perseguidos por el hecho de pertenecer a una minoría social. Así, las minorías sexuales se sumaron a aquellas que están con riesgo de sufrir tortura, actos violentos, o ser asesinados por motivos de raza, religión, ideología política o nacionalidad. La documentación de la persecución, la violencia y particularmente de los crímenes de odio por homofobia ha sido fundamental para que el gobierno canadiense brinde apoyo a personas mexicanas que han solicitado el estatus de refugiados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género, afirma que las principales denuncias de discriminación y violencia hacia las personas LGBT en la ciudad de México se dirigen contra agentes de seguridad pública y procuración de justicia, quienes las hostigan, maltratan o detienen arbitrariamente, vulnerando su derecho a la libertad personal y su seguridad jurídica. Pero no podemos olvidar que el Estado también tiene una responsabilidad por omisión, y debe cumplir los pendientes que tiene en materia legislativa y de políticas públicas para erradicar la discriminación, acabar con el estigma y ver por el interés superior de las víctimas. No basta empuñar el arma homicida para ser un criminal, voltear la mirada nos convierte, a todos y todas, en cómplices de la impunidad.

Tolerancia y respeto: el clamor de la juventud

Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu) decía que una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras y está condenada a desangrarse. Pero hoy, las y los jóvenes siguen siendo objeto de represión, indiferencia o, peor aún, de intolerancia. Se sienten aislados del mundo adulto y por ello buscan construir mundos propios. Nada de eso parece importarle a nadie.

 

Las y los adolescentes construyen su identidad día a día, para ello necesitan sentir que pertenecen a algo. La sociedad debería tener un lugar para ellas y ellos, pero no es así, la cultura socialmente aceptada los rechaza y es momento de construir culturas propias, también llamadas subculturas.

            Así surgen grupos conocidos como tribus urbanas, aunque para Jorge Ronderos Valderrama, sociólogo y docente de la Universidad de Caldas ubicada en Manizales, Colombia el término no es el más adecuado pues tiene un sentido peyorativo y no reconoce que estos grupos juveniles corresponden a un proceso evolutivo de la sociedad, que se adopta con nuevas identidades y diferencias.

Las y los jóvenes que se identifican con dichos grupos son constantemente estereotipados, señalados, discriminados y hasta criminalizados por las personas adultas. Lo lamentable es que la intolerancia se reproduce también entre ellos provocando disputas y violencia, como ocurrió en el mes de marzo en Querétaro y en el Distrito Federal.

 

 

La tecnología al servicio de la intolerancia

 

El ciberespacio se ha convertido en la principal arena de lucha para los grupos juveniles donde, además de dirimir sus disputas, incurren en actos de xenofobia y de discriminación. Protegidos por el anonimato y la velocidad, las y los jóvenes difunden videos y textos que invitan a exterminar a miembros de otros grupos con los que se tiene rivalidad, sobre todo en contra de las y los emos que son las personas más agredidas en estas batallas promovidas por la red. Se les acusa de copiar otros estilos y se les rechaza por la sensibilidad y emotividad que les caracteriza, así como por supuestos intentos suicidas y constantes auto heridas que muestran con orgullo. Llama la atención su necesidad afectiva y el modelo de familia sustituta que construyen entre el grupo, el contacto físico es importante para ellos y ellas, por lo que otro factor de rechazo es que las otras tribus las y los consideran homosexuales.

De acuerdo con el vicepresidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), Agustín Ríos, la incitación a la violencia en contra de una persona o grupo social y la discriminación son ilícitos que se pueden sancionar mediante una denuncia. Sin embargo, cuando estas acciones se realizan a través de Internet resulta complejo detectar al probable responsable. La Policía Cibernética, de la Policía Federal Preventiva (pfp), tiene facultades de carácter preventivo, lo cual la limita para actuar como ente jurídico, y sólo podría coadyuvar si es requerida en el proceso de investigación del Ministerio Público al que un individuo recurra para iniciar una querella.[1]

Así, respaldadas por el anonimato que brinda internet, hay personas que promueven la violencia y la intolerancia entre las y los jóvenes. Algunos miembros de los grupos juveniles niegan que en realidad existan confrontaciones por territorios e incluso dicen aceptar las diferentes ideologías y que lo único que no se tolera es la discriminación,[2] lamentablemente los hechos demuestran que no todos piensan lo mismo.

