El crimen de odio: la cara más brutal de la discriminación

Por: Elizabeth Palacios

Los crímenes de odio por preferencia u orientación sexual y por expresión o identidad de género son la cara más brutal de la discriminación que viven día con día las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgenéricas y travestistas (LGBT). Los asesinatos permanecen ocultos como homicidios simples o calificados como “pasionales” sin que la discriminación sea considerada como un elemento en la investigación.

En México no existen cifras oficiales sobre estos delitos pero la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia ha sido fundamental para la visibilización de este fenómeno, particularmente en el centro del país, haciendo censos a partir de las notas publicadas en los medios de comunicación sobre los asesinatos a personas LGBT. De acuerdo con el Informe Anual de Crímenes por Homofobia 2005/2006, publicado por Letra S, México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a asesinatos por homofobia pues fueron registrados 420 de 1995 a 2006.

Según esta fuente, por cada homicidio denunciado, dos no llegan a oídos de las autoridades, por lo cual, se estima que la cifra podría elevarse a 1 260 asesinatos de este tipo. Existen casos especiales y reveladores que han ocurrido en los últimos años: Octavio Acuña fue asesinado el 21 de junio del 2005 en la ciudad de Querétaro, su cadáver fue encontrado desangrado en el suelo con seis puñaladas mortales; Jaime Javier López, conocido como Vanesa, fue hallado muerto el 20 de junio del mismo año en el municipio de Villa Álvarez, Colima, en medio de un charco de sangre y con varias heridas de arma blanca en el pecho, abdomen, cuello, tórax y el rostro, prácticamente desfigurado. En los dos casos, las víctimas habían presentado quejas contra policías de sus estados.

Emilio Zúñiga Mendoza, de 13 de años de edad, fue encontrado sin vida el 7 de marzo de 2006 a las afueras de Azoyú, Guerrero; su cuerpo estaba boca abajo, con la cabeza completamente aplastada por piedras. Él no tenía hogar y se prostituía; Rosendo Fidencio fue ahorcado y envuelto en varias cobijas en Los Reyes La Paz, Estado de México, el 29 de marzo de 2006. Junto al cadáver se encontraba un recado que decía «no queremos gays»; José Ernesto Leal López, activista por los derechos de los homosexuales en Matamoros, Tamaulipas, fue golpeado, apuñalado en ocho ocasiones y degollado en enero de 2007.

Por definición los crímenes de odio se caracterizan por la saña con que son cometidos, lo que refleja la necesidad psicológica del asesino, no sólo de causar daño a su víctima, sino de castigarle hasta el exterminio. Leal López, igual que los demás, no fue víctima de robo, en cambio, sí había hecho gestiones a favor de gays y lesbianas del estado, lo que presumiblemente pudo causar su muerte. En octubre de 2008, el presunto asesino de José Ernesto fue declarado inocente y liberado luego de 19 meses de estar preso purgando una condena de 12 años de cárcel.

Los pendientes del Estado mexicano

El Estado mexicano tiene dos importantes deudas con los derechos de las personas LGBT y con el combate a este tipo de crímenes: las y los legisladores locales y federales deben hacer las reformas necesarias para la tipificación de los crímenes de odio por orientación o preferencia sexual y por expresión o identidad de género, mientras que el Ejecutivo federal debe cumplir con su obligación de decretar el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que desde el 21 de noviembre de 2006, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó –a la fecha, el Poder Legislativo ha enviado dos exhortos al Ejecutivo federal, pero hasta el cierre de esta edición no se ha emitido decreto alguno–. En relación a la tipificación del delito de crimen de odio, el mes pasado este avance se dio en la legislación colombiana, país donde se incrementaron los asesinatos a personas LGBT recientemente, pero ¿qué representaría la tipificación de este delito en México?

Rodolfo Millán Dena, abogado de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, explicó en entrevista que definir el delito es fundamental para la visibilización y, por supuesto, para combatir la impunidad. Tras años de cabildeo ya existe una iniciativa, presentada por el Partido Socialdemócrata, pero Millán afirma que ésta no fue resultado de un trabajo conjunto y que puede mejorarse, sobre todo en reformular las definiciones que en ella se incluyen. Esta iniciativa pretende reformar los artículos 125 y 139 del código penal vigente para el Distrito Federal, relacionados con el crimen, e incluir un artículo, el 125 bis, preludio a una tipificación de los crímenes de odio, y que señala: “El que prive de la vida a una persona por su sexo, edad, preferencia sexual, identidad genérica, pertenencia étnica o religión, se le impondrá prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio”.

Mientras los crímenes de odio no estén tipificados en la normatividad seguirán siendo encasillados como crímenes pasionales lo que, a juicio de Rodolfo Millán, contribuye a la invisibilización, culpabiliza a la víctima e incluso justifica socialmente la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT. Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto trabaje a favor de la no discriminación y en contra del estigma asociado a la disidencia sexual. El abogado reconoció que un importante logro ha sido la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal pues legitima socialmente la existencia de relaciones homosexuales o lésbicas, y demuestra que las leyes sí pueden contribuir al cambio cultural que se necesita para avanzar hacia la tolerancia y el pleno ejercicio de los derechos humanos. El especialista asegura que tipificar los crímenes de odio es el paso siguiente pues el Estado debe ser firme en el combate a la discriminación y el estigma, sobre todo porque nadie puede negarse a la aplicación de la justicia y a la defensa del derecho a la vida por encima de todo, ni siquiera los sectores más reaccionarios.

Dejar la patria: la migración forzada de personas LGBT

Y como reza un dicho popular… “mientras son peras o son manzanas” en México está más que demostrado que la homofobia mata, por ello muchas personas LGBT ven en la migración forzada la única posibilidad de vivir plenamente, sin el estigma que los persigue en su patria. El diario La Presse, de Canadá, reveló el mes pasado que un número considerable de personas que solicitan asilo al gobierno canadiense provienen de México y Nigeria, la mayoría son homosexuales en espera de obtener el estatus de refugiados. William Leclerc, reportero de La Presse, indicó que tras una solicitud al sistema de transparencia de información del gobierno de Canadá sobre la cantidad de personas que solicitan asilo, las cifras pusieron a México a la cabeza de la lista con 9 465 solicitudes. Cabe señalar que en 1993 Canadá reconoció a la homosexualidad como un motivo para obtener asilo político, puesto que los demandantes se conciben como perseguidos por el hecho de pertenecer a una minoría social. Así, las minorías sexuales se sumaron a aquellas que están con riesgo de sufrir tortura, actos violentos, o ser asesinados por motivos de raza, religión, ideología política o nacionalidad. La documentación de la persecución, la violencia y particularmente de los crímenes de odio por homofobia ha sido fundamental para que el gobierno canadiense brinde apoyo a personas mexicanas que han solicitado el estatus de refugiados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género, afirma que las principales denuncias de discriminación y violencia hacia las personas LGBT en la ciudad de México se dirigen contra agentes de seguridad pública y procuración de justicia, quienes las hostigan, maltratan o detienen arbitrariamente, vulnerando su derecho a la libertad personal y su seguridad jurídica. Pero no podemos olvidar que el Estado también tiene una responsabilidad por omisión, y debe cumplir los pendientes que tiene en materia legislativa y de políticas públicas para erradicar la discriminación, acabar con el estigma y ver por el interés superior de las víctimas. No basta empuñar el arma homicida para ser un criminal, voltear la mirada nos convierte, a todos y todas, en cómplices de la impunidad.