LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS DEBEN RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Las protestas se han ido incrementando en Honduras con reportes sobre manifestantes golpeados. Una  manifestante de 19 años de edad, Isis Obed Murillo, murió de heridas de bala el domingo.

Amnistía Internacional llama a las autoridades hondureñas a asegurar inmediatamente que el ejercicio militar y policiaco sea contenido durante las protestas. La organización ha dicho que sólo deben usar armas de fuego como el último recurso y cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida.  

 

“Los militares y la policía deben respetar los derechos humanos y asegurar que cualquier uso de la fuerza será proporcional, durante las operaciones para reforzar  la ley y que debe de ser de acuerdo con los estándares de las Naciones Unidas,” explicó Kerrie Howard de Amnistía Internacional. “Se le debe permitir a la gente protestar pacíficamente sin miedo a ser lastimados o a ser injustamente encarcelados.”

 

En un reporte, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en El Progreso. Amnistía Internacional dijo que la organización cree que eran manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente están destinados para castigarlos por sus protestas.

Reportes recientes sugieren que los periodistas encargados de cubrir las protestas han sido intimidados. Amnistía Internacional también ha recibido reportes de ataques en estaciones de radio locales y nacionales.

 

Una granada fue encontrada en el edificio de Radio América y al menos 15 detonaciones fueron disparadas en una estación de radio local, lo que subsecuentemente provocó su clausura. Algunas emisoras de radiodifusión han tenido que cerrar, aparentemente, por miedo a su seguridad.

Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades a investigar estos ataques y a asegurar que las emisoras de radio y periodistas podrán operar abiertamente y de forma segura sin miedo a represalias.

“La forzada destitución del Presidente Zelaya ha dejado a los derechos humanos y al Estado de Derecho en un grave peligro,” aseguró Kerri Howard. “Amnistía Internacional pide porque el Presidente hondureño Manuel Zelaya, pueda regresar a Honduras inmediatamente, sin condiciones y de manera segura.”

 

“Amnistía Internacional también cree que el reciente decreto presidencial, formalizando el Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, puede, si es aplicado sin razón alguna, abrir la puerta a futuras violaciones de derechos humanos.”

De acuerdo a la Opinión Consultiva de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, sin importar sus circunstancias especiales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, la integridad física, a no ser sujetos de tortura o maltrato, y a reforzar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho de habeas corpus.

El Presidente Manuel Zelaya fue detenido el 28 de junio por los militares hondureños y fue forzado al exilio. Las autoridades han rechazado el permiso del Presidente Zelaya para regresar a Honduras y se le negó la entrada a su avión en el aeropuerto de Tegucigalpa el 5 de julio.

 

Ha habido disturbios generalizados en el país desde el golpe, con frecuentes enfrentamientos entre los militares y los manifestantes civiles. La asamblea regional de naciones, la Organización de Estados Americanos, ha expulsado a Honduras como consecuencia del golpe y la negativa de quienes están en el poder para comprometerse en iniciativas políticas para buscar una solución a la crisis.

El desplazamiento forzado del Presidente Zelaya y su expulsión del país ha provocado una condena generalizada internacional de los líderes mundiales, y han sido testigos del retiro de los representantes diplomáticos de la Unión Europea de Tegucigalpa, la capital.

 

HONDURAS: INTIMIDACIONES A PERIODISTAS Y MANIFESTANTES EN AUMENTO.

 

Amnistía Internacional denunció un aumento en los abusos a los derechos humanos en Honduras e insta a las fuerzas de seguridad a respetar las leyes y los derechos humanos cuando el Presidente regrese a Honduras el fin de semana.

 

Reportes recientes sugirieren que los periodistas que han publicado nuevas historias sobre la crisis o han cubierto el asunto de las protestas y han tratado sobre las detenciones, han sido intimidados. Fiscales también han reportado amenazas como resultado de  sus intentos de verificar los abusos a los derechos humanos durante las protestas.

 

En otro caso, seis manifestantes fueron arrestados y liberados condicionalmente bajo cargos de rebelión en “El Progreso”. Amnistía Internacional cree que fueron manifestantes pacíficos y que los cargos en su contra solamente buscan castigarlos por protestar.

 

La organización ha recibido reportes sobre ataques en estaciones nacionales y locales. Una granada fue encontrada en los locales de Radio America y se produjeron al menos  15 disparos en una estación de radio local, llevando subsecuentemente a su clausura. Muchos de los locutores parece que han cerrado por miedo a su seguridad. Otros, como el Canal 36, han cerrado por las fuerzas de seguridad y miembros militares se han reportado patrullando los locales.

 

Amnistía Internacional llamó a las autoridades a investigar estos ataques para asegurarse que los locutores puedan operar sin miedo a su propia seguridad.

 

“La restricción de la libertad de expresión solo aumentará la frustración y el miedo,” apuntó Kerrie Howard,  Directora Adjunta de Amnistía Internacional para las Américas.