 

 

Enfrentamientos en México

 

El movimiento Emo está ya en toda América Latina, y las agresiones en su contra también, por lo que México no ha sido la excepción. El 8 de marzo del presente año los medios de comunicación dieron la noticia: “Integrantes de tribus urbanas atacan a jóvenes emo en Querétaro”. Darks, punks y skatos fueron los agresores, convocados a través de internet y volantes distribuidos en las escuelas. Buscaban impedir que las y los emos se reunieran en la Plaza de Armas. Intervino la policía y detuvo a 22 personas menores de edad. Los medios se dedicaron a reiterar que esto era un hecho inédito, dado que dicha ciudad siempre se ha distinguido por su tranquilidad y paz. Sobrevino el rechazo social.[3]

            Posteriormente la violencia por intolerancia entre grupos juveniles se repitió, esta vez en la ciudad de México. El 13 de marzo, un cibernauta de la página <www.larevo.org> convocó a un “ataque masivo” en la Glorieta de Insurgentes, ubicada en el centro de la ciudad de México. La cita fue el 15 de marzo y nuevamente hubo enfrentamientos violentos. El 21 de marzo hubo una nueva convocatoria para expulsar a las y los emos de la Glorieta de Insurgentes que participaban en una reunión con autoridades gubernamentales. En esa ocasión no hubo violencia, gracias a la implementación de un operativo policiaco, y se logró comprometer a los grupos para la firma de un pacto de no agresión, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf).

Días después dicho pacto fue roto ya que adolescentes emos quisieron ingresar al Tianguis del Chopo, un sitio considerado territorio por grupos como punks, darks y skatos, y nuevamente surgió una trifulca. Lo irónico es que esta disputa, que duró aproximadamente 20 minutos, ocurrió en medio de una marcha por el respeto y la tolerancia, también convocada por internet.[4]

Ante la violencia y la intolerancia, la cdhdf se pronunció por el respeto a las distintas identidades juveniles e incitó al Estado a contribuir para detener las espirales de violencia. Su presidente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que se debe reconocer el derecho a la identidad a partir de ser joven, evitando actitudes discriminatorias al considerarlos parte de la solución y no como un problema.

 

 

Comprender para respetar

 

La Organización de las Naciones Unidas define la tolerancia como el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Afirma que la tolerancia consiste en la armonía en la diferencia, que no sólo es un deber moral, sino una exigencia política y jurídica. Es decir, que todas las personas tenemos el derecho de ser como decidamos y expresarlo sin por ello ser discriminadas o agredidas, incluyendo a las y los jóvenes.

En la práctica, la tolerancia y el respeto para los diversos valores y expresiones culturales de las y los jóvenes están lejos de ser una realidad. Constantemente sufren agresiones y son discriminados por su forma de vestir, su peinado, su música y sus hábitos. Lo cierto es que el fenómeno de las tribus urbanas surge como una de las principales metáforas contrarias al individualismo imperante, sobre todo impuesto por el mundo adultocéntrico y presente en el seno de la familia contemporánea.

Es por ello que, como un recurso, como una reacción al anonimato y la despersonalización de las relaciones sociales inherentes al sistema y la sociedad en curso, las y los jóvenes responden con la tribalización, con apego a los viejos mecanismos de identificación de los que pueblan un territorio común, con códigos éticos y sociales propios, ajenos al sentido de la funcionalidad característica de las sociedades industrializadas, con fisicalidad proveniente del encuentro y a veces, también, de la agresión de los cuerpos, con emocionalidad desarrollada en el encuentro cercano, inmediato, festivo,  con otros que, como él o ella, recorren la ciudad en busca de sus pares, de sus iguales, de los que son parte del mismo clan, de la misma tribu de pertenencia simbólica.[5]

María José Hooft, autora del libro Tribus Urbanas: una guía para entender las subculturas juveniles de la actualidad y profesora en el Instituto Bíblico Río de la Plata, en Argentina, afirma que la mayoría de las y los chicos que forman parte de una subcultura juvenil no son violentos, ni vagos, muchos de ellos y ellas estudian o trabajan, y tienen padres que se ocupan de ellos. La académica asegura que actualmente una gran cantidad de jóvenes en América Latina viven en medio de incertidumbre e inseguridad lo que motiva esta búsqueda intensa de pertenencia e identidad grupal para enfrentar las crisis.

