De esos días grises, cuando la muerte pesa mas.

Por: Elizabeth Palacios

No se en que momento decidí ser periodista. Quizá esto decepcione a algunos que creen que uno piensa demasiado las decisiones que determinaran el resto de la vida. Creo que, tal como pasa cuando uno encuentra al amor verdadero, el enamoramiento evoluciona sin darse cuenta hasta que ya se ha tatuado en la piel. Si, así es el amor que muchos sentimos por esta profesión.

Llámenme utópica, romántica o soñadora, ilusa también se vale, pero yo estoy convencida de que hacer periodismo es una forma de contribuir a hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Hace poco una colega muy respetable me dijo una gran verdad que, hoy mas que nunca retumba en mis oídos: el mejor periodista es aquel que esta vivo.

Y queremos estar vivos, pero haciendo esto que nos da la vida. Queremos ser periodistas porque esa es la manera en la que hemos elegido vivir. Hacer bien nuestro trabajo, con ética y responsabilidad social es el primer paso para mantenernos con vida pero muchas veces, los siguientes pasos que nos marca el camino se salen de nuestro control.

Y aunque a veces pareciera que nos acostumbramos a la muerte cotidiana que nos ha permeado en los últimos años la realidad es que, hay días como el pasado sábado y como hoy, que la muerte pesa mas.

Y de ninguna manera esto significa que hay decesos menos importantes que otros, no. Tal vez sea porque algunas muertes te hacen sentir su frío y fétido aliento en la nuca, porque están mas cerca, porque te hacen mirarte en un espejo y hacerte muchas preguntas que no tienen respuestas.

Porque te hacen desear que hubiera formulas para hacerlo mejor, porque te preguntas donde estuvo el error, porque muy en el fondo quieres saber si tu espejo hizo algo que tu, en un futuro no deseable, podrías evitar.

Y entonces reaccionas y te das cuenta de que este día, la muerte de tus colegas te ha robado un poco de tu propia vida. Que su muerte es una herida purulenta en el cuerpo del gran amor que te mueve, del amor por el periodismo.

Queremos ser periodistas y queremos ser los mejores… Pero los mejores solo pueden serlo si están vivos. Nos queremos vivos.

Nota: todo lo publicado en este espacio es a título estrictamente personal y no refleja la opinión o postura de ningún medio de comunicación o empresa con la cual la autora mantenga una relación laboral presente o pasada.

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El gélido y fétido aliento de la muerte

Por: Elizabeth Palacios*

Conocí a Javier Sicilia cuando la comunidad cultural de Cuernavaca me abrió sus brazos, una comunidad pequeña, amiga, solidaria, comprometida.

Escritor, analista, activista y poeta, pero sobre todo Javier ha sido siempre un hombre congruente, de firmes convicciones y principios intachables. Así, con esos valores y ejemplo de vida estoy segura que educó a Juan Francisco.

Por eso, porque lo sé de cierto, porque doy fe de que ante todo Javier es una buena persona, sostenido por la fe católica, la solidaridad, la ética y el pacifismo, por eso es que siento rabia cuando leo o escucho afirmaciones difamantes, tajantes, que pretenden manchar la memoria de su hijo.

Y se que, lamentablemente, Juan Francisco Sicilia no es el único joven que ha sido difamado en este paño sangriento en el que se ha convertido nuestro México.

Este dolor, esta rabia, la vi igualmente en los ojos del padre y la madre de Martín y Bryan, niños asesinados por el ejército en Tamaulipas.

Esta impotencia se ha reflejado en las protestas ciudadanas de amigos y familiares de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey y en los jóvenes masacrados en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez.

Pero la muerte de Juan Francisco me afectó de una manera distinta. Porque el dolor de mi amigo y maestro lo he sentido como propio. Porque me hizo sentir el gélido y fétido aliento de la muerte en la nuca, como si me estuviera diciendo al oído: “Estoy cerca… cada vez más cerca”.

No hablar de la muerte, no informar de la injusticia, no gritar para que acabe la impunidad no va a cambiar la realidad, o quizá si… La va a empeorar hasta que ese hedor y ese frío termine por trastocarnos, en lo más íntimo y lo más cercano, a todos, a todas.