 

“Los militares y la policía deben asegurar que cualquier uso de la fuerza es proporcional durante la aplicación de la ley, operaciones y de acuerdo con los estándares de la ONU. La gente debe de tener la libertar de protestar pacíficamente sin temor a ser apresados, tener cargos criminales u otras reprimendas,” señaló Kerrie Howard.

 

Amnistía Internacional, también teme  que el decreto presidencial, formalizando un Estado de Emergencia, que incluye un toque de queda y la suspensión de algunas de las garantías individuales y libertades, si se aplicaran sin razón, podrían abrir la puerta a otras violaciones de derechos humanos.

 

De acuerdo a la opinión de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, aún a pesar de sus circunstancias excepcionales, el estado de Honduras permanece bajo la obligación estricta de proteger el derecho a la vida, a la integridad física; a no ser sujetos a torturas o a maltratos, así como a mejorar las garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos, en particular el derecho a habeas corpus.

 

La suspensión de algunas garantías, en particular la restricción de derechos al debido proceso, podría en algunos casos, llevar a violaciones de tratados sobre derechos humanos tanto regionales como internacionales en los cuales Honduras es partícipe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dejado claramente la regla que bajo ninguna circunstancia se permite la derogación del derecho a la vida, la integridad física, la libertad de consciencia y religión, protección de la familia o participación en el gobierno y a las garantías judiciales requeridas para la protección de estos derechos.

La pobreza no es inevitable.

Por: Elizabeth Palacios

 

<<Exige dignidad>> es la nueva campaña que Amnistía Internacional (AI) Sección México presentó esta mañana en la sede del Club de Periodistas de México, con ella se busca que la población tome conciencia de que la pobreza no es algo inevitable y que si los Estados invirtieran en derechos humanos, ésta se reduciría.

 

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México recordó que hace ya casi 50 años, Amnistía Internacional nació con la consigna de liberar a las y los prisioneros de conciencia; individuos que permanecían encarcelados por la expresión de sus ideas, por la manifestación de su identidad o por el ejercicio de alguno de sus derechos.

Señaló que durante todo este tiempo, la organización civil ha visto, escuchado y sentido las historias contadas una y otra vez por sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Han dado voz a  aquellas mujeres abusadas sexualmente en medio de un conflicto armado, a comunidades indígenas privadas de sus tierras ancestrales en aras de un desarrollo que ni pidieron y que, la mayoría de las veces, ni les beneficia, a las y los jóvenes iraníes que han muerto a manos del Estado a través de una injustificable condena a pena de muerte, a los niños ugandeses convertidos en soldados para matar a temprana edad, a los estudiantes asesinados en una plaza pública con el único objetivo de acallar su voz, a las defensoras y defensores de derechos humanos que han tenido que optar entre salvaguardar su vida y continuar levantando la voz para exigir dignidad.

Por eso hoy, reiterando el compromiso que la organización ha mostrado a lo largo de su historia, Amnistía Internacional está convencida de que detrás de todas estas historias se encuentra la experiencia de la desposesión, de la falta de voz, de la inseguridad, de la injusticia y de la privación, en una palabra: de la pobreza.

Herrera Aragón dijo que en la actualidad, al menos dos tercios de la población mundial, carece de un acceso significativo a la justicia; miles de mujeres en edad de procrear mueren año con año por falta de atención obstétrica; comunidades enteras sufren desalojos forzosos o viven en condiciones de extrema marginalidad. 

Al mismo tiempo, y  con el pretexto de un desarrollo económico que no ha reducido la enorme brecha de desigualdad social que aqueja severamente a América Latina, se han atendido políticas públicas recomendadas por instituciones financieras internacionales que promueven un Estado mínimo, en el que los gobiernos han suprimido sus responsabilidades internacionales en materia de derechos económicos y sociales.

Por ello, Amnistía Internacional afirma en esta campaña que la historia de las violaciones graves a los derechos humanos es también la historia de la pobreza; una historia del desprecio a la dignidad humana.

A través de esta campaña, AI busca proponer una manera distinta de entender la pobreza. «No como algo inevitable, natural ni autoinfigido, sino como el resultado de decisiones que personas toman sobre otras personas», aseguró el director ejecutivo de la organización en México.

Así, AI exigirá que gobiernos, empresas, instituciones financieras internacionales e individuos rindan cuentas por los abusos a los derechos humanos que mantienen a la gente sumida en la pobreza; fortalecerá sus vínculos con organizaciones y movimientos sociales de base para amplificar sus voces y ayudar a llevarlas a los espacios de toma de decisiones.

Si quiere conocer más sobre esta campaña, visite el sitio  http://www.exigedignidad.org/ , donde se ofrecen distintas alternativas de acción para activistas que desean ayudar a proponer un debate distinto sobre la pobreza, desde una perspectiva de derechos humanos.

«Hace 50 años Amnistía Internacional comenzó a trabajar por la liberación de las y los prisioneros de conciencia. Hoy, Amnistía Internacional alza su voz  denunciar otra prisión que, a pesar de ser invisible, significa una catástrofe de derechos humanos: la prisión de la pobreza», concluyó Alberto Herrera, no sin antes decir que, hoy Amnistía Internacional exige dignidad.