Por su parte, la antropóloga argentina Mariana Chávez propone trascender las interpretaciones mediáticas y observar estas subculturas juveniles sin prejuicios, intentar ver más allá de la violencia o las actitudes contestatarias, tratar de entender que las peleas entre grupos de jóvenes por la ocupación de un espacio público pueden estar indicando algo más que sólo diferencias estéticas. Asegura que el fenómeno debe abordarse fundamentalmente desde un esfuerzo para comprender al otro, desde un análisis de sus consumos, pero también desde sus prácticas, producciones y acciones, sin subestimarlas.[6]

La próxima vez que en el Metro, en la calle, en el parque o en donde sea, vea a una persona joven vestida en forma distinta, que se expresa a su manera, no piense que “son vagos”, que “deberían hacer algo bueno”, no juzgue ni etiquete, no tenga miedo. Las y los jóvenes tienen derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la no discriminación y, por supuesto, a vivir una vida libre de violencia. Necesitan espacios de pertenencia para construir su identidad. Para que este sector de la población pueda ejercer plenamente sus derechos humanos la lucha contra el estigma es fundamental y así, como afirmaba Quino, tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.

 


* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Periodistas por la Seguridad Ciudadana y la Equidad.

[1] “Luchan tribus urbanas en el ciberespacio” en Tabasco Hoy, 25 de marzo de 2008. Véase <www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=152282>. Página consultada el 20 de octubre de 2008.

[2] “Infiltrados quienes portaban playeras anti-emo; dice dark” en La Jornada, 31 de marzo de 2008. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=sociedad&article=043n1soc>, página consultada el 20 de octubre de 2008.

[3] “Integrantes de tribus urbanas atacan a jóvenes emo en Querétaro” en La Jornada, 9 de marzo de 2008, México. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=estados&article=031n1est>, página consultada el 1 de octubre de 2008.

[4] “La tolerancia de tribus urbanas sólo fuera de sus territorios; impiden a emos pasar al Chopo” en La Jornada, 30 de marzo de 2008. Véase <www.jornada.unam.mx/2008/03/30/index.php?section=capital&article=029n1cap>.

[5] Juan Claudio Silva, “Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad” en Última década, núm. 17, septiembre de 2002, Centro de investigación y difusión poblacional de Achupallas, Villa del Mar, Chile. Véase: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19501705.pdf&gt;, página consultada el 1 de octubre de 2008.

[6] “De la tribu a la comunidad: jóvenes en banda” en Diario Hoy, 15 de septiembre de 2008, Argentina. Véase < http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268583118/pael/De-la-tribu-a-la-comunidad:-j%F3venes-en-banda/?1024&gt;, página consultada el 1 de octubre de 2008.

Justicia en lengua indígena: deuda histórica

 

La sociedad mestiza tiene muchas deudas con la población indígena[1] desde hace siglos, pero en materia de justicia, una de las más graves es la falta de comprensión de su cultura y, sobre todo, de su idioma. La posibilidad de que los más de 10 mil indígenas presos en las cárceles de todo el país tengan un proceso justo se encuentra aún lejana. Acusados de delitos como homicidio y robo, del fuero común, y tráfico de drogas y secuestro, en el federal, ingresan a prisión sin conocer el motivo por el que son encarcelados ni entender las acusaciones en su contra.

Esta falta de procesos justos se agudiza en las grandes ciudades, donde esta garantía se viola constantemente. Contar, por ejemplo, con defensoras o defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propio idioma, presentar como dictámenes culturales y lingüísticos medios de defensa, son disposiciones legales establecidas en México hace 15 años, que apenas comienzan a aplicarse.

 

En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que realizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), se señala que es en el campo de la procuración y administración de la justicia donde se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación y abusos. En dicho informe se indica que muchos indígenas indiciados se encuentran desamparados ante los agentes del ministerio público o jueces por no hablar o entender el español y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ese derecho.

La ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, así como el grado de comprensión y la capacidad de expresión en español de las personas indígenas influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa cuando enfrentan un proceso por haber cometido un delito; por ello, en diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual obliga a las autoridades y juzgados penales para contar con traductores en casos donde estén involucradas personas que hablen alguna lengua indígena.

A partir de dicha reforma legislativa, el Instituto Federal de Defensoría Pública deberá actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan. Para ello ha celebrado convenios de colaboración con instituciones que coadyuven en la obtención de esos fines y deberá promover la formación tanto de defensores(as) públicos(as) como de asesores(as) jurídicos(as) bilingües indígenas[2].

Meses antes, el Gobierno del Distrito Federal (gdf) se dio a la tarea de revisar alrededor de 500 expedientes de personas indígenas presas en reclusorios de la ciudad de México. A raíz de esto, salieron a la luz diversos errores, omisiones y absurdos del sistema de impartición de justicia gracias a los cuales decenas de indígenas han perdido la libertad y, en algunos casos, la vida. De acuerdo con los resultados de la revisión general de los expedientes, en al menos 30% de los casos, las personas indígenas no contaron con la asistencia de una o un traductor.

Pero, desde el 22 de junio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (tsjdf) firmaron un acuerdo de conciliación, con el propósito de garantizar la protección a los indígenas sujetos a proceso.

Dicha conciliación establece, entre otros asuntos, que el tsjdf realizará las medidas necesarias para cumplir los preceptos constitucionales y convenios internacionales que den sustento a la protección de las personas indígenas sujetas a proceso. Además, en casos en los que los procesados sean indígenas y exista duda sobre su edad, se aplique a su favor la presunción de minoría de edad. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración para la asistencia de traductores(as) de lenguas indígenas y peritos prácticos culturales en que la autoridad jurisdiccional requiera traducción e información sobre la cultura y los sistemas normativos de un procesado indígena.[3]

El Código Penal para el Distrito Federal establece en el artículo 72, fracción v, que al momento de individualizar las penas se deben considerar factores como la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Si la o el procesado pertenece a un pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres.

La aplicación de una justicia ordinaria sin perspectiva cultural y ciega a la diferencia resulta atentatoria para la identidad indígena y sus conductas culturalmente determinadas. El debido proceso para las personas indígenas en el Distrito Federal se ha dirigido fundamentalmente a tratar de garantizar el derecho a un(a) traductor(a) cuando no se hable suficientemente el castellano y a considerar la diferencia cultural en el momento de la individualización de la pena. Normativamente, apenas se tratan de garantizar estos derechos en etapas muy concretas del proceso y no desde el inicio de la averiguación.

En la práctica, hasta ahora, los avances son muy limitados ya que no se han cumplido a cabalidad estas disposiciones y siguen sin atenderse partes medulares de la procuración e impartición de justicia.

Aun cuando existen ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales que protegen los derechos de las y los indígenas, hay quienes se sienten discriminados al ser objeto de un juicio que no logran entender a cabalidad y al no poder contar con una o un abogado que atienda especialmente su problema.

 

 

Traductores sin reconocimiento ni certificación

 

La falta de certificación de las y los traductores de lenguas indígenas significa un problema en juzgados y oficinas de atención ciudadana del país, y aunque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) realiza reuniones con académicos, especialistas y funcionarios públicos para solucionar este problema, todavía no hay grandes avances. Además, las y los pocos traductores que hay no cuentan con capacitación ni respaldo legal que garantice, en muchos de los casos, ni siquiera su pago.

De acuerdo con el Inali, no se cuenta con un padrón o censo de traductores e intérpretes en México ya que su número es fluctuante al ser personas que están generalmente en las comunidades indígenas.

La institución pretende brindar la certificación a estas personas para que cuenten con documentos que respalden su actividad y así tengan una remuneración adecuada y un reconocimiento en el sistema de administración y procuración de justicia.