Desde ayer que supe que Javier se encontraba fuera del país al momento del triste hallazgo del cuerpo de su hijo Juan Francisco no he podido dejar de pensar en su dolor. Javier ha estado viajando por muchas horas… ¿Que estará pensando? ¿Cómo lo estará viviendo?

Desde aquí le envío un mensaje de solidaridad y comparto sinceramente su profundo dolor. Sé que será su fe, su enorme fe en Dios que nunca negó ni le impidió ser un luchador social de izquierda, lo que lo mantendrá en pie, pero me duele pensar en este crimen atroz, sobretodo porque es en estos momentos que uno acepta que no se está nunca preparado para tanta muerte.

*Elizabeth Palacios es periodista y obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2005 en Morelos.

**Este texto fue publicado originalmente en http://www.pateandopiedras.com

 

Texto dedicado a un migrante no identificado (asesinado en San Fernando)

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Nada más alejado de lo que encontró un migrante centroamericano que, al pasar por México, perdió la vida en una de las masacres más terribles que haya registrado la historia reciente de México. Fue uno de los setenta y dos migrantes cuya ausencia hoy lloramos.


Este hombre, uno de los treinta cuyo nombre aún no conocemos, presuntamente murió a manos de grupos de la delincuencia organizada que usan la extorsión, el robo y el secuestro de migrantes para engrosar sus ejércitos de la muerte.¿Es eso responsabilidad del Estado mexicano? Sí, contundente y definitivamente sí lo es.

Los derechos que son relevantes para los migrantes surgen a partir del derecho internacional sobre derechos humanos, del derecho sobre trabajadores migrantes, y del derecho humanitario. Pero todas las personas migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades fundamentales e inalienables que son universalmente reconocidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, de la cual por supuesto México es signatario.

Mientras que algunos derechos humanos y libertades no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias limitadas, ser derogados, los derechos humanos fundamentales y las libertades nunca pueden ser suspendidos, por ejemplo, el derecho a la vida, y la libertad de la tortura. La masacre de San Fernando, en Tamaulipas ha demostrado que en México esta garantía no existe.

 

Hasta antes de hacerse pública la matanza de San Fernando, para las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación, los inmigrantes eran personas “ilegales”. La utilización de este término conduce a decir que los seres humanos en sí mismos son ilegales. Este calificativo demuestra una tendencia a la criminalización de la migración, haciendo pasar al migrante que entra en un territorio nacional sin sus papeles en regla, por un delincuente.

En México son numerosas las detenciones de migrantes por miembros de cuerpos sin facultad legal de hacerlas. El objetivo principal de estas detenciones es la extorsión, acompañada muchas veces por violencia, amenazas, agresiones sexuales y en los últimos años se han incrementado las historias de secuestro y muerte. Todo esto ocurre a lo largo del trayecto que recorren las y los migrantes centroamericanos por México, y todo pasa en medio de una situación de total impunidad y, muchas veces, complicidad de agentes del Estado mexicano. En 2008 la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos visitaron juzgados y centros de defensa de los derechos humanos en nuestro país, y no encontraron un solo caso de condena judicial por los abusos contra las personas migrantes.

La matanza de San Fernando no ha sido más que la punta del iceberg. Las violaciones y abusos contra de los derechos de las personas migrantes en México han sido una realidad quizá incluso peor que la que las personas migrantes mexicanas viven en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Arriaga, Chiapas cuando tratan de montarse en el tren que los lleva hacia la frontera con Estados Unidos, la empresa de ferrocarril contrata “garroteros”, es decir personal de seguridad que colabora con las fuerzas policiales para interceptar, golpear y detener a las personas indocumentadas. En el famoso operativo llamado “Relámpago” han fallecido muchas personas migrantes. Nadie ha sido castigado por estos crímenes. La terrible masacre de San Fernando dejó al desnudo la incoherencia del gobierno mexicano, que exige a los Estados Unidos un trato humanitario para su gente y al mismo tiempo violenta sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

