El 19 de abril, 27 periodistas del estado de Morelos -al centro delpaís- recibieron un mensaje anónimo con amenazas que incluían información personal y de sus familias.
Siete de ellos, quienes pidieron su anonimato a CNN, trabajan en un diario local y decidieron presentar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos.
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Elizabeth Palacios
Hasta hace no mucho tiempo la mayoría de los habitantes del centro del país escuchábamos -o incluso discutíamos- sobre el tema del narcotráfico como algo «que estaba duro en el norte». Nos solidarizábamos con las tragedias relatadas diariamente en los medios de comunicación: homicidios perpetrados con una violencia demencial, mensajes amenazantes, guerras entre grupos de la delincuencia organizada, militarización sin resultados, policía corrupta y un sin fin de etcéteras. Pero he de reconocer que lo mirábamos como espectadores, como algo que no estaba cerca de nosotros. Para algunos era algo que ni siquiera sentían que les afectara (a pesar de que por supuesto afecta pues la ingobernabilidad y la falta de Estado de derecho nos afecta a todos y todas por igual).
Hoy las cosas son muy diferentes. De acuerdo con información difundida en medios de comunicación de circulación nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó a Morelos en un informe presentado a la Secretaría de Gobernación (Segob) como uno de los cinco estados más peligrosos del país por las acciones del crimen organizado.
Y para ganarse este nada honroso lugar no se necesitaron años, sólo un show mediático detonador que podría titularse: «La violencia y el terror en Morelos: obra en tres actos», y que comenzó con la captura, asesinato y posterior exhibición dolosa de Arturo Beltrlán Leyva, «El Barbas», líder del cártel que lleva su apellido y conocido por su poder en el centro y sur del país. Pero este espectáculo ha tenido varios actos, pongan atención:
Primer acto: Al ritmo de Ramón Ayala
Todo comenzó el 11 de diciembre de 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros ubicado a las afueras de Cuernavaca, rumbo a Tepoztlán. Una gran preposada se llevaba a cabo, amenizada ni más ni menos que el mismísimo Ramón Ayala, un músico que no cualquiera puede pagar. Pero el anfitrión sí podía. Y ¡cómo no iba a hacerlo! si era Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como «La Barbie» por poseer un físico que lo acerca más al prototipo del narcojunior de cuello blanco que al que realmente le corresponde: cabeza del brazo armado de uno de los cárteles más sanguinarios del país.
La fiesta, repleta de «chicas buena onda» del más alto nivel que acompañaban a la crema y nata, es decir al narcojetset mexicano fue interrumpida por un operativo que no iba precisamente por La Barbie, sino por el «jefe de jefes»: Arturo Beltrán Leyva.
Edgar Valdez Villareal quiso montarle una «última cena» digna de relato bíblico a su jefe pues se dice que «se los puso» en bandeja de plata a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mexicanas. La contrainteligencia ganó y Beltrán Leyva no fue atrapado en ese operativo.
Pero el montaje no fue en vano. La guerra del narcotráfico que tanto enorgullece al gobierno federal ganó uno más de los que Felipe Calderón llama «los menos» pues en el fuego cruzado de ese 11 de diciembre perdió la vida una persona inocente, situación por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos inició una queja que fue posteriormente remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la investigación correspondiente.
Segundo acto: el que es buen marino hasta donde no hay mar navega
La tarde del 16 de diciembre de 2009 parecía como cualquier otra en Cuernavaca. La sala de urgencias del hospital José G. Parres -el único nosocomio público operado por la secretaría de salud estatal en toda la ciudad de Cuernavaca, ese al que van los más pobres y vulnerables- estaba como siempre, llena. Enfrente, el Hospital del Niño Morelense que, como su nombre lo dice, atiende especialidades pediátricas gracias al trabajo de una fundación asistencial en colaboración con el gobierno estatal. Sus labores también eran normales, nada parecía alterarse.
La función comenzó poco después de las 4 de la tarde cuando arribaron a la zona elementos de la Armada de México (no del ejército, sino de la Marina) para realizar un operativo en el condominio de lujo Altitude, situado a escasa distancia de los hospitales mencionados, en una zona céntrica de Cuernavaca que no fue acordonada y donde el tráfico no fue detenido. La población civil no existía para ellos. No tienen nombre ni apellido, sólo son «daños colaterales» en su mentalidad guerrera. No pensaron en ellos… pero sí tuvieron tiempo para pensar en la mercadotecnia de su espectáculo pues horas antes -de acuerdo al testimonio de una fuente que ha pedido el anonimato-, acudieron a las redacciones de los diarios más importantes del país (en la ciudad de México) para «invitar» con la amabilidad que caracteriza a las fuerzas armadas de este país, claro está, a algunos fotógrafos para que su actuación pasara a los anales de la historia.
El resto es historia: balas… muchas, todas las que pudieron tirarse en tres horas de enfrentamiento. Pánico, incertidumbre, desconcierto, muerte y mucha sangre derramada pero finalmente, cual toreros cortaron rabo y orejas: Arturo Beltrán Leyva cayó muerto en el operativo. Por si alguien lo dudaba, elementos del ejército nuevamente «invitaron» a uno de los fotógrafos que llevaron a dar fe de la presa cazada. Así surgieron las polémicas fotos que muestran el cadáver del capo en condiciones degradantes que desataron el siguiente acto.