Enrique Nava López, director del Inali, considera que lo importante es consolidar la idea de que se garantice la responsabilidad del gobierno de tener a una o un intérprete o traductor certificado en los procesos judiciales para las personas indígenas.[4]

 

 

Lo que dicen las leyes

 

El 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidad indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Según los artículos 3°, 7° inciso a), 9°, 13 fracciones xi y xii y 25 de la referida Ley, las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, las cuales serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública; reconociendo que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante.

Por otro lado, los artículos 5° y 10 de la misma Ley señalan que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, asegurando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la legua indígena nacional de que sean hablantes, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

        En ese mismo año, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), en su acuerdo A/010/03,[5] instruyó a sus agentes del Ministerio Público para que cuando integren averiguaciones previas en las que se encuentre relacionada alguna persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o no hable o entienda suficientemente el idioma castellano o cuando el indígena así lo pida, realicen las diligencias necesarias a efecto de que se le hagan saber, en el menor tiempo posible, los derechos que en su favor consagran las normas constitucionales y legales. Asimismo, se informa que deberán identificar la lengua del hablante y en consecuencia, contactar y pedir los servicios de la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A. C

A pesar de todo ello, cientos de indígenas siguen presos sin haber contado con un juicio adecuado a sus especificidades culturales. Benedicto Ayala, presidente fundador de dicha organización, considera que frecuentemente, no se consigna la pertenecía del sujeto a un pueblo indígena. Esto ocurre muchas veces porque, al ser interrogado, niega su identidad y con ello la oportunidad de que se contemplen y validen sus derechos. Sin embargo, aunque la creencia general es que dicha identidad es negada por miedo a la discriminación, Ayala considera que más bien se debe al desconocimiento del español y de los conceptos que son utilizados, a la par de los tecnicismos jurídicos. El traductor aclara que comprender algo de castellano no significa entenderlo completamente, menos aún en una situación contextual tan cargada de formalismos y tecnicismos.[6]

Las consecuencias que esta negación involuntaria ocasiona son predecibles. No se le proporciona un abogado que alegue las condicionantes culturales de los hechos en que se ve involucrado, no se promueven estudios periciales que den cuenta de las prácticas comunitarias y no se le proporciona traductor por considerar que habla suficientemente bien el castellano. Por todo ello resulta básico que la autoridad aplique los métodos y formule las preguntas necesarias para que las personas indígenas puedan hacer valer su derecho de autorreconocimiento.

Pero no basta con tener un cuerpo de traductores que además resulta insuficiente, ya que sólo se cuenta con hablantes de 33 lenguas indígenas sino que se requiere de la promoción de los usos y costumbres para que jueces, ministerios públicos y todas las personas involucradas valoren y determinen justamente. La organización cuenta actualmente con 247 traductores, además de 12 peritos culturales, que son aquellos que enseñan al juez sobre las costumbres de cada pueblo.[7]

Y es que, pese a estos esfuerzos, existe la práctica nociva de que sólo se procuran los traductores para personas indígenas monolingües o cuando existe una dificultad evidente de comunicación por parte del Ministerio Público, es decir, se constituye más bien en una prerrogativa para la autoridad en lugar de un derecho de la persona indiciada.

Nuestra Carta Magna no pone esta condicionante, pues en su artículo 2°, apartado B, fracción viii establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Además, por lo que toca al indígena en su calidad de víctima o denunciante, el derecho al traductor es todavía menos operante.

Ante dicha realidad, es necesario que el derecho al traductor y a la defensa que considera los factores culturales se haga valer desde el inicio de la averiguación y, en todo momento, de manera universal para cualquier persona indígena, tanto en su calidad de probable responsable como de víctima del delito, y no sólo a aquellas que por su capacidad de comprensión, apoyo de la defensa o buena voluntad del Ministerio Público logren reclamarlo. Para ello se requiere de una política consistente en esta materia y no solamente de normas aisladas, a fin de ir materializar las garantías procesales y constitucionales ya señaladas.

Frente a las condiciones de desigualdad, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar situaciones de diferencia que impiden el desarrollo del ser humano, sin embargo, en la actualidad se mantiene el reto para la defensoría pública de superar la inequidad que padecen las personas indígenas cuando enfrentan un proceso.