Y en algo que podría considerarse el colmo de todas las violaciones a los derechos humanos nos encontramos las irregularidades y deficiencias que hacen que hoy, este texto, esté dedicado a un migrante desconocido. Él no era un desconocido, tenía una historia, un rostro, una familia, una vida. El Estado mexicano además de no haberle garantizado su derecho a la seguridad, a no ser víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tampoco ha sido capaz de garantizar su derecho a la identidad, nombre y nacionalidad. Cuando alguien muere la ley obliga a las autoridades a comunicar al consulado para la entrega del cuerpo, pero muchas veces las autoridades se deshacen de los documentos para evitarse los trámites burocráticos y los fallecidos son clasificados como NN (no identificados). Todos estos cuerpos son enterrados en fosas comunes. En el cementerio de Tapachula, Chiapas, por ejemplo, esta fosa común está debajo de un basurero. No informar a los familiares sobre donde está enterrada una persona, constituye una violación del artículo 7 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y puede ser clasificado como tortura. ¿Cuántos casos así habrá en México?

Pareciera que las autoridades mexicanas hubiesen sido “sorprendidas” por la matanza de San Fernando, pero no fue así. En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.

Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses era escalofriante y, sí, realmente lo es.

Así, la CIDH señaló que el Estado mexicano debía redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continuara reproduciendo. Nada hicieron, pasaron los meses y así llegó el 23 de agosto de 2010, un día que sacudió al mundo cuando salieron a la luz los horrores que ha permitido un Estado que se jacta de ser promotor y protector de los derechos humanos.

Tres semanas después de que el mundo conociera la tragedia de San Fernando, el Congreso de la Unión aprobó una reforma legal por la que se permitirá a los migrantes indocumentados presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos en México y les da garantías para recibir atención médica sin que sea revelada su situación migratoria. Nada más vergonzoso. ¿Por qué no habían hecho este trabajo antes? Era simplemente una modificación a la Ley General de Población, una reforma que quizá en algo habría ayudado para evitar la masacre.

La reforma establece que “no se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables”. Pero ¿es que acaso no eran suficientes los tratados internacionales firmados por México? Antes de la modificación, la ley sólo señalaba que los extranjeros podían realizar trámites siempre y cuando comprobaran su estancia legal en el país. Eso era ya una violación al derecho internacional de los derechos humanos. Una entre muchas violaciones que México comete día con día.

 

Publicación original: http://www.72migrantes.com/migranteSolo.php?id=58

 

Por tu derecho a saber y mi derecho a informar: ¡Alto a la impunidad! ¡No más agresiones contra periodistas en México!

México 4 de agosto de 2010

Comunicado

Para exigir un alto a la impunidad y las agresiones en su contra, l@s periodistas mexican@s han convocado a una manifestación abierta a la sociedad civil, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de agosto, a las 12 pm.

Inspirada por el lema Los Queremos Vivos, que acompañó la demanda de liberación de cuatro periodistas secuestrados el pasado 26 de julio, la manifestación partirá del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, entidad responsable de las garantías de libertad de expresión y derecho a la información.

Allí los periodistas demandarán, simbólicamente, seguridad el cumplimiento de su labor, intervención inmediata de las autoridades en los casos de agresiones pendientes de investigación y la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo.

Sólo en el primer semestre de este año, diez periodistas han sido asesinados, 11 siguen desaparecidos –entre ellos una mujer, María Esther Aguilar Casimbe– y se cuentan por lo menos 54 sucesos de violencia contra trabajadores de medios de 19 estados. Las víctimas: 64 periodistas y ocho medios de comunicación.

Hace apenas una semana, los periodistas mexicanos demandábamos la liberación de cuatro compañeros secuestrados en Gómez Palacio, Durango, bajo lema: Los queremos vivos (#losqueremosvivos). Y vivos devolvieron a Héctor Gordoa, Javier Canales, Alejandro Hernández y Oscar Solís. Sin embargo, el mismo jueves que el primero de ellos fue liberado, en Zacatecas a otro compañero lo sacaron de su casa, lo secuestraron, y ni su nombre sabemos.