Pero antes, recapitulemos los «daños colaterales» de este operativo: el asesinato de otra persona civil que viajaba a bordo de su automóvil debido a un operativo donde irresponsablemente se expuso a la población morelense que además a partir de esa tarde ha perdido su tranquilidad, estabilidad y sobre todo la seguridad con la que se podía vivir en el estado.
Tercer acto: la narcosicosis en medio del dejar hacer… dejar pasar
Al morir Arturo Beltrán Leyva probablemente los ojos azules de Edgar Valdez brillaron. El camino parecía libre y La Barbie podría hacer honor a su alias y “vivir feliz para siempre”. Pero la vida no es un cuento de hadas, ni siquiera para las muñecas. Valdez Villareal no ha podido ocupar el trono anhelado porque alguien más decidió pelear por él. El escenario (o al menos el más visible) de esta batalla por el nuevo liderazgo del cartel de los Beltrán Leyva ha sido, desde el pasado mes de marzo, el estado de Morelos, principalmente la ciudad de Cuernavaca, que después de ser la ciudad de la eterna primavera hoy podría conocerse como “la ciudad de la diaria balacera”.
En marzo los periodistas comenzamos a contar muertos. Primero eran ataques focalizados en colonias determinadas. Actividades nocturnas. La ejecución de una pareja que viajaba a bordo de un automóvil que circulaba en pleno centro de Cuernavaca la noche del jueves santo incrementó el nerviosismo. Más balaceras. Narcomantas en pleno zócalo de Cuernavaca. Silencio del Estado.
Después vinieron las ejecuciones y comenzamos a perder la cuenta de las víctimas. Los rumores y el silencio de las autoridades propiciaron la desinformación. Hasta entonces, hasta que la gente entró en pánico, el gobierno estatal solicitó formalmente apoyo de fuerzas federales para frenar la ola de violencia. Un día antes en el sur del Estado lo único que elementos federales habían logrado fue intoxicar a un bebé de 4 meses por los gases lacrimógenos que usaron, a pesar de que los criminales no estaban en el lugar, el misterio es ¿a quién le aventaron los gases?
El siguiente paso ya fue el colmo. Los narcomensajes electrónicos que provocaron que los visitantes cautivos por años no llegaran y que la gente de Cuernavaca se encerrara en sus casas, víctima del pánico, una noche de viernes. Algo realmente excepcional en una ciudad con vocación turística conocida.
¿Alguna explicación pública?, ¿Algún mensaje a la ciudadanía? No. Por el contrario, las autoridades ordenaron cerrar temprano incluso en edificios públicos y dieron legitimidad al mensaje de los delincuentes, en lugar de cumplir sus obligaciones como Estado y garantizar el derecho al libre tránsito y a la seguridad personal de la ciudadanía.
Como bien apuntó Javier Sicilia en un artículo publicado en Proceso el pasado 4 de mayo: “O bien, tenemos una clase política imbécil, rehén del crimen organizado y ajena a los ciudadanos, o el gobierno federal está utilizando a Morelos […] para medir la posibilidad de instalar realmente un estado de excepción en el país”.
¿Quién decidirá el siguiente acto?
Ese día, que pasará a la historia como “la noche de la narcosicosis”, yo decidí dejar de contar muertos y mirar desde otro ángulo lo que está ocurriendo en el estado de Morelos, una entidad donde además vive mucha de la gente que más quiero. Comencé a hablar con las personas comunes y corrientes. Basta de declaraciones oficiosas y narcomensajes sin sentido. Quería escuchar la voz de quienes han dejado de pasear con tranquilidad, de quienes han dejado de disfrutar sus casas de fin de semana, de aquellos que ya perdieron la cuenta de las veces que han tenido que responder las incómodas preguntas de los militares en los retenes.
La impresión que tengo después de tener conversaciones informales, en confianza, con conocidos y con desconocidos habitantes del estado es que, por un lado, hay un sector de la población que se siente seguro por la presencia de militares en la ciudad, hay otro que desde siempre ha manifestado su preocupación por esta medida y, peor aún, otro que ya comenzó a ser víctima de los conocidos abusos que el ejército comete en contra de quien “sospecha que puede entrar en el estereotipo de sospechoso”, como es el caso publicado hoy por un periódico de circulación nacional de un hombre que fue privado ilegalmente de su libertad por elementos del ejército mexicano y remitido al campamento que tienen en la colonia Acapantzingo, donde fue golpeado solamente porque “alguien” les dijo que era sospechoso. Por supuesto este hombre ha declarado que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, me permito recomendarle, que lo haga también ante la Comisión Nacional.
Yo siempre me he encontrado en el segundo grupo. Formo parte de las personas que abiertamente hemos manifestado nuestra preocupación por el uso de las fuerzas militares en labores de seguridad pública. Reconozco la labor del ejército en otras tareas, como en los casos de desastres naturales donde su trabajo les ha valido el respeto de mucha gente, sin embargo, los soldados no han sido entrenados para realizar tareas policiacas. La protección de la sociedad civil no es su objetivo primordial. En una guerra, lo único que se quiere es eliminar al enemigo, cueste lo que cueste. Y ya estamos siendo testigos de que cuesta muy caro. ¿Cuántos muertos más se necesitan para dar marcha atrás a una guerra que beneficia sólo a los poderes fácticos?, ¿necesitan las autoridades un mensaje más claro o es que olvidan que su trabajo es servir a la ciudadanía?
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