La colaboración de diversas instancias es necesaria para atender esta situación ya que, el acceso a la jurisdicción del Estado, con respeto pleno a la diferencia cultural, es un derecho reconocido constitucionalmente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

 

 

 


* Investigación especial realizada por Elizabeth Palacios, colaboradora de la cdhdf.

[1] En México 12.7% de la población nacional es indígena. Existen 62 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades urbanas o locales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.

[2] “Contarán con traductores indígenas juzgados penales”, en El Universal, México, 12 de diciembre de 2007. Véase: <www.eluniversal.com.mx/notas/467500.html>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[3] Véase: <www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol6004>. Página consultada el 1° de julio de 2008.

[4] Véase en internet: <http://www.magisterio.com.mx/archivo/2006/enero/htm/p4_traductores.htm&gt;. Página consultada el 28 de junio de 2008.

[5] Véase en internet:  <http://www.pgjdf.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/2003/A-010-03.asp&gt;. Página consultada el 26 de junio de 2008.

[6] Informe especial sobre los derechos de las comunidades indígenas residentes en la ciudad de México 2006-2007, cdhdf, México, 2007, pp. 64-70.

[7] “Falla la traducción para reos indígenas” en Reforma, 17 de junio de 2007. Vease en internet: <www.reforma.com>. Página consultada el 1 de julio de 2008.

Presos políticos en América Latina*

 

Pasan los días entre gruesos muros que les aíslan del exterior. Algunas de estas personas están en la cárcel o en campos de trabajo forzado desde hace años, únicamente por haber expresado ideas o por haber organizado actividades pacíficas que no eran del agrado de los gobernantes de su país. Son presos(as) de conciencia.

La prisión política no es cosa del pasado ni exclusiva de gobiernos dictatoriales. La humanidad se sigue negando a aprender de su propia historia, prueba de ello es que todavía en muchos países del mundo existe un escenario de impunidad que ha permitido que miles de personas purguen condenas debido a que sus religiones, ideologías u opiniones políticas se contraponen a los intereses de gobiernos y Estados.

 

 

La represión hacia el pueblo mapuche en Chile

 

En diciembre de 2001, quedaron reducidas a cenizas 100 hectáreas de una plantación de pinos del predio Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile. Para juzgar éste y otros casos, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue modificada en democracia.[1] Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

Los condenados por este caso, recluidos en la prisión de Algol, siempre se han declarado inocentes de los cargos. Tan solo entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 indígenas mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos fueron detenidos golpeados y maltratados en manifestaciones. En 2006 algunos de los indígenas mapuches todavía presos iniciaron una huelga de hambre,[2] en esa ocasión terminaron el ayuno esperanzados en la aprobación de un proyecto de ley presentado por parlamentarios oficialistas que abría la posibilidad de que fueran liberados, pues modificaba un decreto de libertad condicional. Esa alternativa, después rechazada por el parlamento, surgió luego de una fuerte campaña de sensibilización nacional e internacional.[3]

Con el gobierno de Michelle Bachelet la represión se mantuvo, aunque ya no se aplicó la ley antiterrorista.

En marzo de 2007 fueron liberados el lonko Pascual Pichun, Víctor Ancalef y Aniceto Norín lo que provocó una reacción positiva y esperanzadora entre la sociedad civil.[4] Tres meses más tarde, en el marco de su primera visita de Estado a Suiza, Bachelet aseguró ante los medios que los presos mapuches no eran presos políticos pues intentaron resolver las cosas mediante una forma que “no es democrática ni pacífica” asegurando que cometieron delitos e incendiaron propiedades.

Tales declaraciones tuvieron reacciones adversas al gobierno chileno, tanto en el extranjero como al interior del país donde diversos organismos afirmaron que las palabras de la presidenta revestían mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[5]

Para octubre de 2007 en Chile existían 18 presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol, El Manzano de Concepción y en la de Alta Seguridad de Santiago, según datos de diversas organizaciones civiles.[6] Sin embargo, el pasado mes de noviembre la prensa chilena publicó que la Corte de Apelaciones de Temuco negó el beneficio de libertad condicional a Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia, condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol políticamente, aplicándoles la ley antiterrorista y obligándoles a cumplir una condena de 10 años y un día.[7] Después de eso las y los presos denunciaron tortura y tratos inhumanos y degradantes en su contra en la cárcel de Angol.[8]

El movimiento mapuche ha logrado sortear los embates de la criminalización a través de la movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio en la política indígena y la profundización de la democracia, pero su lucha continúa.[9]

 

 

Venezuela: más de 200 perseguidos y presos políticos

 

En Venezuela hay más de 200 perseguidos y presos políticos por diversas causas, algunos de ellos sin tener el conocimiento de que se les sigue o se les vaya a seguir el “debido proceso” y otros viviendo en condiciones muy precarias, vejatorias de sus derechos humanos.