La investigación de ese caso, dicen las autoridades de Zacatecas, está en curso. Abierta. Así como los cientos de agresiones y las decenas de asesinatos y desapariciones que se acumulan en los archivos de las procuradurías estatales y en la Fiscalía federal para Delitos contra Periodistas. Su número dependerá de la organización que lleva el recuento. Pero qué más da. La vida de los periodistas en estados como Chihuahua, ya ni siquiera es atractiva para las aseguradoras.

Así, desprovistos de cualquier tipo de seguridad, los reporteros, fotorreporteros, camarógrafos, entre otros trabajadores de los medios de comunicación, siguen cumpliendo con su labor, acatando la orden de trabajo aun cuando signifique riesgo para su persona. Y lo hay, comprobado está.

Hasta ahora, los periodistas han asumido en silencio el duelo de sus víctimas, pero la gravedad de los acontecimientos recientes, sus implicaciones para el periodismo y todavía más para los ciudadanos, nos animan a salir a la calle para demandar protección y responsabilidad compartida. Todos estamos obligados a aportar soluciones, desde la posición que le corresponde: como autoridad, como propietario o concesionario de un medio, como directivo, columnista, articulista, editoralista y, por supuesto, como periodistas.

Así conviene a todos frente a la amenaza de silencio, y ya no sólo violencia, que se extiende en amplias zonas del país, a causa de las agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones de compañeros de los estados, principalmente.

Porque está en riesgo tu derecho a saber y mi derecho a informar, los periodistas invitamos a toda los trabajadores de medios y a los ciudadanos, en general, a acompañar en esta protesta simbólica que exigirá la intervención inmediata de todos los responsables de garantizar la seguridad de los periodistas, el derecho a la inforamación y la libertad de expresión.

PORQUE LOS QUEREMOS VIVOS

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS

COMITÉ ORGANIZADOR

LOS QUEREMOS VIVOS

La violencia y el terror en Morelos: obra en tres actos

Elizabeth Palacios

Hasta hace no mucho tiempo la mayoría de los habitantes del centro del país escuchábamos -o incluso discutíamos- sobre el tema del narcotráfico como algo “que estaba duro en el norte”. Nos solidarizábamos con las tragedias relatadas diariamente en los medios de comunicación: homicidios perpetrados con una violencia demencial, mensajes amenazantes, guerras entre grupos de la delincuencia organizada, militarización sin resultados, policía corrupta y un sin fin de etcéteras. Pero he de reconocer que lo mirábamos como espectadores, como algo que no estaba cerca de nosotros. Para algunos era algo que ni siquiera sentían que les afectara (a pesar de que por supuesto afecta pues la ingobernabilidad y la falta de Estado de derecho nos afecta a todos y todas por igual).

 Hoy las cosas son muy diferentes. De acuerdo con información difundida en medios de comunicación de circulación nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó a Morelos en un informe presentado a la Secretaría de Gobernación (Segob) como uno de los cinco estados más peligrosos del país por las acciones del crimen organizado.

 Y para ganarse este nada honroso lugar no se necesitaron años, sólo un show mediático detonador que podría titularse: “La violencia y el terror en Morelos: obra en tres actos”, y que comenzó con la captura, asesinato y posterior exhibición dolosa de Arturo Beltrlán Leyva, “El Barbas”, líder del cártel que lleva su apellido y conocido por su poder en el centro y sur del país. Pero este espectáculo ha tenido varios actos, pongan atención:

 Primer acto: Al ritmo de Ramón Ayala

 Todo comenzó el 11 de diciembre de 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros ubicado a las afueras de Cuernavaca, rumbo a Tepoztlán. Una gran preposada se llevaba a cabo, amenizada ni más ni menos que el mismísimo Ramón Ayala, un músico que no cualquiera puede pagar. Pero el anfitrión sí podía. Y ¡cómo no iba a hacerlo! si era Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como “La Barbie” por poseer un físico que lo acerca más al prototipo del narcojunior de cuello blanco que al que realmente le corresponde: cabeza del brazo armado de uno de los cárteles más sanguinarios del país.

 La fiesta, repleta de “chicas buena onda” del más alto nivel que acompañaban a la crema y nata, es decir al narcojetset mexicano fue interrumpida por un operativo que no iba precisamente por La Barbie, sino por el “jefe de jefes”: Arturo Beltrán Leyva.

