LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS DEBEN RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Las protestas se han ido incrementando en Honduras con reportes sobre manifestantes golpeados. Una  manifestante de 19 años de edad, Isis Obed Murillo, murió de heridas de bala el domingo.

Amnistía Internacional llama a las autoridades hondureñas a asegurar inmediatamente que el ejercicio militar y policiaco sea contenido durante las protestas. La organización ha dicho que sólo deben usar armas de fuego como el último recurso y cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida.  

 

“Los militares y la policía deben respetar los derechos humanos y asegurar que cualquier uso de la fuerza será proporcional, durante las operaciones para reforzar  la ley y que debe de ser de acuerdo con los estándares de las Naciones Unidas,” explicó Kerrie Howard de Amnistía Internacional. “Se le debe permitir a la gente protestar pacíficamente sin miedo a ser lastimados o a ser injustamente encarcelados.”

 

En un reporte, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en El Progreso. Amnistía Internacional dijo que la organización cree que eran manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente están destinados para castigarlos por sus protestas.

Reportes recientes sugieren que los periodistas encargados de cubrir las protestas han sido intimidados. Amnistía Internacional también ha recibido reportes de ataques en estaciones de radio locales y nacionales.

 

Una granada fue encontrada en el edificio de Radio América y al menos 15 detonaciones fueron disparadas en una estación de radio local, lo que subsecuentemente provocó su clausura. Algunas emisoras de radiodifusión han tenido que cerrar, aparentemente, por miedo a su seguridad.

Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades a investigar estos ataques y a asegurar que las emisoras de radio y periodistas podrán operar abiertamente y de forma segura sin miedo a represalias.

“La forzada destitución del Presidente Zelaya ha dejado a los derechos humanos y al Estado de Derecho en un grave peligro,” aseguró Kerri Howard. “Amnistía Internacional pide porque el Presidente hondureño Manuel Zelaya, pueda regresar a Honduras inmediatamente, sin condiciones y de manera segura.”

 

“Amnistía Internacional también cree que el reciente decreto presidencial, formalizando el Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, puede, si es aplicado sin razón alguna, abrir la puerta a futuras violaciones de derechos humanos.”

De acuerdo a la Opinión Consultiva de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, sin importar sus circunstancias especiales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, la integridad física, a no ser sujetos de tortura o maltrato, y a reforzar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho de habeas corpus.

El Presidente Manuel Zelaya fue detenido el 28 de junio por los militares hondureños y fue forzado al exilio. Las autoridades han rechazado el permiso del Presidente Zelaya para regresar a Honduras y se le negó la entrada a su avión en el aeropuerto de Tegucigalpa el 5 de julio.

 

Ha habido disturbios generalizados en el país desde el golpe, con frecuentes enfrentamientos entre los militares y los manifestantes civiles. La asamblea regional de naciones, la Organización de Estados Americanos, ha expulsado a Honduras como consecuencia del golpe y la negativa de quienes están en el poder para comprometerse en iniciativas políticas para buscar una solución a la crisis.

El desplazamiento forzado del Presidente Zelaya y su expulsión del país ha provocado una condena generalizada internacional de los líderes mundiales, y han sido testigos del retiro de los representantes diplomáticos de la Unión Europea de Tegucigalpa, la capital.

 

AU-I-029-EJECUCIONES POR MILITARES GOLPISTAS -HONDURAS

Ejecución extrajudicial en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa en Honduras.

Domingo 5 de julio de 2009, por Limeddh

Resumen:

El día domingo 5 de julio de 2009, elementos del ejército de Honduras ejecutaron a dos ciudadanos hondureños, uno de ellos menor de edad y dejaron un número importante de heridos, además de evitar el aterrizaje del avión que conducía al presidente y una comitiva internacional encabezados el Secretario General de la OEA.

El contexto en el cual se da esta acción es a través de la llegada del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas hondureñas y los sectores de ultra-conservadores representados en el Congreso Nacional y el Poder Judicial de dicha nación, el domingo 28 de junio de 2009, en contra del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, quien fuera secuestrado y trasladado a la República de Costa Rica, violentando con ello la vida democrática del pueblo hondureño.

Acción solicitada:

Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.

Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:

AU-I-029-EJECUCIONES POR MILITARES GOLPISTAS -HONDURAS

Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

InfoDesk@ohchr.org,civilsocietyunit@ohchr.org, oacnudh@ohchr.org,cidhoea@oas.org

HONDURAS: INTIMIDACIONES A PERIODISTAS Y MANIFESTANTES EN AUMENTO.

 

Amnistía Internacional denunció un aumento en los abusos a los derechos humanos en Honduras e insta a las fuerzas de seguridad a respetar las leyes y los derechos humanos cuando el Presidente regrese a Honduras el fin de semana.

 

Reportes recientes sugirieren que los periodistas que han publicado nuevas historias sobre la crisis o han cubierto el asunto de las protestas y han tratado sobre las detenciones, han sido intimidados. Fiscales también han reportado amenazas como resultado de  sus intentos de verificar los abusos a los derechos humanos durante las protestas.

 

En otro caso, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en “El Progreso”. Amnistía Internacional cree que fueron manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente buscan castigarlos por protestar.

 

La organización ha recibido reportes sobre ataques en estaciones nacionales y locales. Una granada fue encontrada en los locales de Radio America y se produjeron al menos  15 disparos en una estación de radio local, llevando subsecuentemente a su clausura. Muchos de los locutores parece que han cerrado por miedo a su seguridad. Otros, como el Canal 36, han cerrado por las fuerzas de seguridad y miembros militares se han reportado patrullando los locales.

 

Amnistía Internacional llamó a las autoridades a investigar estos ataques para asegurarse que los locutores puedan operar sin miedo a su propia seguridad.

 

“La restricción de la libertad de expresión solo aumentará la frustración y el miedo,” apuntó Kerrie Howard,  Directora Adjunta de Amnistía Internacional para las Américas.

 

“Los militares y la policía deben asegurar que cualquier uso de la fuerza es proporcional durante la aplicación de la ley, operaciones y de acuerdo con los estándares de la ONU. La gente debe de tener la libertar de protestar pacíficamente sin temor a ser apresados, tener cargos criminales u otras reprimendas,” señaló Kerrie Howard.

 

Amnistía Internacional, también teme  que el decreto presidencial, formalizando un Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, si se aplicaran sin razón, podrían abrir la puerta a otras violaciones de derechos humanos.

 

De acuerdo a la opinión de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, aún a pesar de sus circunstancias excepcionales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, a la integridad física; a no ser sujetos a torturas o a maltratos, así como a mejorar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho a habeas corpus.

 

La suspensión de algunas garantías, en particular la restricción de derechos al debido proceso, podría en algunos casos, llevar a violaciones de tratados sobre derechos humanos tanto regionales como internacionales en los cuales Honduras es partícipe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dejado claramente la regla que bajo ninguna circunstancia se permite la derogación del derecho a la vida, la integridad física, la libertad de consciencia y religión, protección de la familia o participación en el gobierno y a las garantías judiciales requeridas para la protección de estos derechos.