Desde hace cinco años, los presos políticos venezolanos han vivido: innumerables audiencias aplazadas por cualquier causa ajena a la voluntad de hacer justicia; traslados de los casos de una jurisdicción a otra; encarcelamiento en penales para presos comunes; condenas injustas a decenas de años de cárcel por crímenes que no han cometido, sin ni siquiera considerar una revisión.[10]

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de los presos políticos venezolanos. Este informe será llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con el objetivo de abrir un juicio contra el gobierno del presidente Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad.

Escarrá explicó, en entrevista concedida a la agencia efe en enero pasado, que se retiene a los presos en la cárcel excediendo los plazos legales de permanencia en prisión preventiva que deberían ser de dos años y los mantienen presos entre cuatro y seis.

Cabe destacar que el presidente Chávez firmó un indulto en 2008 para 36 venezolanos que están cumpliendo condena por “distintas razones”, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, la mayoría de los indultados estaban en su casa con prohibición de salida del país y algunos permanecían en prisión por cometer un delito político. Quedando un grupo de presos políticos fuera de esta Ley, como fue el caso de los comisarios Iván Somonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (que llevan cuatro años detenidos), el estudiante Nixon Moreno, el periodista Leocenis García y los generales Rafael Rodríguez y Felipe Rodríguez, el joven Gustavo Arraiz, un empresario que lleva 20 meses detenido luego que fue apresado en Panamá, por orden del presidente Chávez, y llevado a Venezuela sin que mediara procedimiento policial o de extradición.[11]

 

 

Cuba: 220 presos políticos

 

La revolución socialista cumplió 50 años en enero de 2009. Ha sobrevivido a la caída del bloque socialista, de las invasiones, crisis bélicas y económicas, y a la sucesión de su líder Fidel Castro. Los logros más relevantes son en salud y educación. Sin embargo, la falta de libertades es criticada y hoy existen en la isla 220 presos políticos.[12]

Oficialmente en el Estado cubano hay 207 presos políticos, reconocidos por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional. Más de 20% de ellos son periodistas, lo que coloca al régimen como uno de los que mantienen en prisión más periodistas por el mero ejercicio de su profesión. En Cuba se ha encarcelado a personas que intentan expresar puntos de vista distintos a la ideología oficial, que asisten a reuniones no auspiciadas por el gobierno, o que crean organizaciones independientes. Los presos políticos son situados en cárceles alejadas de sus ciudades de origen (hasta 700 km), obligando a las familias a desplazarse largas distancias en un país donde el transporte está en crisis y viajar es un problema.[13]

 

 

Cubanos presos en Estados Unidos: la otra cara de la moneda

 

En 1998 cinco funcionarios del gobierno cubano fueron detenidos en Miami para ser juzgados por espionaje. En 2005 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta resolvió que el juicio celebrado en Miami en contra de estas personas era improcedente.

Una vez que fue condenado el juicio de Miami por el panel de los tres jueces, los cinco funcionarios deberían estar libres, pero continuaron presos; no pueden ver fácilmente a sus abogados; se convierte en tragedia cada vez que se solicita visa para que sus familiares los visiten. El suplicio lleva más de 10 años.

Su defensa exige que se les reconozca como presos políticos, asegurando que no son espías. Aseguran que los cinco están pagando el precio de todo lo que el Estado norteamericano ha querido hacerle a Fidel Castro y que no ha podido.[14]

En diciembre de 2008 Raúl Castro, presidente de Cuba, dijo que podría liberar presos como un “gesto” para abrir un diálogo con el mandatario de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, quien es el primer presidente norteamericano dispuesto a conversar con las autoridades de la isla, resaltó la agencia Reuters. Castro dijo que Cuba estaría dispuesta a liberar disidentes si Estados Unidos excarcela a estos cinco agentes suyos.