 Edgar Valdez Villareal quiso montarle una “última cena” digna de relato bíblico a su jefe pues se dice que “se los puso” en bandeja de plata  a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mexicanas. La contrainteligencia ganó y Beltrán Leyva no fue atrapado en ese operativo.

 Pero el montaje no fue en vano. La guerra del narcotráfico que tanto enorgullece al gobierno federal ganó uno más de los que Felipe Calderón llama “los menos” pues en el fuego cruzado de ese 11 de diciembre perdió la vida una persona inocente, situación por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos inició una queja que fue posteriormente remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la investigación correspondiente.

 Segundo acto: el que es buen marino hasta donde no hay mar navega

 La tarde del 16 de diciembre de 2009 parecía como cualquier otra en Cuernavaca. La sala de urgencias del hospital José G. Parres -el único nosocomio público operado por la secretaría de salud estatal en toda la ciudad de Cuernavaca, ese al que van los más pobres y vulnerables-  estaba como siempre, llena. Enfrente, el Hospital del Niño Morelense que, como su nombre lo dice, atiende especialidades pediátricas gracias al trabajo de una fundación asistencial en colaboración con el gobierno estatal. Sus labores también eran normales, nada parecía alterarse.

 La función comenzó poco después de las 4 de la tarde cuando arribaron a la zona elementos de la Armada de México (no del ejército, sino de la Marina) para realizar un operativo en el condominio de lujo Altitude, situado a escasa distancia de los hospitales mencionados, en una zona céntrica de Cuernavaca que no fue acordonada y donde el tráfico no fue detenido. La población civil no existía para ellos. No tienen nombre ni apellido, sólo son “daños colaterales” en su mentalidad guerrera. No pensaron en ellos… pero sí tuvieron tiempo para pensar en la mercadotecnia de su espectáculo pues horas antes  -de acuerdo al testimonio de una fuente que ha pedido el anonimato-, acudieron a las redacciones de los diarios más importantes del país (en la ciudad de México) para “invitar” con la amabilidad que caracteriza a las fuerzas armadas de este país, claro está, a algunos fotógrafos para que su actuación pasara a los anales de la historia.

 El resto es historia: balas… muchas, todas las que pudieron tirarse en tres horas de enfrentamiento. Pánico, incertidumbre, desconcierto, muerte y mucha sangre derramada pero finalmente, cual toreros cortaron rabo y orejas: Arturo Beltrán Leyva cayó muerto en el operativo. Por si alguien lo dudaba, elementos del ejército nuevamente “invitaron” a uno de los fotógrafos que llevaron a dar fe de la presa cazada. Así surgieron las polémicas fotos que muestran el cadáver del capo en condiciones degradantes que desataron el siguiente acto.

 


 

Pero antes, recapitulemos los “daños colaterales” de este operativo: el asesinato de otra persona civil que viajaba a bordo de su automóvil debido a un operativo donde irresponsablemente se expuso a la población morelense que además a partir de esa tarde ha perdido su tranquilidad, estabilidad y sobre todo la seguridad con la que se podía vivir en el estado. 
 

Tercer acto: la narcosicosis en medio del dejar hacer… dejar pasar 
 

Al morir Arturo Beltrán Leyva probablemente los ojos azules de Edgar Valdez brillaron. El camino parecía libre y La Barbie podría hacer honor a su alias y “vivir feliz para siempre”. Pero la vida no es un cuento de hadas, ni siquiera para las muñecas. Valdez Villareal no ha podido ocupar el trono anhelado porque alguien más decidió pelear por él. El escenario (o al menos el más visible) de esta batalla por el nuevo liderazgo del cartel de los Beltrán Leyva ha sido, desde el pasado mes de marzo, el estado de Morelos, principalmente la ciudad de Cuernavaca, que después de ser la ciudad de la eterna primavera hoy podría conocerse como “la ciudad de la diaria balacera”. 
 

            En marzo los periodistas comenzamos a contar muertos. Primero eran ataques focalizados en colonias determinadas. Actividades nocturnas. La ejecución de una pareja que viajaba a bordo de un automóvil que circulaba en pleno centro de Cuernavaca la noche del jueves santo incrementó el nerviosismo. Más balaceras. Narcomantas en pleno zócalo de Cuernavaca. Silencio del Estado. 
 