Sin embargo, Washington pidió a Cuba que liberara “de inmediato” a los disidentes políticos sin exigir nada a cambio, al considerar ese hecho “independiente” del caso de los cinco cubanos presos en territorio estadounidense que, a diferencia de los presos políticos, “fueron juzgados”.[15]

 

 

Argentina: la represión no es cosa del pasado

 

En Argentina, más de 500 militantes y dirigentes sindicales, sociales y políticos actualmente tienen abierto proceso judicial, como consecuencia de la participación en movilizaciones en contra de la salvaje política económica del gobierno, que arroja la cifra de más de 30% de desocupación en la población. A la fecha sólo se ha conseguido la libertad de 15 presos políticos, siguen privados de su libertad Cristian Ruiz y Chacho Berrozpe, recluidos durante el gobierno de Kirchner.[16] Ni el gobierno ni los medios de comunicación masiva les reconocen como presos políticos, los llaman “luchadores sociales presos o piqueteros”.

Uno de los casos más recientes es el de cuatro miembros del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (mpr-Quebracho) que están presos en el penal de Marcos Paz desde abril de 2007, por haber reaccionado ante el fusilamiento de un docente en Neuquén.

El descontento del mpr-Quebracho es que el gobierno de Kirchner dice apostar por el respeto a los derechos humanos mientras criminaliza a los luchadores sociales, y afirman: “La cárcel contra nuestra organización no nace de la rotura de unos vidrios, […] es contra la resistencia que azota al país de punta a punta y que empieza a preocupar de nuevo al régimen”.[17]

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), asegura que durante el gobierno de Kirchner se acentuó la represión. Afirma que 4 mil militantes están sujetos a proceso judiciales por lo que dicho gobierno ya tiene el mayor número, si se le compara con gobiernos desde 1983 hasta ahora.[18]

            Como puede verse a través de estos ejemplos, las políticas represivas de Estado no sólo son parte de países con regímenes socialistas como Cuba, o con tintes dictatoriales como Venezuela, sino que siguen presentes incluso en países que ya vivieron una represión severa durante las sangrientas dictaduras, como es el caso de Chile y Argentina. ¿Podemos hablar realmente de la democratización de la región mientras se siga encarcelando a la gente por motivos políticos?


* Investigación Especial realizada por Elizabeth Palacios, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Periodistas por la Seguridad Ciudadana y la Equidad.

[1] Véase <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60207&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[2] Véase <http://www.nodo50.org/tortuga/La-totalidad-de-presos-politicos&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

 

[3] Véase <http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86833&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[4] Véase <http://revista.escaner.cl/node/53&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[5] El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su “preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. El Comité manifestó también que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Véase <http://www.elciudadano.cl/2007/06/04/bachelet-asegura-que-mapuches-no-son-presos-politicos/&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[7] Véase <http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/637668.php&gt;, página consultada el 12 de enero de 2009.

[8] “Chile: Tratos Denigrantes y condiciones inhumanas a presos políticos mapuches en cárcel de Angol”. Véase <www.kaosenlared.net/noticia/chile-tratos-denigrantes-condiciones-inhumanas-presos-politicos-mapuch>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[9] Raúl Zibechi, “Chile: Identidad y el territorio. La huelga mapuche”. Disponible en: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=973&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[10] Véase <http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=4880&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[11] Véase <http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a060109e06&id=t060109-e06&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[12] Véase <http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=247258&id_seccion=5&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[14] Véase <http://www.aporrea.org/internacionales/a24692.html&gt;. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[15] Véase <http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?id=786398&#8242;)%22>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[16] Disponible en: <http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/13/presos13.htm&gt;. Página consultada el 19 de enero del 2009.

[17] Véase <www.quebracho.org.ar>. Página consultada el 12 de enero de 2009.

[18] “Los números de la represión kirchnerista”, La Verdad Obrera, núm. 246 / Derechos Humanos, 9 de agosto de 2007.