            Después vinieron las ejecuciones y comenzamos a perder la cuenta de las víctimas. Los rumores y el silencio de las autoridades propiciaron la desinformación. Hasta entonces, hasta que la gente entró en pánico, el gobierno estatal solicitó formalmente apoyo de fuerzas federales para frenar la ola de violencia. Un día antes en el sur del Estado lo único que elementos federales habían logrado fue intoxicar a un bebé de 4 meses por los gases lacrimógenos que usaron, a pesar de que los criminales no estaban en el lugar, el misterio es ¿a quién le aventaron los gases? 
 

            El siguiente paso ya fue el colmo. Los narcomensajes electrónicos que provocaron que los visitantes cautivos por años no llegaran y que la gente de Cuernavaca se encerrara en sus casas, víctima del pánico, una noche de viernes. Algo realmente excepcional en una ciudad con vocación turística conocida.

            ¿Alguna explicación pública?, ¿Algún mensaje a la ciudadanía? No. Por el contrario, las autoridades ordenaron cerrar temprano incluso en edificios públicos y dieron legitimidad al mensaje de los delincuentes, en lugar de cumplir sus obligaciones como Estado y garantizar el derecho al libre tránsito y a la seguridad personal de la ciudadanía. 
  
Como bien apuntó Javier Sicilia en un artículo publicado en Proceso el pasado 4 de mayo: “O bien, tenemos una clase política imbécil, rehén del crimen organizado y ajena a los ciudadanos, o el gobierno federal está utilizando a Morelos […] para medir la posibilidad de instalar realmente un estado de excepción en el país”. 
¿Quién decidirá el siguiente acto? 
Ese día, que pasará a la historia como “la noche de la narcosicosis”, yo decidí dejar de contar muertos y mirar desde otro ángulo lo que está ocurriendo en el estado de Morelos, una entidad donde además vive mucha de la gente que más quiero. Comencé a hablar con las personas comunes y corrientes. Basta de declaraciones oficiosas y narcomensajes sin sentido. Quería escuchar la voz de quienes han dejado de pasear con tranquilidad, de quienes han dejado de disfrutar sus casas de fin de semana, de aquellos que ya perdieron la cuenta de las veces que han tenido que responder las incómodas preguntas de los militares en los retenes. 
            La impresión que tengo después de tener conversaciones informales, en confianza, con conocidos y con desconocidos habitantes del estado es que, por un lado, hay un sector de la población que se siente seguro por la presencia de militares en la ciudad, hay otro que desde siempre ha manifestado su preocupación por esta medida y, peor aún, otro que ya comenzó a ser víctima de los conocidos abusos que el ejército comete en contra de quien “sospecha que puede entrar en el estereotipo de sospechoso”, como es el caso publicado hoy por un periódico de circulación nacional de un hombre que fue privado ilegalmente de su libertad por elementos del ejército mexicano y remitido al campamento que tienen en la colonia Acapantzingo, donde fue golpeado solamente porque “alguien” les dijo que era sospechoso. Por supuesto este hombre ha declarado que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, me permito recomendarle, que lo haga también ante la Comisión Nacional. 
Yo siempre me he encontrado en el segundo grupo. Formo parte de las personas que abiertamente hemos manifestado nuestra preocupación por el uso de las fuerzas militares en labores de seguridad pública. Reconozco la labor del ejército en otras tareas, como en los casos de desastres naturales donde su trabajo les ha valido el respeto de mucha gente, sin embargo, los soldados no han sido entrenados para realizar tareas policiacas. La protección de la sociedad civil no es su objetivo primordial. En una guerra, lo único que se quiere es eliminar al enemigo, cueste lo que cueste. Y ya estamos siendo testigos de que cuesta muy caro. ¿Cuántos muertos más se necesitan para dar marcha atrás a una guerra que beneficia sólo a los poderes fácticos?, ¿necesitan las autoridades un mensaje más claro o es que olvidan que su trabajo es servir a la ciudadanía?